Cuando Julio Ponce Lerou no pasa un segundo en la cárcel por sus múltiples delitos económicos y más encima le perdonan SESENTA millones de dólares de multa, mientras que un joven de 19 años es sentenciado a SIETE años de cárcel por quemar una banca, demuestra la brutal Desigualdad Social que existe en Chile, donde los únicos que van a la cárcel son los pobres, incluso por “delitos” completamente absurdos. Un artículo de La Voz de los que Sobran detalla la historia de Felipe Santana:
El joven mueblista de 19 años, con discapacidad cognitiva leve y una vida en un Programa de Familia de Acogida, pasó 11 meses en prisión preventiva antes de ser condenado a siete años de presidio por su presunta participación en la revuelta y daños a “Bienes Nacionales de Uso Público”. En la investigación, la Fiscalía utilizó una serie de videos obtenidos de redes sociales y cámaras de seguridad. No se encontraron pruebas donde se le vea accionando algún tipo de acelerante. Esta es su historia.
El pasado cinco de noviembre, su nombre comenzó a circular en diferentes notas en medios de comunicación. El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt (TOP) condenó a Felipe Santana a pasar siete años y cuatro meses en la cárcel por diversos delitos ocurridos durante la revuelta social, que incluyen un “amago” de incendio en la catedral de Puerto Montt. Uno de los hechos que el Tribunal dio por acreditado fue que el 14 de noviembre de 2019, él junto a un grupo de personas ingresó a la catedral y se apropió “con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, de al menos una banca de madera avaluada en $325.000 que se encontraba en el lugar“.
Según el Tribunal este asiento “se trasladó a la vía pública para efectuar una barricada incendiaria. Previamente Santana Torres escaló hasta el sector del frontis de la catedral en donde dañó la cobertura de madera de una las columnas existentes allí, cuyo avalúo resultó indeterminado“. Por esta razón se le imputaron los delitos de daños a bienes nacionales de uso público, hurto e incendio en inmueble habitado en grado de desarrollo frustrado, hechos que habrían ocurrido entre el 13 y 22 de noviembre. Es decir Felipe también habría participado en otros hechos más. El tribunal también acogió agravantes de ejecutar el delito con ocasión de tumulto y en un lugar de culto religioso.Felipe, como tantos otros jóvenes, llevaba más de un año en prisión preventiva antes de escuchar la condena, pese a que posee una leve discapacidad cognitiva.
Para acreditar su participación en los delitos, la Fiscalía solo presentó el análisis de una serie de videos obtenidos de redes sociales y cámaras de seguridad. Las imágenes, fueron periciadas por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Los Lagos (SACFI Los Lagos), OS-9 y la Oficina de Tecnología Forense de Carabineros. Todas las pruebas presentadas durante el juicio sitúarían a Felipe en el lugar de los hechos, sin embargo ninguna lo muestra accionando algún tipo de acelerante.
Felipe Santana fue detenido la tarde del 25 de noviembre del año pasado, cuando iba caminando frente a la botillería Millaray (un local que se usa de punto referencia en la ciudad). “Se me cruza un auto blanco y, por atrás, una persona me toma el hombro y me dice: ´necesitamos hacerte un control de identidad, pero no queremos hacerlo aquí en la calle´. Me subieron al auto y me llevaron a la oficina y me tuvieron una hora ahí (…) Me pidieron mi carnet, mi teléfono y todas las cuestiones“, cuenta a través de un audio que entregó su familia para este reportaje. En la Segunda Comisaría de Puerto Montt lo habrían amenazado con golpearlo si no firmaba una serie de papeles.
Su madre, Johanna Torres, quién se encontraba en su casa en el momento de la detención, también fue víctima de otras situaciones irregulares. Carabineros llegó hasta su hogar y allí le dijeron “que si es que podían conversar adentro”. Le informaron que su hijo estaba detenido y empezaron a sacar fotos. -Entraron a su pieza, sacaron fotos al baño, a la cocina. Es injusto lo que hicieron porque ellos tenían que haber tenido una orden antes de entrar. Yo les dije que pasaran porque no tenía idea de eso-, relata. Johanna siente que la justicia se está “ensañando” con su hijo por la desprotección en la que vivía.
-Él era uno de los más vulnerables de los que tomaron detenidos. No solamente lo tomaron a él sino que a cinco más. Es injusto igual que le dejen solo la culpa a mi hijo ¿Por qué no tiene derecho a salir si no tiene antecedentes penales? – , se pregunta al otro lado de la línea. Para ella, parte de la vulnerabilidad tiene que ver con su infancia. -No pude tener a mi hijo, porque no me hice responsable como madre. Ahí nos pusimos de acuerdo con la señora que lo crió para que no lo llevaran al Sename. El juzgado se lo pasó a ella-, recuerda. Felipe fue acogido en el internado de la Escuela Diferencial los Eucaliptos de Puerto Montt desde los diez años, hasta el 2017. Se quedaba de lunes a viernes. Las personas que lo conocieron durante ese periodo de su vida recuerdan haberlo visto con aspecto descuidado, pero pese a todo, con el tiempo se transformó en uno de los más participativos en el establecimiento.
