Tras el circo que significó la interpelación realizada el día de ayer a la Ministra Javiera Blanco, donde salvo Camila Vallejo y René Saffirio, ningún otro político se refirió a la crisis estructural del Sename, donde miles de niños, que se supone están a cuidado del Estado, son golpeados, drogados, violados, torturados y asesinados. Al respecto, un artículo de Radio Villa Francia sacó a colación el convenientemente poco conocido Informe Jeldres, que revela la constante vulneración de derechos que sufren los niños en el Sename.
Cuando se conoció el Informe Jeldres, elaborado en el 2013, tras un acuerdo de colaboración entre el Poder Judicial y la UNICEF Chile, fue una bofetada de realismo, crudo, violento y desolador sobre la realidad de los niños y niñas bajo la tutela del Sename. El informe, el primero en su tipo y con su metodología, abarcó 10 regiones, se revisó en la práctica el funcionamiento de diferentes centros (externos y directos) del Sename, de diferentes regímenes, cerrados, semi cerrados, residencias, entre otros. Además se realizaron fichas, encuestas y entrevistas directas a niño y niñas del Sename. El mismo tuvo un costo de 200 millones de pesos y fue liderado por la Jueza Mónica Jeldres. ¿El resultado? 6.500 niños y niñas en alto riesgo en el sistema residencial y el más horrendo cuadro respecto a la infancia bajo la tutela del Estado.
El informe fue entregado a quienes lo habían pedido. El Poder Judicial, bajo el área al mando del Juez Héctor Carreño (Ministro de la Corte Suprema) recibió el informe. ¿Qué se hizo luego? Nada. El informe fue conocido por diversas organizaciones de Derechos Humanos y ligadas a la Infancia y trascendió. Aquello motivó la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados (Comisión Sename 1). El que luego de estudiarlo e investigar en diversas sesiones por casi un año emanó un informe final (aprobado en la Cámara) que dio cuenta de una crisis profunda, de vulneraciones de derecho terribles, condiciones paupérrimas y un abandono grave por parte del Estado de Chile que en un momento decidió la externalización y privatización del sistema a manos de fundaciones ligadas a la Iglesia y partidos políticos dejándolos a cargo de los menores (hoy representa más del 90% de las atenciones a cargo del Sename).
En parte del informe Jeldres y el cual se trabajó en la Comisión del Sename 1, se podía constatar la realidad de Centros en donde los encargados prostituían a las niñas (Arica), otros en donde se constató el abuso sexual intra-residencial reiterado (Aldeas S.O.S.), condiciones precarias, torturas, aislamientos y casi nula atención médica y psicológica en cientos de casos de menores. A eso se incluye, en el lapidario informe, los Hogares de Alto Riesgo, por ejemplo: En Arica 3, en Antofagasta 4 de 5 residencias de protección, Coquimbo 1 de 3, Valparaíso 18 de 24, en el Maule 8 de 11, en Los Ríos 1 de 2, solo por mostrar algunos. A eso se sumaba el hacinamiento en varios de ellos, una precaria infraestructura, menores con enfermedades graves sin tratamiento, mala alimentación, personal insuficiente y mal remunerados, graves problemas en seguridad, entre otros. Algunos de los asesores durante el trabajo de la Comisión “Sename 1” relatan que los informes y relatos eran tan impactantes y horribles que a muchos, desde el propio Congreso, se les ofreció ayuda psicológica, algunos de hecho la tomaron.
Tras la aprobación del informe de la Comisión, Diputados -de forma unánime- de esa instancia anunciaron una acusación Constitucional en contra del Juez de la Corte Suprema Héctor Carreño, quien tras recibir el Informe Jeldres, que el mismo Poder Judicial había pedido realizar, lo criticó, guardó y ocultó. La acusación en sala no prosperó, luego de un feroz lobby y del acuerdo político en bloque entre la Nueva Mayoría y la Alianza. La votación respecto a la acusación constitucional contra Herera fue de: 30 votos a favor, 71 en contra y 10 abstenciones, por lo que finalmente se rechazó. De las casi 200 recomendaciones establecidas en dicha oportunidad en el Informe emanado de la Comisión poco y nada se ha implementado en la práctica, más allá de anuncios y buenas intenciones y la situación siguió agudizándose hasta su actual situación que, aunque se creía que no podía ser peor, hoy demuestra la mayor crisis que ha tenido el organismo desde que fue creado en 1979, o por lo menos la mayor que el país ha podido conocer.
