En el último tiempo hemos visto multiplicarse los casos de Carabineros implicados tanto en abusos de poder como en hechos de corrupción, y es que ante la necesidad de «sacar Carabineros a la calle» para garantizar el orden público (el orden burgués), están graduando a cualquier cosa y con una preparación mínima, que no se condice para nada con la el poder que el Estado les entrega.
En una nueva muestro de esto, un artículo de Ciper Chile reveló la increíble corrupción de la 58ª Comisaría de Estación Central, en la cual 12 policías de esa unidad participaban constantemente en asaltos y amenazaban de muerte a quienes no participaban. Para empeorar la situación los altos mandos optaron por no investigar y por diseminar en otras comisarías a los involucrados. Un año más tarde quedó en evidencia el error: dos de los policías acusados fueron detenidos por la PDI por participar en violentos asaltos. Parte del artículo señala:
La noche del 2 de marzo pasado las bodegas de la empresa de transportes UPS, en Quilicura, sufrieron un intento de robo. Podría haber sido un delito como tantos otros que ocurren en Santiago, de no ser por un detalle: afuera del inmueble, orquestándolo todo, había un carabinero. Sentado en un auto y de civil, el cabo primero de la 49° Comisaría de Quilicura, Álvaro Castillo Arévalo, coordinaba tres patrullas de su unidad que vigilaban los alrededores no para prevenir delitos, sino para facilitar el robo. A su lado, el “Guatón Carlos”. Un narcotraficante que, al igual que Castillo, también daba instrucciones, pero a su banda de delincuentes.
El 23 de junio pasado los cuatro carabineros fueron detenidos por la PDI. Los últimos robos que habían facilitado fueron el del Supermercado Santa Isabel de la calle La Travesía, en Pudahuel, ocurrido el 22 de mayo, y solo tres días después el de la bodega de alimentos de Comercial DCT, en Peñaflor. Probablemente esos asaltos, así como el de UPS y varios otros que aún investiga la Fiscalía y en los que se sospecha que estos y otros carabineros participaron, se habrían evitado si la policía uniformada hubiese investigado –como correspondía- una denuncia contra más de una decena de sus miembros hecha casi un año antes.
La 58ª Comisaría Población Alessandri, en el sur de Estación Central, fue hasta enero de 2014 una subcomisaría. Con solo un capitán a cargo y jurisdicción sobre poblaciones emblemáticas y conflictivas, como Villa Francia y Los Nogales, algunos de sus propios funcionarios relataron a CIPER que era “tierra de nadie”. Prácticamente olvidada por los mandos superiores, la entonces subcomisaría se había transformado en una “huesera”, un lugar donde iba a parar lo peor de otras unidades.
Personal que trabajaba en la 58ª cuando sucedieron estos hechos asegura que en abril de 2014, cuando el cabo Celso Concha presentó su denuncia por escrito al capitán Spuler, este oficial la canalizó a sus superiores. La información llegó a la Prefectura Central Sur y a la jefatura de Zona. Fue resultado de esa cadena de mando que se coordinó la reunión entre Concha, Spuler, Flores y el capitán de la Dipolcar, quien fue identificado finalmente como Félix Zúñiga. La cita se realizó en una sanguchería de la calle Santa Isabel. Según la información recabada por CIPER, los antecedentes nunca llegaron a manos del Ministerio Público.
A casi de un mes de efectuada la denuncia, el mando de la 58ª Comisaría fue alertado de que el cabo Flores Catrinao había decidido poner los antecedentes en manos de la PDI, debido a que no había señales de una investigación interna. La información sobre esta posible filtración hacia la policía civil se canalizó a la superioridad. La respuesta fue que, no habiendo tiempo para realizar una investigación interna y debido a la posibilidad de que la PDI descubriera una unidad de Carabineros totalmente permeada por delincuentes, la mejor alternativa era dispersar al grupo involucrado en la denuncia, incluyendo a los acusadores Concha y Flores. Por eso, en mayo del año pasado, 12 carabineros fueron trasladados y sólo dos de los mencionados en la denuncia permanecieron en la 58ª Comisaría. La investigación de CIPER indica que los carabineros transferidos desde Estación Central ahora están en unidades de las siguientes zonas: Puente Alto, Maipú, La Pintana, La Florida, Conchalí, Los Domínicos, Lolol, Pumanque, Coinco y Rapel.
