Mientras Chile sigue criticando la «falta de democracia» de otros países, una investigación de Ciper reveló que los parlamentarios de derecha, el senador Francisco Chahuán y la actual Ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos, mientras eran diputados modificaron la Ley de Medioambiente para beneficiar a los empresarios siguiendo las órdenes directas de SQM. Parte del artículo señala:
En 2008 aparece la huella del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el agresivo lobby sobre autoridades para obtener beneficios. Ese año, Chile dio un paso en la protección del Medioambiente: transformó la Conama en ministerio, creó la superintendencia del ramo y un nuevo sistema de evaluación ambiental. El proyecto del gobierno sufrió drásticos cambios en el Congreso. CIPER comparó una minuta que SQM envió a diputados con las indicaciones que modificaban la ley. Las presentadas por el Ejecutivo y los entonces diputados Chahuán y Cubillos (actual ministra de Medioambiente) son calcadas a la minuta.
La minuta del abogado Andrés Fernández tiene 27 páginas que contienen 41 indicaciones que modifican el proyecto original del gobierno. Cada una de ellas viene acompañada de una explicación que justifica su incorporación a la ley. CIPER contrastó cada una de esas propuestas con las indicaciones presentada por diputados en la Comisión de Medio Ambiente durante la tramitación de ese proyecto de ley. El resultado: cinco indicaciones se presentaron tal cual las envió SQM y otras cuatro fueron incorporadas a la discusión redactadas de tal forma que tenían el mismo efecto buscado por la minera. Algunas de ellas fueron aprobadas y modificaron el proyecto original en beneficio de los intereses de SQM. En la introducción del informe del abogado Andrés Fernández se plantea que las indicaciones que propone buscan el “bien común”. No hay referencia explícita a que su principal objetivo era “suavizar” la nueva legislación, fundamentalmente para hacer más expedita la inversión en proyectos que podían generar perjuicios medioambientales. Por lo mismo, uno de los fines prioritarios de las indicaciones fue quitarle herramientas a la nueva superintendencia.
Un ejemplo claro es la indicación que SQM envió a sus parlamentarios afines para quitarle a la nueva superintendencia la facultad de interpretar las normas sobre emisiones y planes de prevención y descontaminación. El objetivo de la minera se cumplió: se le quitó la facultad de interpretación a la superintendencia, entregándoselas al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. La modificación, tal como la quería SQM, fue posible gracias a la sintonía que hubo entre el gobierno y los parlamentarios de derecha que integraban la comisión. Así, el Ejecutivo presentó dos indicaciones junto a los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Marcela Cubillos (UDI, actual ministra del Medio Ambiente), Eugenio Bauer (UDI, ya no es diputado), Alejandro García Huidobro (UDI, actual senador) y Roberto Sepúlveda (RN, ya no es diputado).
Otro de los objetivos de SQM, según la minuta hecha por Fernández que se envió a parlamentarios, era que se hicieran públicos con antelación los programas y subprogramas de fiscalización de la superintendencia y que se publicaran en medios electrónicos. Una indicación del mismo tenor fue presentada por los diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente.Finalmente,SQM obtuvo lo que quería, gracias a una indicación similar presentada por el gobierno que fue aprobada por unanimidad. En el ámbito de las multas que deben pagar las empresas que incumplan la ley, también se cumplió un objetivo de SQM. El proyecto original establecía que si una empresa se auto denunciaba por infracciones a la ley, se podría reducir su multa hasta en un 50%. Pero aquello no fue del agrado de SQM: la minuta del abogado Fernández propuso que la empresa infractora presentara un programa de reparación que le evitara las multas. Fue el propio Ejecutivo el que reemplazó el artículo original y lo cambió por otro que estableció que en la primera auto denuncia la empresa infractora estará libre de multa y que, incluso en la segunda o tercera, la sanción se podrá rebajar hasta en un 75%.
Donde hubo prácticamente un calco respecto de la minuta de SQM fue en el artículo 45 de la ley, que establecía que si una empresa era multada por la superintendencia, las personas naturales que la representaran legalmente o que actuaran en su nombre, tendrían responsabilidad solidaria en el pago de esa multa. En su minuta, la minera pidió cambiar esa responsabilidad “solidaria” por una responsabilidad “subsidiaria”, para evitar que el cobro afectara los bienes personales del representante legal de la empresa. Siguiendo al pie de la letra esa recomendación, los entonces diputados Chahuán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda, presentaron una indicación para cambiar la palabra “solidaria” por “subsidiaria”. Esa indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión y la modificación quedó estampada en la nueva ley.
- Cabe recordar que SQM es una de las 725 empresas estatales que se robaron durante la Dictadura Cívico-Militar. Más encima Pinochet se la regaló a su yerno, y para rematar este año le REGALARON la explotación del Litio… ¿Comprenden ahora por qué hay que expropiar/recuperar todo lo que se robaron durante la Dictadura?
- Insistimos: ¿Con qué cara criticamos la Democracia de otros países si en Chile gobiernan los empresarios? Ni hablar de la corrupción de la Derecha, delincuentes a sueldo que gobiernan para defender los intereses del 1% más rico del país
