La denominada «Ley Longueira» le regaló todo el mar chileno a los empresarios dejando a los pescadores artesanales sin trabajo ni comida. Para peor, se comprobó que fue aprobada a punta de sobornos, donde todos los supuestos «criterios científicos» esgrimidos para justificarla, a la larga no sólo no existían, si no que eran inventos de las propias empresas pesqueras que Longueira y el resto de los políticos vendidos presentaban como suyos.
La Ley Longueira no sólo debe ser anulada, (derogarla significaría recompensar económicamente a las empresas pesqueras), sino que también los políticos sobornados llevados a la justicia por corrupción. Donde sin ir más lejos, Corpesca hablaba hasta de «sus parlamentarios» en plena tramitación de la ley. (Corpesca que por cierto, se ahorró 4.670 millones de pesos gracias a un artículo presentado por Rossi y Orpis) A continuación el listado de parlamentarios que recibieron dinero de las pesqueras o tienen algún conflicto de interés.
Después de declarar por más de cuatro horas como imputado en el Caso Corpesca, el senador de la UDI Jaime Orpis, reconoció que pidió y recibió 150 millones de pesos de Corpesca a través de boletas falsas. Recordemos que además, también está confirmado que Orpis les quitaba gran parte del sueldo de sus asesores parlamentarios. La Fiscalía acusa al senador gremialista de actuar como “emisario” de los intereses de Corpesca en el Congreso, sobre todo cuando se tramitó la aprobación de la Ley Longueira.
En la investigación que lleva adelante la Fiscalía en contra de Corpesca (propiedad del Grupo Angelini), por los múltiples sobornos pagados a parlamentarios para aprobar la Ley de Pesca, se revelaron nuevos correos que demuestran la increíble corrupción para aprobar esta ley que le regaló todo el mar chileno a los empresarios. La Tercera detalló el contenido de los vergonzosos mails entre Marta Isasi (ex UDI) y Corpesca: “Martita, me alegro que estés regresando (al Congreso), por el lado de tu salud y además por el gran trabajo legislativo. Se nos vienen tiempos muy difíciles con las leyes pesqueras. Cuenta con ese monto, así que envíame algún documento contable para sacarte el cheque”. El texto, escrito el 17 de noviembre de 2011 por el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica. En respuesta Isasi le escribe, el mismo 17 de noviembre, pero dos horas después: “¿Te sirve una boleta de honorarios? ¿O prefieres una por facturas de servicios? En la comisión estaré una vez más dando la gran pelea por la pesca. Dios mediante nos guiará, estoy segura. El jamás nos abandona”, escribió.
El vínculo de Andrés Zaldívar con el grupo Angelini tiene una larga historia. Durante el año 2002, cuando se actualizó la Ley de Pesca, el entonces presidente de la Cámara Alta fue cuestionado por la relación comercial que tenía él y su hermano, Adolfo Zaldívar, con la empresa pesquera Eperva, la más importante del grupo Corpesca, del consorcio Angelini. La relación de Andrés Zaldívar con la empresa del grupo Corpesca se inició en 1993, cuando el senador junto a su hija y su esposa compraron títulos en la entidad; posteriormente, en el año 2001, compraron acciones Alberto Zaldívar Larraín, Javier Zaldívar Larraín, Gonzalo Zaldívar y Guadalupe Zaldívar. Además el hermano de los parlamentarios, Felipe Zaldívar, era presidente de Eperva, pesquera del grupo.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez, y una serie de organizaciones de pescadores artesanales que señalan que el Senador Fulvio Rossi.“La querella que presentamos es en contra de los cinco senadores de la comisión Pesca del Senado que en su momento recibieron 500 millones de pesos de parte de la misma industria, de parte de Corpesca del grupo Angelini, la cual financiaba a cinco senadores de la República
El Ministerio Público consultó en agosto a Lorena Lara, nuera de Viviana Quiroz, la jefa de gabinete del UDI Jaime Orpis, sobre cinco boletas que aparecen emitidas a la instancia en 2011, sin su autorización y por servicios no prestados. Además se le preguntó si había hecho algún trabajo para la bancada de la época, que hoy, con la excepción de Novoa que ya no es parlamentario, se mantiene casi intacta. Las consultas apuntaron Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro, Hernán Larraín, Víctor Pérez y Jovino Novoa.
Nuevas acciones penales anuncia el diputado PC, Hugo Gutiérrez, en relación a la investigación que la fiscal Ximena Chong realiza entre Corpesca y políticos. “Mis abogados ya tienen la orientación e instrucción mía a efectos de redactar la querella en contra de Víctor Pérez por los eventuales ilícitos que habría cometido en lo referente a la ley de pesca”, dice Gutiérrez. Según detalla, la próxima semana acudirá hasta el Cuarto Juzgado de Garantía para interponer la acción penal.
