Cuando la deuda crece más rápido que la creación de riqueza nacional y que los ingresos del trabajo, es porque hay algo que no está operando bien. Si tomamos a los hogares como un agente sistémico relevante, se puede considerar a la deuda como un factor estructural permanente, que tiene una tendencia al crecimiento de la misma por sobre el crecimiento del país y los salarios, y con diferencias relevantes, dada la enorme desigualdad del país. Mientras la carga financiera de los hogares más pobres obedece mayormente a deuda con el retail y deuda de consumo básico, para los hogares más ricos es con los bancos y deudas asociadas a aumento de patrimonio, ya sea hipotecaria y/o automotriz. En ambos, la deuda opera como un complemento de ingresos, que permiten suavizar el consumo y no tener shock de gastos muy grandes. Pero, a su vez, opera como una estratificación que permite obtener beneficios financieros a las instituciones oferentes de crédito y como un disciplinador fundamental para gobernar mercantilizando la vida doméstica de los hogares.
Desde el punto de vista de los hogares, el disciplinamiento opera de forma sistémica mediante dos grandes mecanismos fundamentales: a) la contención salarial del trabajo y b) la mercantilización de derechos sociales. La contención salarial del trabajo opera manteniendo una política salarial a la baja, tanto por medio de un salario mínimo que no cubre las necesidades básicas de los hogares, así como por un marco de relaciones laborales asimétricas y restrictivas para el poder de negociación colectivo de los trabajadores. De esta forma, el disciplinamiento es económico, por contención salarial, y político, por la asimetría de poder impuesta por el marco regulatorio de las relaciones laborales.
Un trabajador o trabajadora con deuda, no solo intentará no sacrificar su trabajo para poder pagar la deuda, sino que intentará que los escasos beneficios que le pueda reportar el organizarse colectivamente, sean para cubrir la deuda que la aqueja todas las noches. De este modo, se desnaturaliza la participación activa de la vida en sociedad, en virtud de la privatización del comportamiento para poder solventar la deuda. La mercantilización de derechos sociales, sobre todo en Educación, Pensiones, Salud y Vivienda, ha permitido no solo el cobro por servicios públicos asociados. Por, sobre todo, ha sido el mismo Estado el que ha “creado mercados” muy fructíferos que permiten lucrar a los empresarios a partir de la reproducción social de la población, ya no solo sobre los aspectos productivos, como lo podría ser en el mundo del trabajo.
El caso de la Educación es patente, cerca de $1,6 billones han sido “traspasados” por el Estado a la banca por concepto de recompra (a diciembre de 2015), que equivale a un 48% de todos los créditos entregados por dicha banca y un recargo de $453 mil millones, que corresponde al 27,4% promedio por institución bancaria. Y cerca del 67% de los recursos totales entregados por CAE entre 2006 y 2015 se concentran en cuatro grupos educacionales, más las universidades investigadas por lucro, todos del sector privado, provocando inseguridad financiera en los hogares. El estudiante no está sujeto a derechos sociales, está sujeto a una relación comercial con la banca. Ya no es un estudiante, es un deudor o moroso. Según la Universidad San Sebastián, a partir de los datos de Dicom-Equifax, los morosos entre 18 y 29 años han aumentado un 21,3% entre diciembre 2015 y 2016.
Otro caso patente es el sistema de pensiones, que no fue hecho para pagar pensiones. En él, 86 de cada 100 hombres reciben menos de $158.832 por pensiones de vejez bajo retiro programado, mientras que 94 de cada 100 mujeres reciben menos del mismo monto. Dadas las bajas pensiones entre diciembre 2013 y 2016, los morosos que viven del Pilar Básico Solidario han aumentado en un 93%. Y la proporción de la deuda morosa para los mayores de 70 años es de 2,1 veces sus ingresos autónomos totales del hogar para diciembre de 2016 (según U. San Sebastián – Dicom Equifax]. Por otra parte, los fondos de pensiones operan como un mercado enorme, hay US$180.000 millones que manejan las AFP, lo que equivale a 71,5% del PIB de Chile. Mientras que las Compañías de Seguro, que pagan pensiones vitalicias, manejan cerca de US$50.000 millones adicionales, lo que equivale a 20% del PIB, por lo tanto, el mercado de las pensiones equivale al 91,5% del PIB chileno.
Cuando el 76,1% de los morosos en Chile corresponde a personas con ingresos inferiores a $500 mil mensuales (Según U. San Sebastián – Dicom Equifax, diciembre de 2016), es relevante cuestionar la naturalidad de la deuda. Sobre todo, si se sostiene en derechos sociales productivos y reproductivos que han sido utilizados para disciplinar, gobernar y enriquecer a una pequeña élite de “acreedores”, que se han servido del Estado para generar mercados artificiales a partir de la simple reproducción del hogar: ganancias por comer, vestirse, educarse, por recuperarse de una enfermedad, por recrearse juntos a los amigos, para descansar luego de una vida de trabajo. Al acercarnos a un nuevo 1 de mayo, es necesario replantearse el papel que juegan los hogares que viven del trabajo en esta jaula de hierro que exprime a los hogares por el solo hecho de existir. La deuda es la punta del iceberg de una expropiación financiera que se reproduce a gran escala.
