En una lúcida entrevista para La Tercera, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, criticó duramente tanto las indicaciones de la llamada «agenda corta antidelincuencia», como el recién aprobado «control de identidad preventivo» (detención de pobres por sospecha), asegurando que ambas iniciativas no servían de nada y que sólo eran medidas clasistas, discriminatorias y que aumentarán la desigualdad social del país
¿Es la agenda corta del gobierno un aporte al combate contra la delincuencia?
Este proyecto, en lo esencial, aumenta las penas de los delitos contra la propiedad (robos y hurtos) no sólo mediante el aumento directo de la pena, sino a través de la restricción de las reglas de determinación de la misma, lo que en la práctica implica un incremento desproporcionado. Si a eso se agrega las nuevas normas relativas a la reincidencia, tenemos como resultado la profundización de un sesgo que ya tenía nuestra legislación en relación a estos ilícitos. Aumentar indiscriminadamente las penas difícilmente puede tener alguna utilidad práctica en la reducción de la delincuencia. Es evidente que el delincuente particular no piensa en la pena, sino en la posibilidad de ser descubierto, cuando evalúa la comisión de un delito. Si una causa fundamental de la delincuencia en Chile es la desigualdad, la exclusión de buena parte de la sociedad, el incremento de sanciones sólo profundiza el problema. En ese sentido, el aumento de penas es una respuesta fácil, pero inútil.
¿Coincide con las críticas sobre el control de identidad preventivo, en relación a que restringe las libertades de las personas y es discriminatorio?
Indudablemente. Esta indicación cambia la naturaleza misma del control de identidad, el que pasa de ser una herramienta de lucha contra la delincuencia a un instrumento de control político. Que la policía no necesite una causa para realizarlo implica que lícitamente podrá intervenir en la vida de las personas, ya sea acosando a sujetos determinados; interrumpiendo manifestaciones; intimidando a personas que realizan una actividad legítima, pero que no le gusta a carabineros; o derechamente hostigando a ciudadanos con estilos de vida alternativos. Es importante recordar que el control de identidad no es solo “pedir el carnet”, sino que puede implicar un registro de vestimentas y vehículo e, incluso, puede terminar con la persona “retenida” hasta por doce horas por la policía.
¿Cree que es excesivo el aumento de las facultades policiales?
Lo cierto es que el nombre de control de identidad preventivo es un eufemismo, lo que en realidad se busca es permitir un control de identidad aleatorio. Las facultades que las policías tienen hoy para esto son ya sumamente amplias. No se requiere razones muy complejas para realizarlo, meros indicios de la vinculación con un crimen, delito o falta -cometido o que vaya cometerse-, incluso como testigo, justifican el control. De este modo lo que se busca es que las policías no tengan responsabilidad alguna por controles de identidad hechos de forma arbitraria.
¿Cuáles son las consecuencias que puede traer que finalmente el Senado termine por aprobar esta indicación?
Lo más grave es que casi indudablemente se tratará, como lo ha sido hasta ahora y como lo fue la detención por sospecha, de una herramienta clasista. Es anticipable que los controles de identidad -masivos y arbitrarios- no se harán en los vecindarios, sino que posiblemente en las zonas más vulnerables de la sociedad. Lo único que se logrará será profundizar una sociedad ya muy desigual.
Se argumenta, desde el gobierno y algunos diputados, que con este control se busca encontrar a quienes tengan órdenes de detención pendiente ¿Es una buena herramienta?
No lo es. Dicho con una metáfora, es matar a un mosquito con un cañón. Claro que si se controla masivamente la identidad, eventualmente aparecerá alguien con una orden de detención pendiente. Sin embargo, la verdadera forma de reducirlas es con un trabajo de inteligencia policial enfocado en la búsqueda de personas específicas.
¿Son estos los medios para mejorar la seguridad ciudadana?
No, es evidente que el sistema penal y el procesal penal se pueden mejorar, pero los números muestran que esto no ha resultado ser efectivo y el legislador insiste con responder de la misma manera. Un tema clave, eso sí, es la coordinación de las policías y la Fiscalía, y es algo que tangencialmente trata este proyecto con la creación de un banco unificado de datos, pero es difícil que exista un verdadero efecto en términos de combate a la delincuencia.
¿Cuál cree usted que es el medio para avanzar en esta materia?
Lamentablemente, en materia de seguridad ciudadana no hay respuestas fáciles. Es cierto que la prevención local o la coordinación de policías y Ministerio Público pueden ayudar en algo, pero la verdad ya ha sido identificada hace largo tiempo: luchar contra la delincuencia es luchar contra sus causas. En ese sentido, las llamadas grandes reformas que están en el programa de este gobierno, en la medida que promuevan la igualdad y, por tanto, la integración social, debieran tener un efecto mucho mayor en esta materia que medidas particulares. Como Facultad estamos llamados a aportar en este debate, por lo que en el primer semestre de este año convocaremos a una gran conversación por Chile en lo referido a la seguridad ciudadana.
IMPOSIBLE EXPLICARLO MÁS CLARO