Entre el 4 y el 6 de octubre de 2012, un intercambio de correos entre ejecutivos de grandes pesqueras, alertó sobre la existencia de un Protocolo de Acuerdo de la Ley de Pesca que era impulsado por Horvath y resistido por la industria. En los mails, que la Fiscalía investiga, Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Horvath, quien fue presidente de la Comisión de Pesca durante la tramitación del proyecto, se había reunido en La Moneda con el entonces Presidente, Sebastián Piñera; su Ministro de Economía, Pablo Longueira, y el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para discutir la implementación de un acuerdo que permitiera destrabar la cuestionada ley que permitió la concentración de los recursos marítimos en siete grandes familias a las que se les permitió la explotación de los recursos (Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz).
La fiscal Centro Norte, Ximena Chong, descubrió boletas ideológicamente falsas emitidas al Comité de Senadores de la UDI en el marco de la investigación del caso Corpesca por “asesorías arquitectónicas” que nunca se realizaron. Específicamente, el Ministerio Público enumeró a cada uno de los integrantes gremialistas de la Cámara Alta de ese año. A saber: Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Ena von Baer y Jovino Novoa. Sólo este último no está hoy en el Senado.
Gonzalo Infante es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, donde obtuvo su título en 1994. Ha trabajado en el mismo staff en el que participó el diputado DC Jaime Pilowsky –Cisternas, Concha & Pilowsky abogados–, y su nombre apareció en el caso luego de que el Servicio de Impuestos Internos lo incluyera en la denuncia que presentó el 2 de abril por pagos irregulares recibidos desde Soquimich. El abogado, de 48 años, recibió $4 millones gracias a una boleta que emitió a SQM en junio de 2009, año de elecciones parlamentarias. Esa boleta fue rectificada por la empresa, reconociendo que no se halló documentación suficiente que respaldara dicho pago. Infante es compadre y amigo íntimo del presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg –como él mismo reconoció ante el Ministerio Público–, y en el partido de centroderecha comentan que ha participado en las campañas parlamentarias del legislador. Aunque la Fiscalía no ha dado a conocer los detalles de la boleta que Gonzalo Infante emitió a la pesquera, y sobre la cual el abogado optó por guardar silencio, en el Diario Oficial sí existe información sobre quiénes son sus controladores.
Arauco también corrigió los $30 millones que en abril de 2012 pagó a Cristián Warner Comunicaciones, la empresa de quien fuera la mano derecha de Marco Enríquez Ominami, que hoy es investigado por la Fiscalía por otros pagos de SQM que no tienen respaldo. Lo mismo ocurre con la corrección que hizo Copec a los pagos a otra sociedad ya investigada por recibir platas políticas ilegales desde Penta: Asesorías e Inversiones La Manada, ligada a Pablo Zalaquett (UDI). El contador general de Copec, Ricardo Vargas, mencionó en su declaración el 1 de septiembre pasado, que también se rectificaron algunos pagos a C2P la consultora del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi, quienes investigado por facturas emitidas a Aguas Andinas y SQM. Yaconi fue miembro del comité de financiamiento de la fallida candidatura presidencial de Frei en 2009.
Tal como consta en la declaración de intereses del Senador Jovino Novoa, a través de la sociedad Inversiones y Mandatos S.A. tiene participación en la Sociedad Comercial Nahuelbuta, dedicada a la exportación de productos del mar. Esta empresa también se verá afectada por la ‘Ley de Pesca’, por lo que, en este caso, el Senador Jovino Novoa, al no inhabilitarse, no estaría cumpliendo lo establecido en el artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, al votar un asunto que le afecta directamente. Con estos antecedentes expresados en la carta, acompañada además de documentación que comprueba estas afirmaciones Fundación Ciudadano Inteligente solicita a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado que reconsidere la recomendación realizada a estos parlamentarios y sugiera a éstos inhabilitarse en la tramitación de este proyecto de Ley.
La primera rectificación de Siemel incluyó a otras personas ligadas a la Democracia Cristiana. Es el caso de la abogada Carolina Tello Rojas, quien emitió una boleta por $7 millones el 1 de julio de 2011. Desde 2014, Tello asesora al diputado por Aysén, Iván Fuentes (independiente). Consultada por CIPER, declinó referirse a este asunto. Otras fuentes consultadas aseguraron que ella formaba parte de una red de boleteros que creció en la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana al final del primer gobierno de Bachelet, cuando el Seremi era Antonio Saavedra Veas (DC), quien ha sido miembro del tribunal supremo de ese partido. Saavedra afirmó a CIPER que no tiene ninguna relación con esa red de boleteros. Saavedra Veas aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asesor externo de la bancada DC al menos hasta el primer semestre de 2014 y también registra pagos por asesorías al diputado Gabriel Silber (DC)y al ahora ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio (DC).
