Es bastante conocido que cada vez que un pastor evangélico se aburre de trabajar crea su propia iglesia para robarle robarle a los más pobre, así lo hizo el obispo canuto Eduardo Durán, quien acumula una fortuna obscena al punto de que estpa siendo investigado por lavado de dinero y delitos tributarios. ¿Lo peor de todo esto? La complicidad absoluta del Estado, que todos los años les entrega millones de pesos para que sigan promoviendo su doctrina estupidez, sumisión y obediencia para robarle a los que menos tienen aprovechándose de su ignorancia. Una nota de Ciper Chile detalla:
Las relaciones políticas con el poder han sido cultivadas por el obispo Durán Castro y no solo con los partidos políticos que apoyaron a Piñera en su campaña presidencial de 2017. Una prueba de ello es que la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, dos corporaciones sin fines de lucro creadas por ésta y una fundación de los hijos del obispo Durán, han recibido aportes públicos en los últimos diez años cuya suma supera los $272 millones. La Corporación Evangélica para el Desarrollo, que preside el obispo Durán, dedicada a actividades de ayuda social y educacional, recibió $30 millones de la Subsecretaría de Hacienda en 2012 y otros $4 millones de la Municipalidad de Providencia en 2014. Entre 2008 y 2015, la Corporación Sendas, que busca relevar y rescatar el patrimonio cultural evangélico, recibió $65,7 millones del Gobierno Regional Metropolitano.
Además, la propia iglesia de Durán ha percibido directamente otros $132,8 millones provenientes de Hacienda y de los municipios de Cauquenes y Renca. Y a fines de 2017, la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones le entregó a la congregación de Durán una concesión para operar una radio en La Unión (Región de Los Ríos). A ello hay que agregar los inmuebles que eran de propiedad del Estado y que le han sido entregados a través del Ministerio de Bienes Nacionales. CIPER logró identificar al menos 12 de esas propiedades. Una de ellas, ubicada en la comuna de Estación Central, le fue entregada por Bienes Nacionales a la Corporación Evangélica para el Desarrollo en diciembre de 2013. De la docena de inmuebles, cuatro están ocupados irregularmente.
Como receptora de otra partida de fondos públicos figura la Fundación Causa Común, presidida por el diputado Eduardo Durán Salinas hasta marzo de este año. En su directorio participan su esposa, Marjorie Vásquez, y su hermana Carolina Durán. La organización recibió $40 millones de la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2015 (gobierno de Bachelet). En esta fundación también aparece como director el militante de RN y ex candidato a diputado, Cristián Nieto, uno de los principales impulsores de la estrategia para establecer una bancada evangélica. Actualmente, Nieto está contratado a honorarios en el Instituto de Previsión Social (IPS), dependiente del Ministerio del Trabajo, con un ingreso de $3,3 millones mensuales.
En medio de la controversia que se generó tras el último Te Deum, se conoció que el gobierno de Bachelet tenía previsto entregar casi $6 mil millones a la congregación del obispo Durán Castro para la remodelación de la Catedral Evangélica. Esos fondos, que debían provenir de un aporte tripartito de Obras Públicas, Gobierno Regional y Subdere, nunca fueron entregados.
Le roban a los pobres y no pagan impuestos
Ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando el SII estaba bajo la dirección de Julio Pereira, el crecimiento patrimonial de algunas iglesias evangélicas y de sus pastores encendió la alerta del organismo fiscalizador. Entre ellas estaba la congregación de Durán que administra la Catedral Evangélica. Aunque las entidades dedicadas al culto están exentas de tributación, algunas iglesias protestantes han iniciado negocios (ventas de artículos religiosos, medios de comunicación y producción de eventos masivos) que generan importantes ingresos y que, a juicio de la autoridad tributaria, debiesen pagar impuestos.
Otro elemento que contribuye a la opacidad del destino de los dineros que manejan las iglesias evangélicas, es que en su mayoría no cuentan con registros contables claros que permitan determinar los dineros que transfieren a sus pastores para solventar su subsistencia y la de sus familias. Los pastores no reciben liquidación de sueldo ni hacen boletas de honorarios, y la Dirección del Trabajo tampoco reconoce el vínculo entre ellos y sus fieles como una relación laboral. Todo esto hace muy difícil fiscalizar el origen de sus patrimonios.
Esto último no es tan problemático en el caso de las iglesias pequeñas, pero en los grandes cultos las entradas por concepto de “diezmo” (la donación del 10% de los ingresos mensuales de cada feligrés) y de “ofrenda “(el aporte voluntario que hacen los fieles en los actos litúrgicos) pueden sumar varias decenas de millones de pesos. Cálculos de pastores de otras congregaciones indicaron a CIPER que en el caso de la Catedral Evangélica, esos aportes pueden ir desde $35 millones a $50 millones mensuales. Para regularizar la situación, el SII emitió en octubre de 2017 una circular para que las organizaciones sin fines de lucro –como las iglesias– que tengan ingresos anuales superiores a 12 mil UF (más de $327 millones), presenten una declaración jurada detallando ingresos, gastos y registros de contabilidad.
Entre los antecedentes que se tuvieron a la vista para establecer esta resolución, el SII analizó la situación de varias “mega iglesias” evangélicas, entre ellas la congregación de la catedral de Jotabeche. Fruto de ese trabajo, un grupo de pastores quedó bajo la lupa de Impuestos Internos y en dos casos se inició formalmente la recopilación de sus antecedentes patrimoniales. Uno de ellos es el obispo Eduardo Durán. Lo que ha quedado en evidencia para los funcionarios del SII es la necesidad de que las iglesias adopten un registro contable que permita establecer de manera fehaciente los ingresos que reciben sus líderes. Esto, no solo por la evidencia internacional de que algunas congregaciones se han prestado para lavar activos, como ocurre en México y Colombia, sino porque ya hay casos en que eso ha ocurrido en Chile. En 2011, por ejemplo, fue condenada la banda narcotraficante “Los Guatones” que estaba relacionada con el pastor Patricio Araya, del Centro de Formación Cristiana Renacer en Cristo, quien actuó como testaferro y recibió millonarios “narco-diezmos” para lavar el dinero de la organización criminal.
¿No hay dinero ni para educación ni para salud pero hay para regalarle a los evangélicos?… Es tiempo de dar un paso hacia el crecimiento humano y abolir las iglesias