A modo de ejemplo sobre la poca seriedad que se le dio a los terribles informes, la Directora Regional del Sename de Arica, Vivianna Matta, tras las graves denuncian en Centros del Sename a su cargo en esa región, que incluían explotación sexual infantil, falta de atención a menores con VIH, entre otros hechos graves, fue removida de su cargo, sin embargo a las dos semanas fue nombrada como directora regional de la JUNAEB en la misma región de Arica. “Y es que los casos se ponen en la palestra por el morbo, el sensacionalismo de los medios, luego bajan y sigue todo igual y eso es terrible“. Así lo resume Lorena Bustamente, de la Red Infancia Chile. Y no deja de tener razón, cada cierto tiempo tiempo un caso logra salir a la luz, se discute unos días en los medios y luego, todo sigue igual. Así ocurrió el 2010 con el caso en el Centro Coanil, donde una menor fue amarrada a una silla, torturada y fotografiada. El mismo año se conoció los casos de abuso sexual. prostitución y estupro cometidos por 8 funcionarios del Hogar Capullo de Chiguayante. El caso del apuñalamiento de Daniel Ballastero en uno de los Centros Modelos del Sename en Til Til el año 2013, también remeció a los medios.
Este año, la crisis -pública- del Sename detonó tras la muerte de Lissette de solo 11 años. Tanto la explicación “murió de pena” como el contexto de su muerte en el Cread Galvarino de Estación Central generó duros cuestionamientos. El caso de la pequeña Lissette removió las conciencias, se escribieron columnas, se anunciaron intervenciones y revisiones profunda. ¿Qué ocurrió? Tras la salida del cargo de la Directora Nacional del Sename, Marcela Labraña (DC) y a un mes después del deceso de Lissette una comisión de jueces de familia del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, visitó el CREAD Galvarino (y otros 7 centros) y concluyó en su informe lo siguiente: “no se observa que se hayan adoptado, ni por la residencia ni por Sename, medidas ciertas y seguras para evitar un nuevo hecho de estas características“. El informe es aún más lapidario, señalando que los funcionario “desconocen la cantidad de niños y niñas a su cuidado” y que “llama la atención que se reintegre personal acusado de maltrato“, que estaría además repitiendo ese patrón de conductas, “sin cumplir, por lo tanto, con la protección y bienestar que están llamados a cumplir a cabalidad“. Nuevamente nada, sin embargo, en medio de acusaciones y tensiones políticas, se crea nuevamente una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la Comisión “Sename 2”.
Por primera vez el Estado de Chile reconoce 185 muertes de menores bajo su tutela. Fue el pasado 11 de julio, en la denominada “Comisión Sename 2” de la Cámara de Diputados, que, por primera vez en la Historia del país, el Estado de Chile reconoció la muerte de 185 niños y niñas bajo su tutela (Sename) entre los años 2005 y 2015. Sin embargo, como se reconoció después, la cifra (o stock, según la declaración de la Ministra Blanco en la Comisión), no contemplaba a los infractores de ley, además las cifras contradecían los propios anuarios del Sename. El Diputado René Saffirio (ex DC) hizo público que los casos de muertes de menores bajo la tutela del Sename llegaban a la brutal cifra de 477 niños y niñas. El hecho es que, hasta hoy, no se tiene certeza de la cifra exacta de muertes de niños y niñas bajo la tutela del Estado (Sename) ¿la razón? porque quienes están a cargo de niños (Centros Privados o “Colaboradores”) son casi el 90% de la atención en el sistema del Sename, y estos no se rigen por estatuto administrativo (como los Centros que dependen directamente) rigiéndose solo por el Código Laboral, de este modo cuando muere un niño solo se contabiliza como “egreso”, no como muerte y complica un eventual sumario e investigación.
La comisión pidió aclarar el cómo, cuando y bajo que circunstancias se dieron estas muertes, para ello se pidió los nombres de pilas solamente para no vulnerar derechos ni la dignidad de las familias. Hasta ahora el ministerio no ha respondido al detalle exigido. Sin embargo, paralelamente se ha podido conocer algunos casos de estos decesos por documentación del Servicio Médico Legal, estos van desde traumatismo cráneo encefálico por caída de altura, asfixia por contenido gástrico, ahorcamiento, carbonización blanda, hipoxia, causas indeterminadas, entre otras.
