¿Recuerdan la nota que reveló que la familia Piñera sacó parte de su fortuna de Chile y la llevó a Colombia para no perder dinero? Bueno, resultó que esto sólo era la punta del iceberg, ya que una investigación de El Desconcierto reveló que en total sacó 540 millones de dólares del país, (417.420.000.000 pesos chilenos), y los llevó a Paraísos Fiscales para evadir el pago de impuestos. Parte de la investigación señala:
Cuando en 2015 los casos Penta, SQM y Caval sacudían al gran empresariado y a políticos de extremo a extremo, Sebastián Piñera Echenique y su familia salían indemnes del escándalo, pese a que sus empresas, ejecutivos y proveedores de campañas participaron del financiamiento irregular de la política. Esa aparente tranquilidad, sin embargo, escondía una gran actividad de la actual familia presidencial en el ámbito de la gestión de sus inversiones. Desde comienzos de ese mismo año, y a menos de 12 meses de dejar La Moneda, los Piñera Morel comenzaron una silenciosa reorganización societaria y de la fortuna que han venido acumulado desde la dictadura, en los años ochenta, con dos destinos claros: Islas Vírgenes Británicas (IVB) y Luxemburgo.
El Servicios de Impuestos Internos (SII) ha definido a las IVB como un territorio de baja o nula tributación. Es decir, un paraíso tributario. Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado a Luxemburgo como el principal paraíso tributario de Europa. Ambos destinos han sido los favoritos de empresarios y abogados de todo el mundo que buscan bajar o eliminar la carga tributaria de sus inversiones y, a la vez, informar lo menos posible sobre sus activos y la propiedad de los mismos. Ambos territorios, como se verá más adelante, fueron los elegidos por la familia Piñera Morel para dirigir sus inversiones globales y traspasar el patrimonio desde una generación a otra.
Bancard Inversiones Limitada, empresa que Sebastián Piñera Echenique controla con el 66% de la propiedad, a inicios de 2015 comenzó a transferir recursos desde Chile a las compañías de sus hijos en ambos paraísos tributarios. Pero no lo hizo como lo establece la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), por lo que en mayo de 2017 el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una fiscalización en su contra y detectó irregularidades en una operación de financiamiento a sus hijos y el no pago de impuestos por la misma durante dos años.
El Desconcierto, a través de una investigación periodística, accedió a información financiera que da cuenta de la contabilidad de los años 2015 y 2016 del Grupo Bancard, con efectos tributarios para los años 2016 y 2017, cuando Piñera ya era candidato a La Moneda. Dicha indagación, que incluyó diversas consultas a bases de datos y fuentes directas de las empresas de Piñera y organismos públicos, también descubrió que la fiscalización de 2017 del SII fue por una operación por $68 mil millones (unos US$96,2 millones, al precio de cierre del dólar observado del 30 de diciembre de 2015) que Bancard Inversiones Limitada envió a Bancard International Investment, su relacionada en Islas Vírgenes Británicas; la misma que es dueña del 9% de la polémica pesquera peruana Exalmar, y del 5,7% de la Bolsa de Valores de Colombia, inversión que aumentó previo al estallido social en Chile y generó polémica en el Congreso esta semana.
La que sigue es la historia de cómo, tras dejar su primer mandato presidencial y antes de asumir el segundo, Sebastián Piñera Echenique reformuló su grupo empresarial y traspasó más de US$500 millones a sociedades de sus hijos en paraísos tributarios. Y también de la reservada y hasta ahora desconocida indagatoria que hizo el SII por una de esas operaciones, que le costó a la familia presidencial una reliquidación de impuestos que incluyó una condonación, por parte del Estado chileno, de parte de los intereses y multas.
El Desconcierto tuvo acceso a parte relevante de esa fiscalización y descubrió que el traspaso de $68 mil millones que hizo Piñera Echenique en 2015 desde Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, controlada por sus hijos en las Islas Vírgenes Británicas, fue irregular. Lo que detectó en primera instancia el SII -con Michelle Bachelet aún de Presidenta, Piñera Echenique como candidato presidencial para un segundo periodo, y Fernando Barraza sosteniéndose como director del SII luego de anunciar que no volvería a querellarse por casos de financiamiento irregular a la política- es que, en esa transferencia de Piñera Echenique a sus hijos, no se pactaron tasas de retribución, por lo que no se pagaron los impuestos respectivos.Es decir, la operación, que en términos económicos funciona como un préstamo, fue gratis, no hubo pago de intereses de los hijos al padre, por lo que no se pudo cobrar el impuesto respectivo en dos años: 2016 y 2017.
Las dudas sobre por qué el grupo empresarial de la familia Piñera Morel no pagó los impuestos que le correspondían durante dos años, cuánto pagó finalmente luego que le cayera encima el SII, y por qué optó por aceptar una condonación de multas e intereses, se suman a la incertidumbre sobre si el SII fiscalizó o no las otras operaciones de similares características que realizó la empresa de Piñera Echenique con las de sus hijos, desde comienzos de 2015, y que también terminaron en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Además de los $68 mil millones (unos US$96,2 millones) fiscalizados por el SII, Bancard Inversiones Limitada habría traspasado, a través de varias operaciones financieras con sociedades relacionadas en Chile y el extranjero, más de US$440 millones a las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Se trata, en total y de acuerdo a los antecedentes a los que accedió El Desconcierto provenientes de la contabilidad del Grupo Bancard, de unos US$542 millones que salieron de Chile hacia esos paraísos tributarios. Lo anterior representa parte importante de la fortuna de la familia Piñera Morel, que, de acuerdo al último ranking Forbes, está avaluada en US$2.800 millones. El Desconcierto solicitó una entrevista con el Presidente Sebastián Piñera, pero sus asesores de prensa no dieron respuesta a la solicitud. Fernando Barros, del estudio Barros & Errázuriz, tampoco quiso responder preguntas.
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- Esto es simple: En cualquier país con un mínimo de decencia y democracia, Piñera no sólo habría tenido que renunciar hace rato por tener apenas un 4,6% de aprobación, más encima estaría en la cárcel por corrupto y cometer crímenes de lesa humanidad.
- Que no se pueda sacar un presidente tan nefasto expone la urgencia de una nueva constitución que limite el presidencialismo extremo que tiene Chile, donde un sociópata como Piñera puede hundir el país completo sin que nadie pueda hacer nada
