Siguen multiplicándose las denuncias de montajes protagonizados por camioneros. En este oportunidad, un artículo de Ciper reveló que el empresario Cristián Fredes Hernández, uno de los líderes del paro de camioneros, realizó una falsa denuncia de robo para cobrar un seguro, donde incluso provocó que 11 detectives de la PDI fueran dado de baja por sus mentiras, los que ahora lo están demandado penalmente. Parte del artículo detalla:
Cristián Fredes Hernández lidera la Asociación Gremial de Empresarios Camioneros de San Antonio (AGEC). Como presidente de esa entidad y director nacional de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Fredes participó activamente en el paro que los camioneros protagonizaron durante siete días en respuesta a los actos de violencia que sus asociados sufren en la zona del conflicto mapuche. La paralización, que incluyó bloqueos de carreteras y provocó desabastecimiento de algunos productos en ciudades del sur, se inició el 27 de agosto y fue desactivada este miércoles 2 de septiembre tras un acuerdo con La Moneda.
Fredes, uno de los dirigentes que ha pedido una mayor protección ante robos y ataques incendiarios, está siendo investigado luego de que admitiera en un proceso judicial que en 2014 presentó ante Carabineros una denuncia falsa para conseguir el cobro de un seguro. La historia parte a las nueve de la mañana del lunes 22 de septiembre de ese año, cuando un camión que el empresario había subcontratado para trasladar 1.219 cajas de chocolates M&M desde San Antonio a Santiago fue asaltado a la altura de Leyda, a 90 kilómetros de Santiago, en la Ruta 78. La carga sustraída estaba avaluada en $68 millones y el camión que la llevaba no tenía seguro vigente. Preocupado por esta situación, Cristián Fredes tuvo una idea y llamó, pasado el mediodía, a uno de sus choferes: Manuel Quiroz Bastías.
A las 18:30 de ese mismo 22 de septiembre, Manuel Quiroz llegó hasta la tenencia de carreteras de Carabineros en Melipilla y denunció que sufrió un robo mientras transportaba una carga de Fredes. El producto sustraído tenía las mismas características que el que había sido efectivamente robado nueve horas antes: un cargamento de 40 toneladas de chocolate. También eran similares los ejecutantes del asalto: dos hombres que a punta de pistola se llevaron el vehículo. Pero la nueva denuncia tenía tres diferencias con la primera. Una de ellas es que el chofer Quiroz dijo que los asaltantes lo amarraron de pies y manos. La segunda es que aseguró que le dieron una pastilla que lo hizo dormir durante horas. Y la tercera, fundamental en esta historia, es que este segundo camión sí tenía vigente un seguro contra robos.
Mientras su empleado estampaba esa denuncia ante la policía, Cristián Fredes hablaba con su corredor de seguros, Juan Maulén, avisándole que le habían robado un camión. La respuesta de Maulen fue que le enviara todos los antecedentes para activar la póliza. En Melipilla la denuncia ya estaba en proceso a través del parte N° 4, el que fue remitido por Carabineros a la Fiscalía Local de San Antonio y se emitió una orden de investigar a la Policía de Investigaciones. Mientras avanzaba el trámite, el chofer Manuel Quiroz fue llevado al Servicio Médico Legal (SML) donde le realizaron un examen para chequear la presencia de la droga que dijo que le habían obligado a consumir los ladrones.
La noche de ese lunes 22 de septiembre Cristián Fredes se enteró de que a su chofer le habían realizado un examen toxicológico, y se preocupó. Al otro día fue a hablar personalmente con su corredor de seguros. Sus objetivos eran dos: saber si el seguro se había activado, y pedirle asesoría. Cuando llegó a su oficina le solicitó que salieran para hablar más tranquilos. Allí le reconoció que la denuncia que había presentado Quiroz era falsa y que estaba urgido porque el camión que sí le habían robado no tenía ningún seguro vigente. Su corredor le dijo que era muy fácil descubrir el montaje, por lo que le recomendó no seguir adelante. Por esto, el seguro nunca se cobró. Todo esto fue corroborado después ante la justicia por el corredor de seguros Juan Maulén y por el propio Fredes.
