En estos días hemos conocido una iniciativa denominada “Observatorio Judicial”. Este organismo o proyecto (no sabemos que aún orgánica tendría), tendría los siguientes objetivos según uno de sus promotores el senador Alberto Espina: «Sistematizar la información respecto de toda la secuencia en que ocurren los delitos de mayor reproche social», desde el trabajo de las policías, la investigación del Ministerio Público hasta la resolución de los jueces, según explicó el senador a La Tercera.
«La idea, es tener en un sólo lugar, por ejemplo el número de delitos que se comete en cada ciudad, el número personas que son detenidas en delito flagrante, lo que ocurre en las audiencias de formalización, las medidas cautelares decretadas, si los fiscales perseveraron en la investigación o desistieron de ella, si hubo juicio oral, si hay sentencia condenatoria o absolutoria, de ser condenatoria saber si fue condenado a penas efectivas o a alguna pena alternativa, y además publicar datos adicionales de los imputados como sus antecedentes penales o detenciones anteriores»
El proyecto fue defendido por el presidente Piñera quien ha señalado: «Y tengo la impresión que hay un problema en la forma cómo se aplican las leyes porque muchos jueces no están aplicando la ley en forma correcta. Muchas veces le entregan demasiada atención y preferencia a los derechos del delincuente y se olvidan de los derechos de la gente inocente». También lo ha defendido con fuerza quien aparece como la promotora de esta iniciativa la candidata de la Alianza por Chile, Evelyn Matthei quien entro otras cosas ha dicho: “solamente un mal juez podría estar dispuesto a esconderse detrás de la falta de información de la ciudadanía”. “Cualquier buen juez va a estar orgulloso de que se sepa cómo fallan”
ESPINA, PIÑERA Y MATTHEI MIENTEN, LA INFORMACIÓN YA ES PÚBLICA
En primer lugar habría que informar a la aspirante a la Moneda que hoy día cualquier persona puede saber cómo fallan los jueces. Los fallos de los jueces son públicos y están disponibles en la web del Poder Judicial. Donde además es posible buscar sentencias aplicando los criterios de búsqueda que desee. Por lo tanto los fallos de los jueces son públicos, a lo que se agrega que en el sistema procesal penal también son públicas las audiencias y los juicios orales. De hecho hemos visto audiencias transmitidas en vivo de manera profusa, cuestión imposible de imaginar en el antiguo sistema procesal.
Además existen dos revistas especializadas que los recopilan y publican los fallos judiciales: Revista de Derecho y Jusrisprudencia y Fallos del Mes. En ambas se clasifican las sentencias por materia y se agregan comentarios especializados. Adicional a lo anterior existen bases de datos privadas especializadas como microjuris que se dedican a entregar esta información a los abogados y especialistas. Por lo anterior, como vemos, la obligación de publicidad se encuentra lo suficientemente garantizada y se puede tener acceso a las sentencia del Poder Judicial con un mínimo de acuciosidad.
Ahora bien, se puede sostener que esta información es sólo accesible para iniciados y no para el público general. Pues bien, una información detallada y desagregada por regiones, por delitos, por condenas, por número de causas y un largo etcétera se encuentra disponible a todo quien la desee consultar en la página del Instituto Nacional de Estadísticas.
Si revisan, por ejemplo, la estadística disponible del año 2011, podemos observar: total de causas, numero de sentencias absolutorias, número de sentencias condenatorias, penas efectivas, salidas alternativas, salidas administrativas, archivo provisional. Todas estas estadísticas, se encuentran separadas por tipos de delitos y por región. Es decir, la labor principal que se plantea ya fue realizada por el INE y los datos son de libre disposición y uso.
Adicional a lo anterior, en la web del Ministerio Público tenemos la estadística que lleva la fiscalía con respecto a las causas que ingresan para su gestión por los fiscales. Existe una clasificación completa de cuantas causas ingresan, los motivos por los que terminan y hay un cuadro que nos entrega un la cifra de condenados a pena efectiva, a medidas alternativas y a multas, todo distribuido por región. Así puedo observar que hay más de 45.000 sentencia a pena efectiva entre enero y septiembre de 2013. Por si fuera poco, este boletín entrega tiempos promedio de tramitación (en días) por región y categoría de delitos y número de audiencias cautelares y prisiones preventivas otorgadas.
