Tras la confirmación de la salida alternativa a SQM, mediante el pago de apenas 2.550 millones de pesos, (que es una fracción de las ganancias que obtienen anualmente), el abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, en entrevista para El Mostrador, realizó un duro análisis de lo que, a su juicio, es un intento por desmantelar el caso y garantizar la impunidad para la corrupción político/empresarial del país.
SQM logró una salida alternativa a cambio de 2.550 millones. ¿Cómo interpreta la noticia?
Se trata de una muy mala señal, que se envía al mundo empresarial y político, en el sentido de establecer que en el caso de pagos y sobornos a altas autoridades de la república, efectuados por grupos económicos en Chile, las empresas no tienen nada de qué preocuparse, si es que finalmente llegan a ser descubiertos. Aquí, gracias al pago de una suma que corresponde a una fracción de las utilidades de estas compañías, pueden quedar impunes y mantener los beneficios que habrían logrado a partir del pago de estos sobornos.
A su juicio, la salida es una burla…
Obviamente el acuerdo que ofertó el fiscal Gómez a la empresa SQM es una burla y, además, vulnera los principios fundamentales de todo proceso penal. Hay que considerar que en este caso no existe una sanción real para la empresa a la cual se le imputan hechos de corrupción, en la medida en que lo que se pide a cambio de garantizar la impunidad a SQM es el pago de una suma de dinero que equivale a una fracción de las operación diarias que realiza la empresa, 40% de las cuales corresponden a la explotación abusiva de propiedad fiscal en el salar de atacama. Por otra parte, no se obtiene ningún efecto preventivo real para los efectos de generar una disuasión al resto del empresariado en cuanto a señalar que este tipo de conductas finalmente van a ser perseguidas y castigadas de manera ejemplar. Con el acuerdo de Gómez, queda claro que en Chile corromper a altos funcionarios públicos es un muy buen negocio para el empresariado.
Desde la Fiscalía, se argumenta que de este modo se recaudaría el doble de dinero.
El proceso penal no es un mecanismo de recaudación de dinero para beneficencia, sino que tiene otros fines. Hay que recordar que finalmente estamos ante los hechos de corrupción más graves que se han investigado por la Fiscalía, desde su creación. En este ámbito, una reparación económica no es suficiente para los efectos de poder enmendar el daño que se ha generado a la fe pública, a través de estos actos de corrupción. Sin perjuicio de aquello, también el argumento de que finalmente la sanción económica a la empresa es mayor a partir de este acuerdo que aquel que se habría concretado en caso de condena por juicio oral, es engañoso. Aunque SQM hubiese sido condenado al pago de un peso como autor de soborno en conformidad a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el daño para SQM habría sido inconmensurable. De hecho, a partir de las normas de vigilancia que tienen las empresas habitualmente, en el ámbito de la OCDE, se le habrían cerrado las puertas a SQM para obtener financiamiento en el extranjero o incluso contratar con empresas públicas o privadas. Por lo tanto, esta es la razón por la cual ellos llegan a un acuerdo.
Como querellante, ¿hay alguna alternativa que tengan para revertir esta salida alternativa que logró SQM?
La verdad es que acá se ha construido un circulo perfecto para garantizar la impunidad de aquellos personeros del mundo político y empresarial involucrados en delitos de financiamiento ilegal y corrupción, esto porque lo que se ha realizado es una actuación consistente en dividir la causa, planteándole a los tribunales que estaríamos frente a innumerables casos de delitos tributarios, aislados uno de otros, y a partir de aquello se han ido cerrando, sin que las personas que aparecen emitiendo boletas falsas aporten ningún antecedente que permita esclarecer el fondo de estas redes de corrupción. En este contexto resulta muy difícil hacer algo. En el caso de nosotros, como fundación, la ley limita nuestra actuación en contra de funcionarios públicos que hayan cometido delitos en ejercicio de sus funciones y en contra de la probidad, por lo tanto nuestra acción está restringida a eso, pero lo haremos efectivo al máximo.
¿Qué reflexión, después todos estos años ligado al caso SQM?
