Una investigación de Ciper reveló la increíble trama de corrupción que tenían los alcaldes Christian Vittori en Maipú y Luis Plaza en Cerro Navia en sus respectivas comunas. (Ambos formalizados por la Fiscalía) Sobornos, camionetas «de regalo» y hasta millonarios pagos en efectivo, todo con el motivo de entregar numerosas licitaciones comunales a quienes les pagaban. Para rematar, y en algo que ya no sorprende, hay políticos de «ambos bandos» involucrados. Parte de la investigación señala.
El 19 de octubre de 2013 el alcalde de Maipú, Christian Vittori (DC), acudió a una automotora de la que salió con una camioneta Ford Explorer que quedó a nombre de su esposa, Pamela Riquelme Loyola. Pero no la pagó él. Tampoco su cónyuge. El vehículo fue cancelado por el empresario Pedro Acevedo Saavedra, administrador de un complejo deportivo ubicado en la misma comuna que dirige Vittori y representante de la Inmobiliaria Don Óscar. Los registros revisados por CIPER indican que en la inmobiliaria tiene participación la Sociedad de Inversiones Don Óscar y que esa entidad se ha adjudicado licitaciones de la Municipalidad de Maipú y de la Corporación Municipal de Educación de la misma comuna por un monto total de $1.333 millones.
El pago de la camioneta se concretó a través de transferencias efectuadas desde una cuenta del Banco Santander que pertenece a la empresa. Acevedo reconoció a CIPER que concurrió ese día con Vittori a la automotora y que él hizo el pago. También dijo que se trató de una operación totalmente legal y que cuenta con una justificación para haber hecho de esa manera la compra, pero que no podía mencionarla por instrucción de su abogado, quien le recomendó no hablar con la prensa hasta después de declarar en la Fiscalía.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no esperó las explicaciones de Acevedo y lo incluyó, junto al alcalde Vittori, en una nómina de 13 querellados a los que acusa de lavado de activos, malversación, cohecho agravado y soborno. En la querella, difundida este jueves 7 por The Clinic, también figuran el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN); la administradora municipal y el director jurídico de esa misma comuna; cuatro concejales de Maipú; tres empresarios que se han adjudicado millonarias licitaciones en Cerro Navia o Maipú, y un técnico mecánico que, según las acusaciones del CDE, sería testaferro de Vittori en la compraventa de numerosos vehículos .
La acción judicial del CDE fue ingresada el 29 de abril pasado al 9º Juzgado de Garantía, donde se adjuntó al proceso que se inició en 2011 por denuncias de irregularidades en las licitaciones de la basura en Maipú. En los últimos cuatro años la indagatoria de la Fiscalía, que ha incluido interceptaciones telefónicas y seguimientos de los sospechosos, fue ampliándose hasta detectar millonarias irregularidades no sólo en licitaciones de Maipú, sino también en la comuna de Cerro Navia. El hilo que conecta ambos municipios es Marcelo Torres Ferrari (RN), quien se desempeña como concejal en Maipú y que hasta enero de 2014 trabajó como administrador municipal en Cerro Navia. Actualmente, Torres dirige la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esta última comuna.
La investigación de CIPER acreditó que en Cerro Navia se han realizado al menos ocho licitaciones entre 2010 y 2014, que suman más de $4.364 millones, las que favorecieron a diversas empresas controladas por Lorenzo Pérez Villegas, sindicado por el CDE como “testaferro” del concejal Torres. Además, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna adjudicó un contrato por $319 millones a una empresa de Gerardo Escalona Barros, amigo de Marcelo Torres y socio, hasta inicios de este año, de Lorenzo Pérez.
Dentro de las operaciones que investiga la Fiscalía y que pudieron servir para ocultar ingresos defraudados a las arcas públicas, se cuenta la compra de departamentos por parte del concejal Marcelo Torres y de vehículos en el caso del alcalde Christian Vittori a través de terceras personas. En esta última arista indagatoria se enmarca la investigación de la compra de la camioneta Ford Explorer adquirida por el empresario Pedro Acevedo y registrada a nombre de la esposa de Vittori. Acevedo administra el Complejo Deportivo Don Óscar. Ubicado en Pajaritos con Américo Vespucio (comuna de Maipú), el recinto cuenta con 13 canchas de futbolito de pasto sintético, cafetería, casino, zona de quinchos y juegos infantiles.
La Sociedad de Inversiones Don Óscar ha sido beneficiada con 12 licitaciones en Maipú (ocho de la municipalidad y cuatro de la Corporación Municipal de Educación), todas relacionadas con producción de eventos, banquetería y reparación de infraestructura. En total ha recibido $1.333 millones de las arcas de Maipú. El más grande de estos contratos es el que le adjudicó la mantención y mejoramiento de infraestructuras deportivas y recreacionales, por 988,6 UF mensuales durante 49 meses, equivalentes a un total de $1.093 millones. El decreto que le entregó esta licitación es del 17 de abril de 2012 (vea el documento). También obtuvo una licitación en Cerro Navia para un programa comunitario de las juntas de vecinos, por $2,5 millones.
El tercer campanazo tuvo lugar en noviembre de 2011. En esos días la esposa del concejal Torres, Paula Díaz, denunció al edil por violencia intrafamiliar. En una entrevista concedida a CIPER, Paula Díaz declaró que su marido se coludía con otros cuatro concejales de Maipú para favorecer a la empresa KDM, a quienes les entregaba remesas en efectivo que recibía de la compañía. Esos concejales eran Christian Vittori, quien en las elecciones municipales de 2012 se convirtió en alcalde cuando ya estaba en curso esta investigación; Carlos Richter (RN), quien en la misma campaña perdió su puesto en el concejo; Carlos Jara (PPD) y Carol Bortnick (PPD), que siguen siendo concejales.
En abril de 2012 un nuevo reportaje de CIPER difundió una grabación de audio en la que aparece el concejal Torres, el dirigente ambientalista Eduardo Medina y dos ejecutivos de KDM, Fernando León y José Miguel Gutiérrez. En esa reunión acordaron una estrategia para provocar el cierre del relleno sanitario de la empresa Proactiva, emplazado en Maipú, a objeto de despejar el camino a KDM en una licitación que aseguraba a la empresa ganadora un ingreso de $10.325 millones, en un contrato por cinco años. De ahí que el 10 de abril de 2013 el Consejo de Defensa del Estado interpuso la primera querella en este proceso, dirigida contra dos de los partícipes en el diálogo que fue grabado: Torres y Gutiérrez. En octubre del mismo año, el CDE amplió la querella, incorporando a otro concejal por Maipú: Antonio Neme (UDI), acusado de recibir aportes ilegales de la empresa Proactiva.
Supuestos «representantes» del pueblo que lo único que hacen es cagar al pueblo y enriquecerse
Las maravillas de este fraude que llaman democracia