La educadora Diferencial Jocelyn Delgado compartió con Felipe. “Él colaboraba con las actividades y, además, con el cuidado de los niños que eran dependientes porque, a veces éramos dos inspectoras y había diez niños y no nos alcanzaban las manos”, cuenta. Jocelyn junto con sus colegas se encargaban de juntar ropa para ayudarlo. Los polerones, pantalones y zapatos de “marca” que lograban recolectar los dejaban en el internado, porque cuando se los llevaba a la casa de su cuidadora los fines de semana, volvía sin ellos. Durante esos años, Felipe junto a sus hermanos vivían con una familia cuidadora que les había sido asignada por el Programa de Familias de Acogida (FAE) del Servicio Nacional de Menores (Sename). Habitualmente llegaba mal vestido y sin los útiles y tenía poca comunicación con su cuidadora.
-Nunca nadie lo cuidó. Tuvo una vulneración de derechos atroz. Es penoso lo que pasó con él. No es un delincuente, es un niño al cual le han sido vulnerados sus derechos. Ha sido víctima de un sistema que no supo cobijarlo, ni a él, ni a sus hermanos-, comenta Joselyn. La educadora recuerda que su leve discapacidad cognitiva también obedece a factores socioculturales, una familia que no tuvo la ayuda de nadie. Así se fue quedando rezagado en su educación. En la Escuela Diferencial Los Eucaliptos, Felipe cultivó su pasión por el baile. Jocelyn le mostró el folclore latinoamericano y formaron un grupo de danza. Era una forma de potenciar sus capacidades. Junto con otros niños, participaban en actividades artísticas y fue recuperando confianza, dentro de lo que se podía.
Mónica Hernández, directora del Instituto Técnico Forjadores de Alerce, establecimiento en el que estuvo Felipe luego de su paso por la Escuela Diferencial Los Eucaliptus, recuerda cuando llegaba corriendo a decirle emocionado que había gestionado alguna actividad para que el grupo de danza se presentara fuera del colegio. Tenía inquietudes, era parte de la directiva de su curso y ayudaba en el centro de estudiantes. -Era parte de un grupo folclórico que tenía el colegio. Él gestionaba que los chicos fueran a bailar a otros lugares. No pasaba desapercibido en el colegio porque era una persona muy activa-, recuerda Mónica.
Debido a su discapacidad cognitiva, no hacía la enseñanza media regular, sino que estaba en un proyecto enfocado a estudiantes con su condición llamado “Taller laboral” que tenía una formación de oficio de “Mueblería y juguetería en madera”. Además de estudiar, destinaba las tardes a trabajar. Durante un tiempo estuvo en un negocio como reponedor y también hizo su práctica en una mueblería donde luego le ofrecieron quedarse. Su intención era salir del taller y terminar la enseñanza media, “aunque se demorara más que los demás”, decía. Su objetivo era llegar a la universidad y estudiar ingeniería.
–Siento que Felipe ha sido tomado como un chivo expiatorio. Los profesores que trabajamos en contextos duros, tenemos la experiencia de ver a los niños y niñas en contextos muy difíciles. La sociedad está acostumbrada a que todos nos quedemos en el espacio que nos han dado. Hay personas que sienten que este caso debe ser una condena ejemplificadora, porque es una forma de decirle muchos jóvenes que no lo hagan, que no se expresen, que no se manifiesten-, dice Mónica.
Actualmente, Felipe, quien tiene irreprochable conducta anterior, se encuentra en el módulo 90 de la Cárcel de Alto Bonito de Puerto Montt. Hoy cientos de personas conocen su caso y están organizando acopios para apoyarlo económicamente y poder conseguir su libertad. Este lunes, su abogado presentará un recurso de nulidad contra la condena que dictó el TOP de Puerto Montt. La Agrupación de Observadores y observadoras de Derechos Humanos de la ciudad (ODDH) también hizo una declaración por la visibilización y defensa del caso de Felipe.
El 6 de enero Felipe escribió uno de sus primeros comunicados pidiendo ayuda. Era un grito desesperado. “Soy uno de los caídos que en estos momentos está siendo torturado, están abusando de mí como quieren! ¡Necesito su ayuda! Están violando mis derechos y no sé qué hacer, me estoy enfermando mucho psicológicamente, les pido que se manifiesten por todos los caídos”.