La primera reflexión es que nuestro estado de derecho no resiste las pruebas materiales correspondientes a una democracia verdadera. Por otra parte, la verdad es que finalmente cuando estamos frente a delitos cometidos por miembros de nuestra elite económica y política, existe una justicia distinta a la que habitualmente se le aplica al resto de los ciudadanos; esta justicia de clase ha quedado de manifiesto de manera bastante desvergonzada, en las últimas actuaciones que se han realizado por quienes dirigen el Ministerio Público con la finalidad de garantizar la impunidad a este puñado de personas, aun a costa de hipotecar la credibilidad del Ministerio Público como institución. En muchos ámbitos nuestra institucionalidad es de cartón y no vivimos en el país que se nos presenta por parte de muchos personeros, como un lugar serio, avanzado, con altos índices relativos a transparencia, y probidad. Obviamente tenemos un largo camino que seguir. Sin embargo, con todo, exponer esta situación de una manera tan cruda y evidente ante la opinión pública, puede constituir un primer paso para identificar que vivimos un problema grave como país en este ámbito.
¿Por qué sostiene, con tanta vehemencia, que la sanción a SQM no constituye un elemento disuasivo?
El proceso penal tiene varios fines. El primero debiese ser establecer la verdad de aquellos hechos que son objeto de una investigación y que pueden revestir caracteres de delitos; en ese contexto, si es que existe una vez establecida la verdad de lo sucedido, se deben aplicar medidas que generen un efecto no solo sancionatorio, sino preventivo, de manera eficaz. En el caso de SQM, lo que se ha hecho básicamente es garantizar la impunidad a cambio de una suspensión condicional por medio de la cual la empresa no reconoce haber cometido ninguna actuación ilícita, y por esta vía impide que enfrente a los tribunales de justicia en un juicio oral. Con esto, lo que se logra es que la empresa. a través del pago de una suma de dinero, finalmente no tenga o no pueda ser condenada. El efecto preventivo se habría logrado en la medida de que un tribunal de justicia hubiese conocido y declarado qué es lo que finalmente ocurrió con esta red de corrupción, y en caso de encontrarla culpable, aplicar una sanción.
Se ha dicho de que el pago que efectuado por SQM a partir del acuerdo de Gómez, seria mucho mas alto que aquel que se habría obtenido en el juicio oral, pero eso es no entender que esto no es un caso sobre delitos patrimoniales, sino sobre hechos de corrupción graves y un soborno que se habría concretado respecto de un ex ministro y ex senador de la república para obtener un régimen tributario especial en favor de SQM, lo que finalmente se habría logrado. En ese contexto, el pago de 3.8 millones de dólares aparece como una burla, porque no solamente esto corresponde a una fracción de lo que gana al día SQM, sino que además considerando el hecho de que el régimen tributario que ellos obtuvieron ilegalmente a partir del pago de coimas, se mantiene. Eso significa que ellos se van a seguir beneficiando del producto de su ilícito. Si ese régimen tributario funciona 1 o 2 años más, ya van a recuperar el dinero que pagaron para garantizar su impunidad. Además, una parte importante de las utilidades de SQM corresponden a la explotación que hace esa empresa minera de propiedad pública. Si todo esto no fuera poco, se debe considerar que se priva, a través de este acuerdo, de que haya una sanción ejemplar en contra de esta compañía que ha sido señalada como el principal agente corruptor del cual se haya tenido noticia en la historia judicial de nuestro país. Si SQM hubiese sido condenada en juicio oral, aunque fuese un peso, la empresa habría sufrido un daño enorme que la habría imposibilitado de conseguir financiamiento y de contratar empresas en el extranjero. El que Gómez trate de vender esto como un éxito, es inverosímil; detrás de sus acciones no hay voluntad para efectuar la labor legal y constitucional del Ministerio Público, que es esclarecer y perseguir delitos, especialmente cuando son graves y atentan contra la fe pública
Una sociedad que sólo encarcela a los pobres no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Por eso es que el discurso del populismo penal y la «mano dura» es fascista, ya que su objetivo sólo es meter presos a la gente pobre, mientras tanto, los delincuentes de cuello y corbata pueden cometer todos los delitos del mundo y jamás les pasa nada