Material hay de sobra estadístico, sobra y no es necesario pesarle dinero a la Universidad Adolfo Ibañez para que elabore informes sobre datos que ya se encuentran documentados. Por lo tanto, la principal labor que le atribuye Alberto Espina al “Observatorio”, ya está disponible. Por otra parte, la labor de llevar estadísticas y números está atribuida por ley al Instituto Nacional de Estadisticas y basta con invertir en difusión para cumplir el objetivo que, aparentemente, quieren atribuir a este nuevo organismo.
Quizá el único punto novedosos es el de pretender publicar quienes son los beneficiarios de beneficios y libertades provisionales y si tienen o no antecedentes previos. (Vale la pena recordar que se presume a toda persona inocente, hasta que se pruebe lo contrario, por lo que toda persona tiene, en principio, derecho a la libertad provisional tal como lo señala el artículo 19 Nº 7 letra e de la Constitución Política de la República) Este hecho, como el mismo Espina reconoce, es de discutible legalidad. Pero si ya existe la publicidad, las cifras están disponibles y la labor de los jueces está sujeta a los recursos que la ley contempla, ¿qué hay en el fondo de esta anuncio?
JUSTICIA SEGÚN LES CONVENGA ELLOS
La idea de crear un organismo que presente estas cifras en un punto de prensa gubernamental no es más que populismo y presión indebida sobre la independencia del Poder Judicial. Entregar datos al público sin conocer cada pormenor de las sentencias es irresponsable.
¿Evaluaremos a un juez como malo por el sólo hecho de dictar una libertad provisional?
¿Es bueno un juez por el sólo hecho de ordenar más prisiones preventivas?
Revelar que un juez decreta, por ejemplo, 100 libertades, y que 20 de esos imputados tenían antecedentes no nos dice nada, porque las razones de una libertad son tremendamente variadas y pueden ir desde la incapacidad de la Fiscalía, a un error del juez y has la inocencia del imputado sobre ese hecho particular.
Las estadísticas son útiles y deben usarse para evaluar el sistema por los expertos según corresponda. Presentar datos sueltos es mero pirotecnia. Si yo quisiera evaluar este sistema podría decir que es malo, porque hay más presos y se supone que el éxito estaría dado por la disminución del crimen reflejado en menos condenas y prisiones más vacías. También podría decir que es bueno porque la mayor tasa de presos que antes revelan mayor eficacia de la fiscalía y los jueces para perseguir delitos y condenar.
Ambos enfoques son errados y revelan que las cifras son manipulables y usables de forma engañosa. Por ello en temas sensibles como el combate a la delincuencia se debe tener la mayor responsabilidad y un enfoque de política de largo aliento. Los jueces deben ser evaluados, pero como esa labor es delicada y toca derechos fundamentales y todos y cada uno de nosotros somos potenciales afectados por el Sistema, se debe obrar con responsabilidad y se debe impedir toda interferencia de otros poderes. Esa garantía no es para los delincuentes como demagógicamente sostiene el Presidente, sino precisamente para el inocente que cae en manos de la maquinaria estatal.
Sería largo enumerar las reales medidas que sí tendrían efectos en la gestión eficaz de los Jueces, pero algunos puntos son: mejorar su formación práctica, exigir experiencia de litigación y mejorar los mecanismos de designación, para que no dependan de conexiones, padrinazgo o endogamia.
UN CONSEJO SUPERIOR DE MAGISTRATURA
Un organismo como el Consejo Superior de la Magistratura podría ser de extraordinaria utilidad para modernizar el Poder Judicial. En palabras de Juan Agustín Figueroa sería:
“Es del caso pensar en la creación del Consejo Superior de la Magistratura, siguiendo sobre el particular interesantes experiencias europeas. A este ente, que estaría en la cúspide del Poder Judicial, pero que carecería absolutamente de potestades jurisdiccionales, le deberían ser entregadas las facultades normativas, administrativas y disciplinarias que actualmente recargan a los magistrados. Lo visualizamos como un cuerpo colegiado, debiendo participar en su génesis los tres poderes del Estado, y cuyas decisiones deban ser adoptadas por amplia mayoría”
Se podría reforzar la formación de Carabineros y Policía para tomar procedimientos de manera más eficaz y limpia. También es básico tener un Instituto Médico Legal moderno, independiente, eficiente y eficaz, cosa que hoy no ocurre. ¿Cuál es la falla de todas estas medidas? Que no se pueden presentar con fuegos artificiales fuera de la Moneda y que no se pueden resumir en una cuña. Ni menos presentar como eslogan de campaña.
