Hace poco más de una semana el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, dijo: “Hoy hemos dado un gran paso para que los chilenos puedan acceder a una televisión de calidad y en alta definición”. Esta frase, pronunciada para el bronce, suponía la superación de una intensa, pero muy discreta, incluso silenciosa, tramitación del Proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre, que llevaría al país a saltar definitivamente la barrera analógica. El problema está precisamente en la supuesta “televisión de calidad” que la ley supone consagrar, porque cuando se habla de calidad no se está hablando sólo de “calidad de la imagen”, sino también de calidad de los programas y contenido que esta iniciativa digital podría incorporar.
En este sentido, algunos expertos sostienen que la normativa, aprobada recientemente por la comisión mixta, constituye una farsa. La causa de esta sensación de abatimiento, reside en que la nueva normativa no impulsaría de modo efectivo el desarrollo de una industria audiovisual orientada a los contenidos culturales, educativos y regionales en un país con graves déficits en estas materias. Tampoco cautelaría la integridad de los medios locales o comunitarios que, a duras penas, logran subsistir en la actualidad, fagocitados por los que están arriba en la cadena alimenticia; televisoras que se verán enfrentadas inexorablemente a su extinción. “Se ha visto en este proyecto una tremenda posibilidad de negocio, pero al costo de sacrificar al cardumen. En el fondo se acentuará el desequilibrio ecológico en el sistema televisivo”, dice la investigadora Chiara Sáez, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, integrante de la Mesa de Televisión Digital y Ciudadanía.
A diferencia de lo observado en otros países de la región, el elemento cultural-educativo brilla por su ausencia, sostiene la académica. Una agravante si consideramos que Chile está en la retaguardia en televisión digital no sólo a nivel global, sino que latinoamericano. “Se genera la posibilidad de una concesión en materia cultural, pero esta no va a ser pública. Entonces esa concesión la puede tomar cualquier persona, cualquier sector, quedando todo bajo la lógica del mejor postor. Y no necesariamente será la mejor propuesta programática, pues se dejó afuera la evaluación previa de los proyectos, porque se consideró que era una forma de control de contenidos, una censura por parte de una entidad estatal, aun cuando habrá personas que harán uso de un bien de dominio público y, por ende, deben justificarlo”, agrega.
“Con la ley se sube de 2 a 4 las horas para contenidos culturales a los canales de TV. Uno no puede dejar de reconocer que aporta algo, pero eso que aporta responde a demandas de hace veinte años. Que haya pluralismo en los noticiarios es una demanda antigua, además que el pluralismo tiene muchas más aristas y eso se relaciona con la diversidad de agentes accediendo a las frecuencias. Los derechos laborales de los que ahí trabajan, también. Son cosas muy básicas. Hay algunos guiños a las televisoras comunitarias, pero nada toca la distribución de intereses. La estructura no se transforma”.
“En Chile las respuestas a las demandas de la sociedad civil están llegando con veinte años de retraso, probablemente transcurrido ese tiempo veremos el desastre y echaremos marcha atrás”, sostiene la investigadora de la Universidad de Chile, quien agrega que tampoco se cauteló la reserva de concesiones para proyectos televisivos que eventualmente surjan de pueblos originarios. “Tampoco hay nada para las universidades públicas, como fue, por ejemplo, el caso argentino, donde todas las universidades se hicieron automáticamente de una concesión de TV digital. Nada de polos de desarrollo de la industria regional… nada”, añade.
La académica de la Universidad de Chile se sorprende no ya sólo por la incapacidad de la clase política de visualizar la rapacidad corporativa que se desata en un mercado con tantas lagunas regulatorias y omisiones; también le resulta preocupante la incapacidad de las autoridades de sopesar o valorar las externalidades positivas que ofrecería impulsar una industria cultural de estas características, al menos en lo que respecta a la generación de contenidos y puestos de trabajo.
“No hay recursos adicionales para ir más allá de lo que ya existe, que es el fondo del CNTV, y bien sabemos que los fondos concursables no cambian una industria muy cuestionada por la calidad de su programación. En Argentina y Uruguay funcionó la idea de los tres tercios: un tercio para la televisión pública, otra para el sector privado no lucrativo y otro para el sector privado comercial. Aquí no, todo se metió en el mismo saco. Me parece que el Ejecutivo se siente cómodo en el actual esquema donde hay un sector privado comercial fuerte, al cual se pliega la TV pública, y donde el Estado asume una postura subsidiaria que lo lleva a marginarse de cualquier proceso que apunte a promover la industria de la TV digital interactiva, puesto que la convergencia es otra posibilidad que ofrece este sistema de TV Digital. No vemos nada de fomento a la innovación y al uso de las nuevas tecnologías, en circunstancias que también podría crearse una industria en torno a esta convergencia”.
OSCURO VATICINIO
Chiara Sáez y quienes integran a las organizaciones detractores de esta ley coinciden en un oscuro vaticinio sobre el futuro de la TV digital chilena: “Va a aumentar el peso del sector privado-comercial. De las televisiones locales, pues algunas podrán subsistir, otras tendrán que desaparecer… las comunitarias, así como está el modelo, desaparecerán. El proyecto de TV educativa caerá en manos de una fundación, por ejemplo de una minera o de un holding bancario, o bien de una universidad privada con determinado sesgo ideológico o religioso”.
Otro tema crítico es el periodo de la concesión. Pensada en un principio a perpetuidad, esta será finalmente de veinte años, propiciando así la renovación del espectro. Pero los investigadores que han seguido el tema sospechan que tales grupos acaben capturando una renta y ocurra lo que ya se ha visto en sectores como el pesquero. Al momento de discutir la Nueva Ley de Pesca, y en aras de la “estabilidad jurídica”, los empresarios pidieron mantener el statu quo invocando presuntos “derechos históricos”. Algo que contraviene el espíritu competitivo que anima al “modelo”, recuerda Sáez.
“Los canales actuales, por ejemplo, ya transmiten en señal digital gracias a concesiones de prueba, pero sabemos que las concesiones extendidas a plazos tan largos dejará a estos mismos canales en situación de mayor preferencia al momento de reclamarlas o renovarlas. Los canales ya partieron con un pie adentro”
Las empresas transnacionales también saldrán ganando, y mucho, sostiene Sáez, por cuanto “la comisión mixta eliminó el principio de reciprocidad, lo que establece que si un grupo transnacional se hace de una concesión, el país de origen también debe abrir sus puertas a los chilenos. Y esto se acaba, pasando colado olímpicamente. Eso puede alterar la estructura de propiedad y el acceso a las concesiones. Además es muy probable que las empresas transnacionales se refuercen en el ámbito de las telecomunicaciones. Por ejemplo, una gran compañía telefónica, que comparte la misma banda de frecuencia con la TV digital, tendrá todas las de ganar respecto a los servicios de datos que podrán brindar las televisoras digitales. Además podrá arrendar aquello no ocupe como televisión”.
