Desde que asumió como alcaldesa, en diciembre del año 2016, la militante de la UDI despidió a cerca de mil trabajadores que se encontraban a honorarios, con la excusa de que eran «trabajadores fantasmas» y que debían «reducir costos». Al final no fue ni lo uno ni lo otro, ya que el municipio ha debido desembolsar millonarios montos en fallos judiciales por indemnizaciones y pagos de cotizaciones, los que podrían llegar a los 20 mil millones de pesos.Y sobre la supuesta reducción de costos tampoco fue tal, ya que ha contratado casi la totalidad de trabajadores que despidió. Un artículo de El Dínamo informa:
Patricio Bustamante Fredes llegó a trabajar un día de marzo de 2017 hasta su oficina ubicada en la Municipalidad de Maipú, cuando fue informado que había sido despedido. Por siete años había estado a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Local, trabajo por el que recibía un sueldo de $1.548.000 mensuales. Además, había estado otros cinco años en diferentes funciones dentro del mismo organismo. En total, doce años como funcionario a honorarios. Al verse sin indemnización, sin pago de vacaciones, ni menos las cotizaciones al día, Bustamante -quien además era presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Maipú- decidió demandar al municipio que desde diciembre de 2016 lidera la alcaldesa Cathy Barriga. Un poco más de un año duró su proceso judicial, tras pasar por el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y la Corte de Apelaciones, donde la justicia falló a su favor.
El municipio está obligado a pagar en total 66 millones 740 mil pesos como indemnización -además de multas por atrasos-, lo que corresponde a los feriados legales impagos y a los años de servicio, entre otros varios puntos que incluía la acción judicial. A eso se suman otros casi 300 millones de pesos por cotizaciones previsionales no pagadas durante más de una década. Lo anterior debido a que la jueza Ema Novoa estimó que sí existía una vinculación laboral distinta a lo dispuesto para los trabajadores a honorarios en el Estatuto Municipal, tal como lo ha indicado la jurisprudencia en los últimos tres años, desde que empezaron a aparecer estos casos con mayor frecuencia. Pese a que la sentencia del 20 de abril pasado indica que procede el pago, hasta el momento los casi $367 millones adeudados no han sido cancelados a Bustamante por parte de Maipú, lo que podría transformarse en nuevas acciones legales en contra del municipio.
Los casos se repiten
Su caso está lejos de ser el único en contra del organismo liderado por Barriga. Desde que la ex consejera regional asumió el mando de la comuna se registran en torno a mil desvinculaciones de trabajadores que se encontraban a honorarios, en solo 18 meses, de acuerdo a las cifras que han calculado los concejales. De estos, 317 han decidido demandar al municipio por despidos injustificados. Casi la totalidad de las acciones judiciales se basan en el mismo fundamento: ninguno de esos trabajadores hacía “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”, como indica la normativa legal. Tampoco se trataba de “prestación de servicios para cometidos específicos”. En otras palabras, la relación que existía entre estos trabajadores a honorarios y el municipio de Maipú era como cualquier otra que regula el Código del Trabajo -con horarios, firma de asistencia o un lugar físico para cumplir sus funciones y, por ende, con los beneficios correspondientes como pago de cotizaciones y vacaciones-.
Despedir Trabajadores para volver a contratar
El problema -según explican concejales y funcionarios actuales de la municipalidad- es que el objetivo de los despidos era generar un “ahorro”, ya que el argumento principal de la alcaldesa era que había una sobrepoblación de funcionarios y centenares de empleos “fantasmas”. Sin embargo, el municipio ha debido desembolsar millonarios montos en fallos judiciales por indemnizaciones y pagos de cotizaciones, mientras que hay decenas a la espera por ser pagados y más de 200 que aún siguen en juicio. Todo esto podría llegar a tener un costo final de más de 20 mil millones de pesos según las estimaciones de los abogados involucrados, casi un sexto del presupuesto total del municipio para este año. La situación se vuelve más compleja porque casi la totalidad de los cargos despedidos han sido llenados con nuevos trabajadores en las mismas condiciones. “Se suponía que había una sobrepoblación y que había que ahorrar, pero al final quedamos donde mismo, pero con millonarias demandas”, dice el concejal Abraham Donoso (DC).
Cuando la alcaldesa asumió en diciembre de 2016, había 3.965 funcionarios trabajando para el municipio, de los que 2.737 eran a honorarios (con un costo mensual de $4.670 millones), según datos de Transparencia Activa. Pese a los centenares de despidos y la “sobrepoblación” a la que la edil aludía, las cifras no son muy distintas a las que fueron consignadas en abril pasado: 3.945 trabajadores, con 2.691 que boletean (con un costo al mes de $4.226 millones). De todos los desvinculados, solo una tercera parte ha iniciado acciones legales, principalmente porque existe un desconocimiento respecto de los derechos de los trabajadores a honorarios.
Cathy Barriga desaparecida
El miércoles 23 de mayo pasado, se había citado a un concejo extraordinario para analizar la difícil situación presupuestaria que vive el municipio, que podría verse afectado aún más por los millonarios pagos a ex trabajadores que debieran comenzar a pagarse en las próximas semanas. La alcaldesa Cathy Barriga no llegó esa cita, ni tampoco se justificó, afirman los concejales. (…) La situación es delicada -afirman los concejales- porque una vez que la Justicia determina el pago, no hay muchas más alternativas y quedan casi 270 casos aún en proceso. También es complejo para la alcaldesa en torno a lo que podría enfrentar ante la Contraloría General de la República, lo que puede fundarse en un posible abandono de deberes y daño patrimonial del municipio. El Dínamo contactó al Municipio liderado por Cathy Barriga en varias oportunidades para explicar los cuestionamientos en torno a la materia; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no han emitido una respuesta formal.
Tanto la Nueva Mayoría como Chile Vamos siempre han querido privatizar el agua municipal de Maipú y sólo no han podido debido a la fuerte resistencia de los vecinos… No vaya a ser que utilicen esto como excusa para al fin venderla
