Una bomba de Ciper Chile, denunció con nombres y apellidos las presiones realizadas al SII, tanto por el Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, como por el Ministro de Hacienda Alberto Arenas, para retrasar la querella contra Giorgio Martelli, involucrado en el financiamiento de la campaña Bachelet a través de boletas falsas y para el cual el mismo Peñailillo realizó unos «sospechosos» informes. De paso, revelan también el misterioso perdonazo tributario que recibió el líder de la UDI Jovino Novoa, situación que terminó con un quiebre al interior del SII. Parte de la investigación señala:
Un quiebre profundo se había producido entre quienes pujan por dejar en libertad de acción a Impuestos Internos y a la Fiscalía, para que investiguen el financiamiento ilícito de la política, y aquellos que han frenado las indagatorias para preservar a las autoridades y dirigentes políticos envueltos en las irregularidades (…) El lunes 4 altos funcionarios de Impuestos Internos detectaron una operación cuyo objetivo final era frenar las investigaciones que se desarrollan en el organismo tributario relacionadas con el financiamiento ilegal de la política: el 23 de marzo el SII había beneficiado a la sociedad comercial del ex senador Jovino Novoa (UDI), uno de los políticos implicados en la investigación judicial al Grupo Penta, con la condonación del 55% de sus “impuestos comprometidos”, es decir, aquellos que estaban bajo investigación por sospecha de fraude tributario.
La sociedad Inversiones y Mandatos, propiedad de Novoa, emitió seis facturas a diversas empresas del holding Penta, por un monto total de $25 millones, que están investigadas por haber enmascarado fondos destinados a campañas. Tras presentar ante el SII una rectificación de sus declaraciones tributarias, a la sociedad de Novoa se le aprobó la condonación. Pero se mantuvo en secreto. de acuerdo a la normativa del SII, y estando Jovino Novoa bajo investigación, el beneficio debió contar con el visto bueno del director del servicio, Michel Jorrat. Consultado por CIPER, Jorrat aseguró que él no tuvo conocimiento de la operación, por lo que se está investigando quién y por qué autorizó la condonación.
La condonación a Novoa no fue un mero trámite automático e intrascendente. Prueba de ello es que este lunes 4 la Subdirección Jurídica del SII, donde opera el equipo especial de Impuestos Internos que investiga los posibles fraudes tributarios relacionados con financiamiento político, tenía lista una ampliación de querella contra Jovino Novoa. Pero la acción judicial fue postergada por decisión del director Jorrat. Recién entonces el equipo del SII que investiga ilícitos asociados a campañas políticas supo que se había dado luz verde a una condonación para Novoa por las mismas irregularidades por las que pretendían llevarlo a juicio.
La ampliación de la querella del SII que involucraba a Novoa, también incluía a Giorgio Martelli, reconocido recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Martelli es dueño de la sociedad que en 2012 recibió boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de una docena de otros funcionarios cercanos al jefe de gabinete y al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tal como lo informó una nota publicada por The Clinic. La sociedad de Martelli recibió dinero de la empresa SQM Salar, controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y se sospecha que sirvió como caja pagadora de un equipo que operó en la precampaña presidencial de Michelle Bachelet.
La idea de los funcionarios de la Subdirección Jurídica del SII era presentar la acción judicial contra Novoa y Martelli a principios de la semana del 4 de mayo, antes de que la Fiscalía hiciera lo suyo. Este jueves 7, cuando la querella contra Novoa y Martelli seguía en compás de espera en el SII, el fiscal nacional Sabas Chahuán ingresó al 8º Juzgado de Garantía una solicitud de audiencia para formalizar a Jovino Novoa por delitos tributarios y a otros cuatro políticos imputados: el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI), el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex diputado Alberto Cardemil (RN). La audiencia quedó fijada para el 22 de junio.
La imagen de Impuestos Internos se ha visto afectada por ir a la cola del Ministerio Público en la investigación de SQM, lo que alimenta las sospechas de que estaría encubriendo a sectores oficialistas que recibieron fondos de la minera. Por esa razón, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, le pidió al director del servicio, Michel Jorrat, que autorizara la presentación de la ampliación de querella contra Novoa y Martelli antes de las 14:00 del jueves 7, la hora límite para ingresar los escritos al tribunal, y de esa forma no aparecer “empujados” por la Fiscalía.