Respecto de si se investigó la denuncia que involucró a una docena de Carabineros de la 58ª Comisaría, el comandante Chaván señaló que no tenía claro que se hubiese registrado formalmente esa acusación: “Es importante que tengamos claro lo que significa un rumor o una conversación de pasillo, en la cual yo puedo entregar antecedentes que no tienen credibilidad. Nosotros siempre buscamos que cualquier denuncia sea seria”. CIPER le hizo presente a Chaván que existe una declaración voluntaria que indica que esa denuncia fue formulada por dos carabineros (Concha y Flores) en presencia de un oficial de la unidad (capitán Spuler) y de otro de la Dipolcar (capitán Zúñiga). Además, que entre los funcionarios involucrados en esa acusación hay dos que efectivamente fueron detenidos el 23 de junio por asaltos y robos en concomitancia con delincuentes comunes. El comandante Chaván señaló que cuando se produjeron las detenciones de junio pasado, Carabineros estaba realizando un “monitoreo de inteligencia”, cuyos detalles no podía revelar debido a restricciones legales:
Estábamos haciendo un monitoreo de inteligencia. No puedo decir sobre quiénes, ni desde cuándo. Sí les puedo afirmar que es con anterioridad a la detención, pero la Ley de Inteligencia nos restringe para dar más información. Este monitoreo se estaba haciendo por situaciones irregulares que afectaban a algunos funcionarios -dijo Chaván a CIPER. El comandante aseguró que el monitoreo se cruzó con la investigación judicial que ya estaba llevando el Ministerio Público por asaltos que involucraban a los cuatro carabineros finalmente detenidos. Según la versión de Chaván, al percatarse de que ya había una indagatoria judicial, Carabineros decidió suspender su monitoreo y facilitar a la Fiscalía todos los antecedentes de esa investigación. El monitoreo al que hace referencia el comandante Alex Chaván debe estar entre los menos eficientes realizados por la policía uniformada. Esto, porque entre marzo y junio de este año los carabineros supuestamente monitoreados concretaron al menos cuatro asaltos, dos de los cuales involucraron tiroteos con funcionarios de la PDI.
Si la denuncia que se formuló en 2014 en la 58ª Comisaría hubiese seguido el curso que correspondía, probablemente los cabos Celso Concha y Álvaro Castillo no habrían podido organizar los cuatro asaltos que ahora investiga la Fiscalía y por los que están detenidos desde junio. Ambos, según los antecedentes recopilados en la investigación de la Fiscalía, le dieron cobertura a dos bandas: la del narcotraficante conocido como “Guatón Carlos” y la de asaltante apodado “Lobito”, identificado como Cristián Miguel Rojas Alfaro.
A Concha y Castillo se sumó la detención de otros dos carabineros: Giovanni Seguel y Paulo Vásquez. Los delitos del cuarteto fueron descubiertos prácticamente por accidente. El 27 de febrero de este año la Fiscalía Sur investigaba una causa de narcotráfico y en las interceptaciones telefónicas apareció una voz que usaba lenguaje policial y que tenía como ruido de fondo las comunicaciones de Cenco. Luego supieron su nombre: Álvaro Castillo Arévalo, uno de los trasladados desde la 58° Comisaría en 2014 y que había aterrizado en la 49ª de Quilicura.
Luego del asalto a UPS, las conversaciones entre Castillo y el “Guatón Carlos” se intensificaron. El 11 de marzo de este año, el delincuente le comentó al cabo Castillo que su sobrino “quería hacer algo”. El carabinero exigió que el botín se dividiera en partes iguales con él. El menor de edad quería robar una tienda en el outlet de Buenaventura, en Quilicura. Castillo le dio toda la información que necesitaba: le explicó que el viernes 13 de marzo tendrían 10 minutos justo a la hora en que se hacía el cambio de guardia en la comisaría. El 6 de mayo de este año, el cabo Celso Concha, que luego de ser trasladado de la 58ª había recalado en la 2ª Comisaría de Copiapó, llamó a Álvaro Castillo: “Acá hay un amarillo (un Servipag) súper bueno”. Castillo y la banda del “Lobito” viajaron a Copiapó. El cabo llevaba el oxicorte en su auto, confiado de que, por ser funcionario policial, no levantaría sospechas. Allá se juntaron con Concha. Finalmente, decidieron no concretar el golpe, porque todavía había muchos escombros del aluvión y militares en la zona.