El proceso judicial siguió su curso. El 30 de diciembre de 2014 el subjefe de la Brigada de Robos de la PDI de San Antonio, subcomisario Gonzalo Montoya, recibió la orden de investigar la denuncia. A esa altura ya había antecedentes. El examen toxicológico practicado al chofer Manuel Quiroz en el SML de Melipilla no había detectado sustancias extrañas. Eso, sumado a la existencia de la primera denuncia -prácticamente idéntica en forma y fondo-, hizo sospechar al detective. El 9 de marzo de 2015 Montoya entregó a la Fiscalía el informe policial N° 130, donde estableció lo siguiente:
“Se desprende que respecto a la denuncia realizada por Manuel Fernando Quiroz Bastías, donde indica que le sustrajeron tracto camión y rampla, nunca ocurrió, como tampoco sujetos desconocidos le suministraron alguna pastilla para dormir, lo que quedó establecido mediante examen toxicológico efectuado por el Servicio Médico legal de Melipilla. Por tanto, se presume que todo fue instruido por su jefatura, con la finalidad de poder hacer cobro de un seguro contra siniestro, por cuanto el verdadero camión, chasis y carga sustraída que es de una tercera empresa la cual fue contratada por CF transportes, no mantenía los seguros contra siniestros al día, razón por la cual, para no verse inmiscuido en el pago de una cifra en dinero alta, le habrían señalado al chofer de camiones que realizar la denuncia para los fines pertinentes”.
Tres días después de que la PDI evacuara este informe, Fredes contraatacó: acusó a los policías que participaron en la investigación de haberse apropiado de una parte de la carga robada. Once funcionarios de la PDI fueron dados de baja y se originó una investigación por esta arista de supuesta corrupción policial. Tendrían que pasar siete meses para que, en esta nueva indagatoria, el transportista Cristián Fredes reconociera los hechos.
El 7 de octubre de 2015 Cristián Fredes declaró ante el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, que investiga los casos de corrupción policial. Allí contó la verdad: “Debo manifestar primeramente que en cuanto a la denuncia efectuada por mi empleado Manuel Quiroz Bastías, el 22 de septiembre de 2014 a las 18:30 horas en la Tenencia de Carreteras de Melipilla de Carabineros de Chile, donde este dio cuenta del robo de una carga de chocolates, con su respectivo container en la Autopista del Sol, tengo que reconocer que este suceso no fue efectivo, y la razón que tuve para decirle al señor Quiroz que realizara esta denuncia, fue en razón a los difíciles momentos por los cuales estaba atravesando, considerando que ya durante ese día había sido víctima del robo de los chocolates M&M”.
Fredes volvió a declarar sobre estos hechos en agosto de 2017, pero ahora ante el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, donde prestó testimonio como víctima, debido a que supuestamente había sido objeto de un robo por parte de los policías. En su denuncia contra los detectives, Fredes dijo que cuando las cajas de chocolates fueron encontradas en una parcela de El Monte (Región Metropolitana), los policías que participaron en la incautación subieron parte del cargamento a los vehículos institucionales y se las llevaron. También los acusó de sustraer máquinas que estaban en el predio. Y sostuvo que cuando él le preguntó por estas conductas a Gonzalo Montoya (el mismo detective que después firmó el informe que reveló su denuncia falsa), este le respondió: “Tranquilo, este es un souvenir para los ratis”.
De los 11 detectives que fueron procesados, todos fueron dados de baja y varios estuvieron en prisión preventiva. El caso se ventiló en la prensa como un grave hecho de corrupción. Cuando los policías fueron formalizados, en septiembre de 2015, el gremio de los camioneros llegó a la audiencia para exigir que se reabrieran 50 causas por robos de camiones: “Hay un sentimiento agridulce. Los que nos cuidan, nos están perjudicando. Siempre todas las investigaciones que se llevaron a cabo quedaban entorpecidas, quedaban detenidas. Uno le entregaba información a la PDI, testigos, carpetas, datos. Me imagino que tiene que haber mucho más casos, si acá el robo de camiones asciende en la zona central a dos o tres diarios”, señaló entonces a Radio Cooperativa Hernán Hernández, presidente del Sindicato de Transportistas de San Antonio.
Dos años después, en septiembre de 2017, los 11 detectives fueron absueltos, pero hasta ahora no han sido reintegrados a la PDI. La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Talagante fue categórica al señalar que si bien durante el juicio el propio Fredes se refirió a su “denuncia falsa” de manera espontánea, la ocultó durante la investigación: “Ahora, debe preguntarse porque ocultó u omitió esta información. A juicio del tribunal, aquella conducta dejaba en evidencia que es una persona que en pos de cumplir sus objetivos, no tiene reparos en faltar a la verdad, incluso utilizando a terceras personas, que están bajo su subordinación y dependencia para lograr sus fines”, indica el fallo del tribunal.
Luego de ser absueltos, parte de los detectives acusados por Cristián Fredes pasaron a la ofensiva. El 20 de diciembre de 2018 el ex subcomisario de la PDI, Gonzalo Montoya, presentó una querella en contra del empresario y su chofer en el Juzgado de Garantía de Melipilla, por obstrucción a la investigación. Luego, en junio de 2019, Montoya junto a otros dos ex detectives interpusieron una demanda contra Fredes y tres de sus empresas en el Juzgado de Letras de San Antonio: piden $200 millones de indemnización para cada uno. En paralelo, la justicia tramita otra demanda civil en contra del Fisco. Todos estos procesos judiciales están parados debido a la pandemia.
