Hablar de la Dictadura Cívico-Militar chilena es hablar de un genocidio a la Clase Trabajadora, donde se cometieron vejámenes más aberrantes que se pueden imaginar. ¿El objetivo? Destruir la humanidad de las personas ya que era la única forma de imponer un modelo económico y social basado en la Desigualdad Social, la segregación y el saqueo a los más pobres para mantener los obscenos privilegios de los más ricos. Para lograrlo tuvieron que asesinar, torturar y hacer desaparecer a miles de chilenos, donde los militares no hicieron distinción alguna, matando incluso a niños y a mujeres embarazadas.
Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala. Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.
En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información. Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.
“Chile: Las víctimas infantiles”. Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos oficiales de niños asesinados por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. Sin embargo, la cifra extraoficial eleva a 307 niños y niñas asesinadas durante la Dictadura Cívico-Militar
La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado. Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.
En Coquimbo, Jimmy Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jimmy, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.
Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados. Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.
La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda. Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.
