El recientemente renunciado ex subsecretario de salud Arturo Zúñiga no sólo hizo TODO MAL durante la pandemia, más encima se dedicó a robar y desfalcar al Estado a través de múltiples gastos sin respaldo y corrupción en el arriendo de residencias sanitarias. Un artículo de El Mostrador detalla:
Gastos sin respaldo, servicios de salud en serios problemas financieros, la sombra de las auditorías al uso de recursos en los hospitales y servicios de salud durante la pandemia, así como en el arriendo de residencias sanitarias y el supuesto pago a una constructora en quiebra a cargo del nuevo Barros Luco, fueron los factores que hicieron que la permanencia del subsecretario de Redes Asistenciales se tornara insostenible. Desde septiembre, al menos, que Zúñiga y sus asesores venían preparando una salida «limpia», tal como se trató de hacer esta semana, poniendo el foco público en el cierre de un ciclo y sus aspiraciones de asumir una candidatura en la VI Región.
En estos días Zúñiga avisó en la prensa que su plan era dejar el ministerio para abocarse a una carrera política. Desde octubre que el ahora exsubsecretario recorre la Región de O’Higgins con su respectiva foto en Instagram, documentando sus visitas a terreno, en lugares como la posta El Manzano, junto al diputado Javier Macaya (UDI). En este despliegue territorial ha sido fundamental el trabajo del abogado José Francisco Lagos, quien estaba a contrata en el Minsal por una renta bruta mensual de 2,9 millones. En el equipo “campañero” de Zúñiga también ha resultado fundamental su jefa de prensa, Pía Valderrama, especialmente a la hora de controlar mediáticamente que la salida del exsubsecretario sea percibida como un simple y exitoso fin de ciclo.
El punto es que no es tan así. La mayoría de los asesores más cercanos al exsubsecretario, como Claudio Salinas –también de Res Publica y concejal por Buin–, Hugo Sáez y Sergio Escobar, son abogados. Al menos desde septiembre, el grupo trabaja “ordenando” y “limpiando” –afirmaron en el Minsal– los contratos que han pasado por la gestión de Zúñiga, con el fin de responder y zafar de las objeciones que muy probablemente traerán los informes de Contraloría. El entonces jefe de Redes Asistenciales los puso a trabajar luego que, a mediados de septiembre, la Dirección de Presupuestos (Dipres), en una reunión a la que asistió junto al ministro Paris, les advirtiera que muchos de los gastos extras autorizados con motivo de la pandemia no tenían respaldo.
En el marco del proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año, la Dipres –dependiente del Ministerio de Hacienda– hizo reparos en una serie de compras de insumos a plazo pero sin documentos de respaldo, descontrol en la contratación de personal para los hospitales y un desorden administrativo generalizado. La situación colmó la paciencia en La Moneda y rápidamente la línea de crédito política de Zúñiga se agotó. En el Gobierno ya hacía varias semanas que se hablaba del fin de la era del subsecretario, que quedó en el puesto para “cuidar el legado” de Jaime Mañalich.
Los servicios de salud en una situación financiera especialmente crítica son Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Metropolitano Sur Oriente, Metropolitano Norte, Biobío y tres zonas donde la pandemia ha sido especialmente dura: Araucanía Norte y Sur y el Servicio de Salud de Magallanes. La Dipres volvió a convocar a una reunión que estaba fijada para el viernes 30 de octubre, pero la cita fue sorpresiva. Lo que significó una señal evidente de que Zúñiga preparaba su bote salvavidas.
Contraloría al acecho
Una de las zonas de conflicto e irregularidades que involucra directamente a Arturo Zúñiga, por la responsabilidad de su cargo, es la de los contratos de residencias sanitarias. Por ejemplo, en julio de este año, la Contraloría determinó que el pago de $513 millones por un hotel usado como residencia sanitaria fue irregular, porque el acuerdo fue de palabra y no se encontró el contrato de por medio.
En ese dictamen, la Contraloría estableció que “se definió que en materia de roles y responsabilidades de las residencias sanitarias, firma de contratos, definición de marcos de valores, aplicación de uso de camas, entre otras materias, son de cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través de los servicios de salud regionales». Por eso, la preocupación era que se repitieran casos como el de Orlando Durán, quien tenía una jefatura en la División de Atención Primaria de Redes Asistenciales y, a la vez, figuraba como socio del Hotel Clínico Spa que fue contratado como residencia sanitaria. Aunque en el Minsal enfatizaron que “hay otras firmas antes que la de él”, todos estos contratos son responsabilidad de Zúñiga, porque llevan su firma.
Otro frente mucho menos claro que el de las residencias sanitarias, los gastos en ventiladores o elementos de protección personal, es el de la construcción de hospitales. “La construcción de 5 hospitales fue acelerada a comienzos de año. Para acelerar la construcción se iban a saltar varias medidas, incluso la recepción municipal. Jorge Acosta, el jefe de gabinete del exsubsecretario Zúñiga era de los que más insistía en acelerar los procesos administrativos para que estas obras se concretaran”, afirmó la diputada Marcela Hernando, que integró la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre las inversiones hospitalarias.
Al cabo de unos meses, varias de estas construcciones no registran avances significativos. La diputada Hernando ha hecho consultas al Ministerio de Salud, especialmente sobre la situación del Hospital Barros Luco. El objetivo es precisar lo que exactamente se pagó a la constructora Astaldi, una firma italiana en proceso de reorganización desde abril del año pasado, luego de declararse en quiebra. “Lo que se habría hecho es pagar más allá de lo que estaba ejecutado”, dijo la parlamentaria. La orden de pago se firmó en enero e incluye la rúbrica de Zúñiga. “Me gustaría tener más información, pero todavía no recibo respuesta», agregó Hernando.
