La privatización de empresas durante la Dictadura Cívico-Militar de Augusto Pinochet, provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación, que incluyen las empresas de agua potable y la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA por la que el grupo estatal ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ni la entrega del control y propiedad con contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles; las carreteras; las cárceles y otras realizadas en los distintos gobiernos de la Concertación.
Lo que el documento si concluyó, fue que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. Apenas el 20% de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura.
El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares. Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy «sano» para él.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido de Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador. En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado presidente de Azul Azul, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.
La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares. En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno.
El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El ex-presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco. El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’. Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron «legales“, no fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.
La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.
Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones. Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas’.
Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad. “La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio»