En las escuchas telefónicas, el cabo Castillo se refería a Celso Concha como “el Copiapó”. En las interceptaciones también aparecieron otros carabineros que la Fiscalía todavía investiga y que eran mencionados como “el Malloco”, “el Lo Prado”, “el Parral”, “el Pudahuel”, “el de Los Domínicos”, “el de San Bernardo” y “el Chucheta” (que sería de Mulchén). “El Pudahuel” resultó ser el cabo Giovanni Seguel, de la 55ª Comisaria de esa comuna. Fue Concha el que lo puso en contacto con Castillo para que planificaran el asalto al Servipag del supermercado de calle La Travesía de Pudahuel, que se concretó el 25 de mayo. Fuentes que conocen la investigación indicaron que Giovanni Seguel, vestido de carabinero, se juntó con los delincuentes en su patrulla para organizar el asalto. Por ese detalle, la fiscalía estima que hay más carabineros involucrados y busca establecer quiénes estaban asignados a la patrulla de Seguel ese día.
Antes y durante el atraco al supermercado el carro policial del cabo Seguel recorrió ese sector. Estaba en eso cuando vio dos autos estacionados cerca del supermercado. Preocupado, llamó a Cenco preguntando por las patentes de ambos vehículos y le respondieron que eran de la PDI. Se acercó a los ocupantes de los dos autos, les pidió los documentos y les preguntó qué hacían ahí. Le respondieron que estaban investigando una causa de bombas. Seguel les pasó un parte por estar mal estacionados y se fue. De vuelta a la patrulla, llamó a la banda que ya estaba dentro del supermercado: “Son de la PDI, me dicen que andan investigando un tema de bombas, pero yo no les creo”. Mientras tanto, en el supermercado la banda del “Lobito” había amarrado a un carnicero que se había quedado haciendo cortes para el día siguiente. Por más de dos horas fue encañonado por los delincuentes, que no lograban abrir la bóveda del Servipag.
En paralelo, los cabos Castillo y Concha habían planeado otro robo. Celso Concha consiguió una licencia médica y viajó de Copiapó a Santiago, donde se juntó con Castillo. La PDI los siguió todo el día y, según las escuchas telefónicas, Concha llamó a un carabinero que apodaban “el Malloco” y que estaba destinado en la tenencia de esa localidad. Era el sargento Paulo Vásquez. Él les dio información del lugar que querían robar: una bodega de la empresa DCT Alimentos. Además, les dio una hora en que la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la zona iba a estar ocupada por un procedimiento en una estación de servicio Petrobras, por lo que debían aprovechar ese momento. Según la denuncia de Concha y Flores, el método que usaban los carabineros para dar cobertura a delincuentes consistía en que una patrulla custodiaba el lugar que sería asaltado, mientras el resto de los policías de turno se trasladaban a otros sectores de la comuna. Si sonaba alguna alarma y llamaba Cenco, los que se quedaban fuera del lugar del robo respondían que ellos estaban en las cercanías y daban parte de que no pasaba nada. Luego, los ladrones dividían el botín con los miembros de la patrulla y éstos hacían lo mismo con el resto del turno.
“Te vamos a disparar y no te vas a dar cuenta”, fue la amenaza que recibió un efectivo de la 19ª tras denunciar a ocho compañeros de encubrir robos entre 2009 y 2010. La investigación comprobó que los carabineros corruptos se coordinaban por radio con un ex compañero y simulaban procedimientos en otros lugares para desviar la atención del resto del turno, alertando a los delincuentes cuando llegaba la alarma de Cenco. La Fiscalía acreditó que los carabineros de la 19ª Comisaría recibieron dinero por seis robos, los que incluyeron atracos a Joyerías Barón y una importadora de relojes. El juicio se cerró con dos carabineros condenados a penas de cárcel y un número indeterminado dados de baja, aunque el denunciante relató a La Tercera que en la unidad era “una situación conocida por casi todos”. Otro caso similar ocurrió el lunes 7 de mayo de 2012, cuando tres hombres asaltaron un servicentro de Estación Central. El atraco duró menos de dos minutos y el botín fue cercano a los $17 millones. El robo, rápido y eficiente, fue organizado por el cabo Juan Gabriel Alarcón Galarce, de la 21° Comisaría, que conocía perfectamente el funcionamiento de la estación de servicio porque había trabajado como guardia del local en paralelo a su función policial.
Y A ESTOS DELINCUENTES CON UNIFORME EL GOBIERNO Y LA ULTRADERECHA LES VAN A DAR MÁS PODER PARA REPRIMIR MARCHAS Y DETENER A POBRES POR SOSPECHA
