El mismo día en que se reveló que Piñera (y su señora) tienen constituidas sociedades turbias en Panamá, una investigación de The Clinic denunció que SQM, redactó parte del Decreto Supremo de Piñera que modificó reglamento de Minería, normativa que significó un beneficio para la empresa de Julio Ponce Lerou en su batalla legal con el Grupo Errázuriz. Cabe recordar, que SQM le entregó a Piñera 340 millones de pesos para financiar su campaña política.
El 15 de julio del año 2010, el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, le envió un breve mail a su jefe de gabinete, el actual diputado UDI, Juan Antonio Coloma: “Aceptada: Matías Astaburuaga, SQM”. Cuatro días después de este mensaje, se inició en el ministerio de Minería un nutrido intercambio de correos entre el entonces fiscal de la entidad, Franco Devillaine; la experta en derecho minero del Sernageomín, Adriana Pérez; y Wagner para modificar el Reglamento del Código de Minería e incorporar el uso de GPPs para la medición de hitos y linderos en pertenencias mineras sobre la base de lo que denominaron la “propuesta de Soquimich”.
Se trata de un documento, al que tuvo acceso The Clinic Online, de tres páginas donde se redacta el Decreto Supremo y que contiene algunas anotaciones escritas a mano. El texto quedó reflejado, con pequeñas modificaciones, en el reglamento que firmó el exPresidente Sebastián Piñera y su entonces ministro de Minería, Laurence Golborne. Se trata de una forma de operar similar a la que usó SQM en la ley de Royalty, cuando Astaburuaga redactó el artículo transitorio para incorporar a las mineras nacionales, propuesta que envió el exgerente Patricio Contesse al entonces senador Pablo Longueira. La incorporación de GPS, según recuerdan autoridades de la época, era fundamental para modernizar el sistema y adecuarlo al desarrollo tecnológico, lo que permitía a la industria disminuir los costos y tiempo de tramitación de la constitución de concesiones mineras.
Se trataba, en paralelo, de un área sensible especialmente para Soquimich, que ha tenido en la última década cerca de 2.500 litigios con el Grupo Errázuriz, principalmente por superposiciones, es decir, por el reclamo de ambas empresas de pertenencias mineras en el mismo territorio y la “desaparición” de los pilares que permiten acreditar quién es el dueño. “En suma, se cambiaban unos a otros las señales y luego se llevaba el tema a tribunales”, relata un personero que conoció el debate. La demarcación vía GPS, aunque no permite solucionar pleitos previos, evita a futuro estos costos adicionales que implican años de juicios y, en algunos casos, la paralización de faenas.
La política pública de geoposicionamiento se terminó zanjando el 26 de julio de ese mismo año y en ella, según la investigación realizada por The Clinic Online, Soquimich jugó un rol crucial. Ello porque los mail de medidados de julio dejan en evidencia que parte de la ley fue redactada desde Soquimich, tal como ocurrió con el Royalty, aunque esta vez con una diferencia crucial: funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera, uno de ellos un exsubsecretario, sí estaban al tanto de que la propuesta pertenecía a una de las partes incumbentes. Y a nadie eso le pareció extraño. Más aún, según el informe Shearman & Sterling, que determinó riesgos de soborno de la compañía a políticos por parte de SQM, Wagner es uno de los personeros que recibió cuatro pagos asociados.
PIÑERA RECIBIÓ 340 MILLONESDE SQM CUANDO ERA CANDIDATO, CUANDO ES PRESIDENTE LES DEVUELVE LA MANO ACEPTANDO QUE REDACTEN UN DECRETO SUPREMO QUE LOS BENEFICIA
POR MÁS CORRUPTO QUE SUENE, HABLAMOS DE PIÑERA, NO DEBERÍA SORPRENDERNOS. UN DELINCUENTE DE MARCA MAYOR QUE HACE RATO DEBERÍA ESTAR EN LA CÁRCEL
