Por si faltaban ejemplos para evidenciar lo miserable que fueron los Gobiernos de la Concertación, basta mencionar que las privatizaciones realizadas durante la Dictadura Cívico-Militar nunca fueron tema. Estamos hablando del saqueo al Estado más grande que se ha realizado en la historia del país, donde cientos de empresas fueron vendidas a precio de huevo y otras cuantas simplemente regaladas a los amigos de la Dictadura. La información es poca y jamás ha sido muy difundida, siendo una comisión de la cámara de diputados creada por Ricardo Lagos, y sobretodo, las investigaciones de Maria Olivia Monckeberg resumidas en el libro «El Saqueo de los Grupos Economicos», las únicas referencias que existen al respecto.
Datos duros
El fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. Por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares.
La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares. Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. En octubre de 1982, José Yuraszeck, ex presidente de Azul Azul, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.
La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares. En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. La operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.
¿El monto total del desfalco realizado en Dictadura? Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados durante el período presidencial de Ricardo Lagos, estimó que la privatización de empresas estatales durante el régimen dictatorial le significó al Estado de Chile una pérdida cercana a los US$6.000.000.000 (seis mil millones de dólares).
Entonces, si los grandes grupos económicos que existen hoy en día surgieron gracias a este robo, (y son los mismos los que se oponen a subir los sueldos, a los derechos laborales y a cualquier mínima reforma que se presente), ¿No sería lo más lógico expropiar todo lo que se robaron? De hecho, ni siquiera sería expropiación, sería una recuperación. Expropiación fue lo que hicieron ellos saqueando al Estado. Un país decente lo haría, pero estamos en Chile, donde la democracia es un chiste, donde los que se robaron el Estado ahora dan consejos sobre lo que tiene o no que hacer Chile, donde compran a políticos para defender sus intereses y son dueños de los medios de comunicación desde los cuales esconden sus delitos al mismo tiempo que criminalizan a los pobres. Esto es simple: No habrá justicia social hasta que recuperemos todo lo que nos robaron estos delincuentes en Dictadura.