De acuerdo con la declaración de patrimonio del Senador Carlos Larraín, éste tiene 13.813 acciones de la Sociedad Pesquera Coloso, empresa dedicada a la pesca y al procesamiento de alimentos marinos, la que se verá afectada por la Ley actualmente en discusión. También de acuerdo con información recopilada. De no inhabilitarse, sel senador Larraín también estaría infringiendo el artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Por otra parte, la investigación realizada por Ciudadano Inteligente sobre los conflictos de interés de los parlamentarios, comprobó que el Senador Larraín tiene un 10% de participación en la empresa Quellón Limitada, empresa dedicada también al rubro pesquero, y que se verá afectada por el proyecto de Ley en discusión. En el Diario Oficial y en la página web del Servicio de Impuestos Internos, esta sociedad se encuentra con vida tributaria y legal, pero no ha sido incluida en la declaración de patrimonio del legislador.
Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton. La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones. Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).
Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich,mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.
El financiamiento ilegal que proporcionó el Grupo Angelini al PRI no solo provino de Inversiones Siemel. Así se desprende al desmenuzar el listado completo de las rectificaciones que hicieron ante el SII las empresas del grupo. Copec realizó cinco pagos entre 2012 y 2013 a Marcelo Peñaloza Villalobos,por un total de $27 millones. Otros $21,5 millones le giró Arauco al mismo Peñaloza en igual periodo. Además de las boletas falsas que Peñaloza emitió a Copec y Arauco, hubo otras dos para SQM, empresa que aportó más de $350 millones ilegales al PRI. Marcelo Peñaloza está casado con la hija de Humberto de la Maza, quien fuera presidente del PRI hasta fines de 2015, y en su declaración judicial reconoció que las boletas por esos $48,5 millones eran falsas. Lo mismo ocurrió con la ingeniero comercial María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, quien reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza -entre 2012 y 2014- en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI.
Entre las acciones desplegadas por Corpesca para influenciar en la tramitación parlamentaria de la Ley de Pesca, los denunciantes afirmaron que no sólo se destinaron fondos a campañas políticas de senadores y diputados, sino que también se elaboró incluso una minuta entregada a parlamentarios que resumían los intereses que defendía el sector industrial de la pesca mientras se discutía el proyecto tanto en Sala como en la comisión especializada. En su momento, hubo múltiples denuncias sobre posibles conflictos de interés que se cursaron ante las Comisiones de Ética de ambas cámaras, que evidenciaban los vínculos económicos existentes entre los parlamentarios y varias de la empresas que resultaron más beneficiadas con la aprobación del proyecto de ley. En aquel entonces, la Comisión de Pesca del Senado estaba integrada por los senadores Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag.
Este martes el senador Patricio Walker reconoció que, a solicitud de Iván Fuentes, solicitó financiamientos a una persona natural para la campaña del ahora diputado y que los dineros llegaron desde una empresa pesquera. De esta forma, el senador declaró que le pidió “aportes a personas naturales, personas que hablaron con algunas empresas”, pero que nunca le comentó a Fuentes de dónde venían los recursos, “no era necesario decírselo”. “Yo no lo dejé solo y cumplí con la petición que me hizo. Estaba el problema de los gastos personales y lectorales y ayudé en ambas situaciones”, agregó el parlamentario.
