Los Parlamentarios chilenos, los mejores pagados y que menos trabajan de la OCDE, como si no fuese suficiente con ser empleados de los empresarios completamente sobornados, un artículo de La Tercera reveló que además, la mitad de ellos ha tenido problemas con la justicia. Con casos tan emblemáticos como la diputada de la UDI Claudia Nogueira, formalizada por 4 delitos de fraude al fisco, y el diputado del PPD Daniel Farcas, un atorrante con un verdadero prontuario delictual. Parte del artículo señala:
La revisión del historial judicial de los 120 miembros de la Cámara de Diputados y los 38 parlamentarios que integran el Senado, evidenció una realidad, hasta ahora, desconocida al interior del Congreso: uno de cada dos legisladores enfrentó procesos judiciales en los últimos cinco años. Para desarrollar este análisis, La Tercera se basó en los antecedentes contenidos en el sistema de búsqueda del Poder Judicial tanto en los Juzgados de Garantía, Laborales, Civiles, de Cobranza Laboral, como en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. El catastro final reveló que del total de 158 parlamentarios, 74 de ellos estuvieron sujetos a procesos judiciales. Es decir, el 46,8% del total de legisladores. En el desglose por cámara, el 55% de los senadores ha sido objeto de alguna querella o demanda (21 casos), mientras que para los diputados la cifra alcanza al 44% (53 casos).
Si bien los casos de financiamiento irregular de campañas que estallaron el 2014 han centrado la atención de la opinión pública y son causantes de la negativa percepción de la política y el Congreso (83% desaprueba su labor, según la última encuesta GFK-Adimark), la revisión de los casos que llegaron a tribunales arroja otro tipo de denuncias como, por ejemplo, que 30 legisladores, casi el 20% del Congreso, enfrentaron procesos ejecutivos por incumplir el pago de cotizaciones previsionales o los seguros de cesantía de sus empleados. Otro grupo, en tanto, fueron demandados en ámbito civil y laboral, y una cantidad menor enfrentó querellas o causas penales por cometer presuntos delitos y por los cuales la fiscalía pidió su desafuero. Aunque el 46% de estos casos se encuentra archivado y un 28% fueron cerrados. Pese a ello, aún siguen vigente un 26% de casos contra parlamentarios.
SI ESTA MINORÍA DE DELINCUENTES EMPLEADOS DE LOS EMPRESARIOS HACEN LAS LEYES
¿POR QUÉ MIERDA TENEMOS QUE OBEDECERLAS?
