La criminalización sistemática del Estado chileno al pueblo mapuche tiene una única gran motivación: Defender a las forestales que destrozan el medio ambiente con monocultivos de pino y eucalipto. Ya que si al mundo mapuche le quitas el discurso del «Terrorismo», lo que queda es la justa demanda por territorios y la defensa a la naturaleza. Dos cosas que atentan directamente contra el negocio de la depredación forestal que hacen las empresas de Matte y Angelini, grupos económicos que son reconocidos financistas de campañas políticas.
En Tirúa, en el sur de la provincia de Arauco, la comunidad María Colipi viuda de Maril lleva más de 40 años de lucha intentando recuperar el fundo Labranza, parte de su territorio ancestral. Devuelto el predio durante el gobierno de Allende en 1971, la contrareforma agraria impulsada en dictadura por Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet, volvió a despojarlos de sus tierras las que, acto seguido, fueron traspasadas a empresas forestales. Hoy, cuando se cumplen 50 años del inicio de la reforma agraria, la nueva generación mapuche de la María Colipi ha vuelto a la carga, esta vez ocupando, controlando y trabajando el fundo Labranza a pesar de las presiones e influencia de la poderosa forestal Mininco y el grupo Matte.
