En medio del chovinismo y nacionalismo barato producto de la demanda de Bolivia en La Haya por acceso al mar, vale la pena recordar que en Chile, todos y cada uno de los recursos naturales están privatizados. Sean ultraderechistas que se enriquecieron gracias a Pinochet o grandes consorcios internacionales, entre la Dictadura y la Concertación destrozaron el país por completo. Curiosamente, son ellos mismos los que más reclaman para no darle «por nada del mundo» mar a Bolivia. En este contexto, y a modo de ejemplo, Chile tiene el triste record de ser el único país del mundo en tener el agua privatizada. Artículos de Verdeseo y Ciper Chile resumen la historia:
A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la sociedad.
La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad. El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.
A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico. En Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas. En Chile, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas está en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consuntivos se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca. La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.
Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.
Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes que mil palabras.
Los años ochentas y la aplicación al pie de la letra del neoliberalismo en Chile significó algo bien distinto a la simple aplicación de medidas técnicas a favor del desarrollo del país. Escudados en las cortinas brindadas por la represión, el miedo y la falta de información pública, varios personajes se hicieron sus buenos millones con la privatización de bienes y empresas públicas. Como siempre, por supuesto, el Estado (o sea, todas y todos los chilenos) asumimos los costos y riesgos. Cuando José Yuraszeck compró Chilectra en los años 80 lo hizo con importantes créditos que fueron avalados por el mismo Estado chileno (o sea, si el negocio fallaba, pagábamos todos nosotros). Luego, en los noventas, él mismo obtuvo millonarias utilidades con la venta de Chilectra, que fue vendida a capitales extranjeros. La operación estuvo además al calor de un importante fraude conocido como el caso Chispas.
Vale la pena traer a la memoria aquellos años, ya que actualmente la misma lógica se está aplicando en la privatización de las sanitarias. El caso de Yuraszeck es importante por dos razones: 1) ilustra cómo la aplicación del neoliberalismo en Chile distó mucho de ser la mera aplicación técnica de un paradigma económico, y que éste tenía, en sus raíces, intereses profundos que muchas veces violaron las recetas prescritas por el mismo; y 2) lo anterior se relaciona con el fenómeno mismo del neoliberalismo, que fue abrazado y promovido a lo largo de todo el globo por las elites económicas. Éste permitía (y permite) disfrazar de técnica, neutra y objetiva, una forma de hacer política con una clara ideología.
La aplicación de esta ideología en las últimas décadas se ha traducido en lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck denomina la privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos y costos. Lo ejemplifica de forma magistral analizando el caso de la energía nuclear y la crisis financiera, donde súbitamente los más fieles seguidores de esta nueva religión, como dirigentes del FMI o altos directivos del Deutsche Bank, acudieron desesperados al Estado para pedirle que salvara al sistema financiero inyectando recursos públicos. El gobierno de Sebastián Piñera terminó de vender –lo que en su momento hicieron Eduardo Frei y Ricardo Lagos– las acciones que el Estado chileno posee en las empresas sanitarias (35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio). Estas empresas entregan al año al Estado chileno alrededor de US$400 millones y su venta aportará unos US$1.600 millones.
El argumento que dio el gobierno de Frei para privatizar la primera porción de las sanitarias fue que con ello se lograría una mayor cobertura del servicio. Las cifras nos dan un panorama distinto, donde el único aumento significativo se da en el tratamiento de las aguas servidas (de un 17% en 1998 a un 83% en 2008) Ahora bien, ¿quién pagó esa inversión? Que no sorprenda la respuesta, que es generalmente la misma en estos casos: nosotros, los consumidores. Cada mes, en la cuenta de agua que llega a nuestras casas hay un ítem por el tratamiento de las aguas servidas. La inversión está siendo pagada por todos los chilenos y chilenas. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no pudo hacer algo similar el Estado? Considerando además que estas son empresas con grandes rentabilidades.
En los últimos años, los distintos gobiernos han privatizado un gran porcentaje de las sanitarias. La administración de Piñera se desprendió casi totalmente de ellas (el Estado chileno retendrá sólo un 5% de las acciones), porque bajo la lógica neoliberal estos son activos prescindibles, de los cuales el Estado debe deshacerse. ¿Por qué? Porque así el sector será más eficiente, competitivo y finalmente los usuarios pagarán menores precios. Pero en la práctica, las empresas privadas no son siempre más eficientes y competitivas, y claramente los consumidores no pagan cada vez precios más bajos (pensemos en las farmacias, la energía, el Metro o el cobre y Codelco). De hecho, dadas las consecuencias de la privatización inicial de las sanitarias el Estado ha tenido que subsidiar el agua para ciertos segmentos de la población, ya que no les era posible costearla.
Al final del día, la venta de las sanitarias se asemeja a la paradojal ilusión producida por la idea de obtener grandes sumas de dinero vendiendo una gallina que todos los días pone un huevo de oro. Esto es: pan para hoy, hambre para mañana. Nuevamente alguien hace buenos negocios privados, a costa de buenos negocios públicos.
