La principal crítica al Tribunal Constitucional radica en que no es una institución que vela por la constitucionalidad de las leyes que aprueba el Congreso, es un organismo político, con ministros designados por cuoteo por los mismos partidos de siempre, que como bien lo resume Ciper Chile, en una especie de tercera cámara que opera por sobre el Congreso. Para ejemplificar lo anterior está el caso del ministro Cristián Letelier, que no sólo fue ex diputado de la UDI, también le pidió plata a Penta, con todo el conflicto de interés que aquello significa. Artículos de El Mostrador y La Tercera detallan su caso:
En el mundo jurídico se le conoce como litigante. De hecho ha sido asesor legislativo de importantes figuras gremialistas, como la ex candidata presidencial Evelyn Matthei y el senador y ex secretario general de la tienda de Suecia, Víctor Pérez. Letelier jamás ha ejercido como juez y no tiene mayor prestigio en temas constitucionales. Lo que da luces de que su llegada al Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con su trayectoria jurídica, sino más bien con su carrera y vínculos políticos. Realidad que, según diversos actores, se sostiene gracias al cuoteo que en la práctica domina a este tipo de designaciones.
No sólo en redes sociales generó debate el antiguo vínculo con el caso Penta del actual ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier, quien fue uno de los magistrados que apoyó la decisión de suspender la incautación de documentos en la arista de SQM de la misma causa. Antes de asumir en el TC, Letelier -ex diputado UDI- fue abogado de Paula Rojo, secretaria de Alberto Cardemil, cuando fue citada a declarar en el caso Penta. Ex parlamentario, además, figuraba en uno de los correos incluidos en la carpeta de la fiscalía. En ese mail Letelier solicita a Carlos Alberto Délano -socio controlador de Penta- financiamiento para campañas electorales.
El Tribunal Constitucional es una figura que existe en otros países pero son organismos técnicos e independientes, en Chile en cambio es un tribunal político que está por sobre el Congreso y está compuesto por corruptos empleados de los empresarios