Una nueva investigación de CIPER revisó 1.613 contratos de asesorías externas pagados por los diputados entre los años 2012 y 2013, la cual arrojó, en algo que ya no sorprende, que muchas de estas son mulas, ya que nadie jamás revisa si las hicieron o no. Sólo se pide la firma del diputado, la del asesor y se paga. Razón que permite el desfalco constante al Estado de parte de los ladrones del congreso. Parte del artículo señala:
Más de $6.000 millones de pesos es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar asesores a honorarios. monto que se incrementó exponencialmente a contar de 2012, creciendo nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones. Lo paradójico es que el Congreso aprobó esta alza después de que se descubrieron lo más turbios manejos en la administración de los recursos del Parlamento y en momentos en que el Ministerio Público aún tenía en curso investigaciones contra parlamentarios que simularon contratos de arriendo para sus sedes distritales o que depositaban en sus cuentas lo pagado por asesorías.
La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún, es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron. Esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. Así, sólo con el aval de esas dos firmas, se cursan los pagos. De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario.
UNA VEZ MÁS, SIGAN PENSANDO QUE LOS POLÍTICOS TIENEN «VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO»