Pasadas las 13:00 de ese día y al no tener respuesta, Vargas le envío un nuevo mensaje a Jorrat, indicándole que si no recibía instrucción en contrario procedería a presentar la acción judicial. Pese a que Jorrat había anunciado oficialmente que se inhabilitaría de actuar respecto a la empresa de Martelli, pues él mismo emitió boletas para esa sociedad, finalmente el director del SII decidió posponer la ampliación de querella. Jorrat pidió que antes de presentarla se citara a declarar al SII a Giorgio Martelli. En los hechos, eso significaba postergar al menos hasta la próxima semana la decisión de ingresar el escrito al tribunal. El subdirector Vargas no estuvo de acuerdo con esa determinación, pues a su juicio Martelli ya había entregado a Impuestos Internos –a través de sus abogados- la documentación contable necesaria, complementaria con la que antes había presentado SQM Salar, para fundamentar la acción legal.
En la institucionalidad del SII la facultad de iniciar acciones legales por ilícitos tributarios la tiene el director de la entidad, quien desde hace años la ha delegado en el subdirector jurídico. En vista de que las dilaciones en la presentación de las acciones judiciales contra Novoa y Martelli pueden acarrearle responsabilidades administrativas, pasado el mediodía del jueves 7 Vargas pidió formalmente a Jorrat que, si su decisión era postergar la ampliación de la querella, le revocara la delegación de la facultad de iniciar acciones legales. De esta forma, quedaría exclusivamente en manos del director la responsabilidad por su determinación. Ese mismo día, a sólo media hora de que se cumpliera el plazo de las 14:00 para ingresar la ampliación de la querella, Jorrat le comunicó a Vargas que aceptaba revocar la delegación. Y no presentó el escrito al tribunal.
A partir de ese momento el quiebre en la dirección del SII se hizo evidente. Por un lado, el equipo del subdirector jurídico presionando por la presentación inmediata de las querellas; y por el otro, Jorrat, quien decidió posponerlas. La indagación de CIPER confirmó que la actitud del director del SII obedecía a las presiones que recibió desde el Ministerio de Hacienda, del cual depende jerárquicamente. El problema para Jorrat no era la acción contra Novoa, sino la dirigida contra Martelli. El director del SII había recibido instrucciones desde el Ministerio de Hacienda de retrasar la presentación del escrito hasta después del cambio de gabinete, cuando la Presidenta aún no le ponía fecha a la reestructuración de su equipo ministerial. La orden buscaba evitar que se siguiera debilitando la posición del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli.
Las presiones sobre Jorrat para retrasar la acción judicial fueron tan fuertes como las que soportó durante el verano, cuando el mismo ministro Peñailillo evidenció ante directivos del SII y del Ministerio Público su obsesión por que la investigación “no llegara hasta SQM”. Tanto para el ministro del Interior como para el de Hacienda era preciso frenar esa arista de la acción judicial, a sabiendas de que con ella se abriría la compuerta que vinculaba directamente con el financiamiento ilegal de la política a un grupo del oficialismo que ocupa cargos de poder en el gobierno, en el Parlamento y en los partidos.
LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE
Lo que está pendiente en Impuestos Internos sobre el financiamiento ilegal de la política es contundente y delicado. Para empezar, están sobre la mesa de los investigadores del SII más de 1.500 boletas pagadas por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, algunas de las cuales tienen las mismas características de las que ya llevó a la justicia el Ministerio Público y que fueron pagadas por Penta y SQM. En una situación similar se encuentran Alsacia (la operadora del Transantiago) y Telefónica.
Que los fiscalizadores de Impuestos Internos puedan avanzar en la investigación sobre estas empresas dependerá de cómo decante la posición de Interior y de Hacienda tras el cambio de gabinete anunciado por la Presidenta y de la libertad de acción que el nuevo equipo político ministerial le dé al SII.
BOLETAS FALSAS, FINANCIAMIENTO ILEGAL, EMPRESAS EVADIENDO IMPUESTOS, POLÍTICOS RECIBIENDO PERDONAZOS… HERMOSO COMO LA ELITE CHILENA SE PROTEGEN ENTRE ELLOS PARA ROBARNOS A TODOS NOSOTROS
