El ex tesorero del Estado Mayor del Ejército y ex miembro de la Contraloría de esa institución, Clovis Montero, actualmente procesado por la justicia militar por su participación en el millonario desfalco a los fondos reservados de la Ley Reservada del Cobre. En entrevista para The Clinic, explicó la manera en que generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. Parte del artículo señala:
En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió. Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.
El coronel aseguró que descubrir a los responsables del ilícito no es una tarea demasiado compleja. “Se puede detectar viendo sus patrimonios y vínculos con proveedores”, aseguró. Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército y exmiembro de la Contraloría de esa institución, conoce de cerca los secretos financieros del generalato y sabe que su relato cuenta con el respaldo de diversos documentos provenientes de la misma institución. Incluso, aquellos que pareciera que ninguna autoridad civil quiere investigar.
El gobierno, como si el país viviera en los inicios de la transición a la democracia, mantiene hasta ahora silencio sobre estos delitos que involucran facturas falsas, robadas y duplicadas, según reconoció en un oficio reservado el propio comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, al ministro Jorge Burgos, cuando éste era el titular de Defensa. Ni el actual titular de la cartera, José Antonio Gómez, ni su antecesor, precisamente Jorge Burgos, quisieron aclarar o referirse a los hechos, pese a las solicitudes de The Clinic. Sin embargo, en medio de esta conmoción y sin explicación pública, el coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento Financiero del polémico Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la unidad donde ocurrieron gran parte de estas irregularidades, fue promovido a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, liderada por el socialista Gabriel Gaspar, otrora líder del MAPU y asesor de Enrique Correa.
Para no dejar huellas, las defraudaciones habrían sido cometidas con los remanentes de las millonarias compras de armas, autorizadas por los ministerios de Hacienda y Defensa. “Los remanentes se utilizan (generan) por saldos no invertidos que los jefes de proyectos y del Comando de Apoyo a la Fuerza no controlan”, explicó el otrora hombre fuerte de las finanzas del Estado Mayor. Al ahondar en el descontrol contable, Montero no tiene dudas de lo ocurrido. “No hicieron el trabajo o dejaron que las cosas sucedieran, ya que los tesoreros (del Ejército) no revisaban”, subrayó. “Ningún organismo del Ejército revisa la Ley del Cobre. Ello explicaría en parte que el Ejército pagó cientos de millones de pesos contra facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. O que tenían orden por robo. O que pertenecían a sociedades con término de giro. Pero el descontrol no solo atañe a los desembolsos, los que por ley ni siquiera pueden ser supervisados por la Contraloría General de la República, ni el Congreso, ni ninguna autoridad civil, a 25 años de iniciada la democracia.
Según Montero los fondos reservados del cobre suman hoy “aproximadamente 5.000 millones de dólares”, una montaña de dinero que por ley es gastada por las Fuerzas Armadas sin supervisión alguna de la Contraloría General de la República. “Nunca nadie revisa nada”, precisó Montero. Esta cifra equivale a 17 veces lo que el gobierno destinará para la etapa inicial de la gratuidad universitaria, en medio de la contracción económica y el “realismo sin renuncia” invocado ante la ciudadanía por la presidenta Michelle Bachelet, para justificar el menor gasto social. Este monto, hasta hoy desconocido y reservado, representa solo los recursos sin gastar de la Ley Reservada del Cobre y es independiente de los flujos que anualmente Codelco entregará en el futuro a las Fuerzas Armadas por el diez por ciento de sus ventas, acorde a la ley secreta 13.196. Ya entre los años 2000 y 2015, ese aporte anual superó los 20.000 millones de dólares, según estadísticas oficiales de la cuprífera estatal. Es decir, 2,5 reformas Tributarias, capaces de financiar la construcción de 30 hospitales, dos mil colegios de excelencia y 100.000 viviendas sociales, por ejemplo.
VIAJES, FIESTAS Y FAVORES A EX CNI
El coronel Clovis Montero aseguró que las defraudaciones no solo ocurrieron con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. También hubo malversación con fondos del presupuesto regular y con los gastos reservados de la Comandancia en Jefe. “Recuerdo un departamento que le compraron al teniente coronel (r) Emilio Neira, preso en Punta Peuco (por las muertes en Operación Albania). Estaba el general Óscar Izurieta como comandante en jefe y el general Carlos Cid en la DIFE (Dirección de Finanzas del Ejército)”, aseguró.
Montero añadió que las irregularidades abarcan otras áreas e incluyen hasta a los generales y sus familias. Como ejemplo, apuntó a los supuestos ilícitos cometidos con la compra de pasajes en avión adquiridos institucionalmente a Turismo Latrach y Turismo Costanera. “En estas empresas viajaban los generales en comisión de servicio. Los valores eran abultados y viajaban con las señoras”, precisó Montero en el escrito. Pero eso no fue todo, según el coronel “a los generales les corresponde (viajar) en primera (clase) y con ese pasaje viajan con señora (pero además) el excedente del pasaje se lo devuelven a ellos”, ahondó.
Montero, además, apuntó a supuestas irregularidades cometidas en el Club Militar de Lo Curro. Argumentó que facturas endosadas a colaciones extraordinarias eran destinadas en verdad a financiar fiestas privadas de oficiales, con montos de “3.000.000 a 6.000.000” de pesos. “El 2013 los generales del Edificio (Bicentenario) pagaron su almuerzo diario con facturas internas (a las) que les ponían colaciones extraordinarias”, afirmó. “Al general Bosco Pesse, jefe del Estado Mayor en 2013, le compraban todo en alimentos y lo hacían pasar como colaciones extraordinarias”, detalló.
1) NUEVA PRUEBA DE QUE LOS MILITARES CHILENOS NO SON PATRIOTAS, SON UNA MANGA DE TRAIDORES DEDICADOS A DESFALCAR AL ESTADO. EL GOLPE DE ESTADO FUE SÓLO EL PRINCIPIO
2) NUEVA PRUEBA TAMBIÉN DE LOS COBARDES Y CÓMPLICES QUE SON EN LA CONCERTACIÓN/NUEVA MAYORÍA. PARA PEOR, SIGUEN SIN EMITIR LA MÁS MÍNIMA PALABRA
3) DICEN QUE NO HAY DINERO PARA REFORMAS Y LOS VAGOS DE LOS MILITARES GASTAN DINERO DELE STADO EN CASAS, FIESTAS Y VIAJES… CADA DÍA MÁS LINDA ESTA «DEMOCRACIA»