El diputado Iván Fuentes hizo frente a la investigación realizada por Informe Especial relacionada con los sobornos que recibió de las empresas pesqueras, tanto cuando era dirigente como en período de campaña electoral. De paso, de manera sospecha, salió en defensa del senador de la DC Patricio Walker. “Cuando me invitaron a esta aventura, conversamos el tema de la campaña; sin embargo, tengo una vida familiar, la que quiero tener resguardada. Cuando me invitaron a esta campaña, yo dije que necesitaba un respaldo para que mi familia tuviera tranquilidad, como debe ser. Acá queremos tapar el sol con un dedo. A mí el senador Walker no me dijo de dónde venían los dineros, yo pregunté cuál era la forma legal de obtener fondos y me dijeron que a tráves de los fondos reservados, por eso yo no pregunté”. “Las campañas las financian los ricos. No queramos tapar el sol con un dedo (…) primero vivir una vida de necesidades ha sido mi ruta, por una vez en mi vida me sirve ser pobre, porque tengo huevos. No tengo ni uno ahorrado, pero el error que reconozco es haber recibido lucas para viajar, pero yo lo justifico porque tenía que venir”
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por pescadores y organizaciones ciudadanas para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario, situación en la cual la compañía Corpesca, propiedad del grupo Angelini, habría entregado 500 millones de pesos –1 millón de dólares de la época– a los senadores miembros de la Comisión de Pesca, que entre 2011 y 2012 tramitaron la Ley de Pesca, según informó Ecoceanos. Los tribunales además acogieron que los pescadores artesanales se sumen a otra querella que ya investiga la Fiscalía y en la que también la empresa Corpesca habría entregado 25 millones de pesos a la ex diputada por Iquique, Marta Isasi, quien fuera la parlamentaria informante de la Cámara Baja en la tramitación de la Ley de Pesca. Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.
Uno de los abogados querellantes en el caso CORPESCA Matías Ramírez, señaló que el Ex Senador de la Democracia Cristiana Hosain Sabag podría ser llamado a declarar en lo que se ha denominado la arista ASIPES, por los contactos que tuvo esta entidad industrial pesquera con parlamentarios y el posible financiamiento irregular de políticos. El abogado es también representante de pescadores artesanales, los que se querellaron contra los parlamentarios que estaban el la Comisión de Pesca por considerarlos parte del entramado de corrupción de la Ley de Pesca. Cabe recordar que Sabag fue Senador por la Región del Biobío y miembro de la Comisión de Pesca en medio de la tramitación de la Ley Longueira. Sabag aparece mencionado, junto a Cristián Campos, en correos que involucran conversaciones entre Francisco Mujica, ex Gerente de Corpesca, Rodrigo Sarquis, Gerente de Blumar y Luis Felipe Moncada, Gerente de Asipes. La querella de los pescadores se debe a datos aportados por Nelson Ávila, ex senador que señaló que los miembros de la Comisión recibieron 500 millones de pesos por parte de CORPESCA mediante el artilugio de “gastos reservados”.
Según detalló Solange Hermosilla a la Fiscalía, asesora personal de Pablo Longueira y emisora de los documentos, declaró que la Pesquera El Golfo, una de las más grandes del mercado, le entregaba dinero a Longueira a través de Carmen Luz Valdivieso, su histórica asesora personal. Por otra parte, la Sipes reconoció “pago de honorarios” a los abogados Sebastián Prat Panatt y Alonso Mora Rodríguez. Mora es hijo de la prima de Pablo Longueira, María Domínguez Longueira. Ambos abogados habrían prestado servicios a la agrupación gremial por $11,3 millones. Otro de los nombres relacionados a Longueira es el de José Carlos Feres Ducci, quien emitió boletas a SQM por $12 millones. Según Ciper, su padre Carlos Feres Rebolledo, fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano y actuó como el principal asesor del ex ministro de Economía en la tramitación de la Ley de Pesca. Otro artículo de Radio Del Mar señala sobre el mismo tema: La investigación que desarrolla la Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, respecto a dinero entregado por empresas a sectores políticos a cambio de boletas por trabajos no realizados, ahora también involucra a los empresarios pesqueros agrupados en Asipes.
En 2014 presidía la Comisión de Pesca del Senado y pensó que si dejaba de convocar a sus sesiones paralizaría un proyecto de ley que la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes) quería torpedear. Se equivocó. Otros miembros de la comisión se auto convocaron y en octubre de ese año el proyecto fue despachado a la sala de la Cámara Alta. Al enterarse, la senadora comentó en voz alta, en referencia a los empresarios de la Asipes: “Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas”. La escuchó su asesor, Joel Chávez, quien recordó y repitió la frase al declarar ante la fiscalía el 4 de agosto de 2016 en la investigación por financiamiento político ilegal facilitado por pesqueras.
Olvidemos por un momento discursos como «solidaridad entre pueblos» o de «compensación por la Guerra del Pacífico» y concentrémonos en los aspectos técnicos. Chile tiene 8 mil kilómetros de costa, no costaría nada negociar un pedazo de salida al mar a Bolivia que lo único que hará será fomentar el desarrollo en la región. Pero claro, el discurso patriotero y chovinista del «ni un centímetro de mar a Bolivia» les sirve mucho más a los políticos para defender los intereses de quienes les financian las campañas. Partiendo porque si de verdad les interesara que el mar fuera de Chile, no lo habrían regalado a 7 familias con la Ley Longueira
