Mediante una carta publicada en La Tercera, Sebastián Winter, estudiante de cuarto año de derecho en la Universidad Católica, denunció que en la práctica obligatoria de la clínica jurídica de su casa de estudios, se enteró de que la universidad prohíbe que los futuros abogados realicen trámites de divorcio, por “ir contra el matrimonio indisoluble”. Un artículo de El Mostrador complementa:
Según fuentes del poder judicial, durante 2015 se tramitaron 72.753 divorcios en Chile, de los cuales 40% fueron por causas distintas al común acuerdo. El Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional de 2015 arrojó que el año pasado se registraron 102.517 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales las víctimas fueron mujeres el 77,95% de las veces. Entre los motivos de divorcio distintos al común acuerdo, señalaba Winter en su carta, se incluyen el maltrato físico o psicológico grave contra el cónyuge o los hijos, los atentados contra la vida del cónyuge o hijos, alcoholismo o drogadicción y tentativa para prostituir al otro cónyuge o los hijos, entre otros. “Estas situaciones son reales y ocurren todos los días, siendo muchas veces la ley el único remedio que tienen para poner fin a esto”, decía el estudiante.
Las clínicas jurídicas de la UC son organizadas por la universidad para prestar ayuda jurídica a gente que no tiene los recursos para acudir a otros lugares. Los estudiantes de derecho trabajan guiados por un profesor y, para egresar de la carrera, es requisito hacer dos semestres de práctica. Los alumnos pueden inscribirse en el área del derecho que más les interese: penal, familia, instrucción general, microempresas y otros, y postulan a la práctica como si fuera un ramo más de su malla. Finalmente las notas definen en qué tema quedará cada uno. Los estudiantes no pueden comparecer en tribunales, pero hacen todos los trámites previos a ello, ofreciendo orientación, información y consultas jurídicas. Para ello, los practicantes tienen profesores guías que dependen del director de la clínica, Claudio Valdivia, que no son los encargados de definir lineamientos, que son previamente establecidos por la misma Universidad.
Negarse a tramitar un divorcio no va contra la ley, ni vulnera derechos consagrados en la Constitución. La universidad, sobre todo porque se debe a la iglesia, puede actuar discrecionalmente de acuerdo a su doctrina. Es un tema supra legal, tal como el aborto, del cual la Universidad Católica se restará como aseguró su rector, Ignacio Sánchez, que aseguró que sus médicos dejarán por escrito su objeción de conciencia y derivarán a las pacientes que busquen interrumpir sus embarazos a otros centros hospitalarios. ¿UC y vocación pública? Al menos, cuestionable.
ESTÁN EN CONTRA DEL ABORTO Y DE LOS DIVORCIOS, PERO NO TIENEN PUDOR ALGUNO EN COBRAR MILLONES PARA ATENDER A UN NIÑO QUE LLEGA DE URGENCIA. MUY PUC TODO
