Por si quedaba algo para demostrar la bestialidad de la Dictadura Cívico Militar liderada por Augusto Pinochet, un completo artículo de The Guardian reveló que durante los 17 años del régimen se robaron entre 8.000 y 20.000 guaguas de mujeres pobres. ¿Por qué lo hicieron? Para ganar dinero y eliminar la pobreza. Tan aterrador como suena. Parte del artículo señala:
Desde que tiene memoria, Maria Diemar ha sabido que fue adoptada. Sus padres suecos siempre fueron abiertos sobre su herencia chilena, y al crecer en Estocolmo en las décadas de 1970 y 1980 con piel morena y cabello oscuro, era imposible no notar que ella era diferente. Cuando tenía 11 años, los padres de Diemar le mostraron los papeles que llegaron con ella a Suecia cuando era un bebé de dos meses en 1975. El expediente sobre su ascendencia ofrecía un retrato breve y poco halagador de una madre adolescente que envió a su hija recién nacida a ser criado por extraños en el otro lado del mundo. “Dijeron que era empleada doméstica, que tenía un hijo que vivía con sus padres y que era pobre”, recuerda Diemar.
A los veintitantos años, Diemar fue a buscar a su madre. Se puso en contacto con el Centro de adopción, la ONG sueca que había organizado su adopción. Suecia tiene una de las tasas de adopción internacional per cápita más altas del mundo y, en los años 90, la agencia lanzó un programa que ayudó a los adoptados a reunirse con sus familias biológicas. Pero no tenían información sobre la madre de Diemar. En 1998, viajó a Chile solicitando ayuda de diversas fuentes: los servicios de bienestar infantil, el juzgado de familia que aprobó su adopción, el hospital donde nació, el registro civil. Pero ninguno de ellos proporcionó información.
Cuando visitó el palacio de justicia en Temuco, la ciudad más cercana a su lugar de nacimiento, un secretario de la corte se paró frente a ella, sosteniendo su expediente en la mano, hojeando los documentos viejos y se negó a darle ni un vistazo. Se fue de Chile con las manos vacías, pero aún decidida a encontrar a su madre. “Llegué a casa con más preguntas”, dijo Diemar, “pero sentí que me había acercado más a mi familia. Solo necesitaba encontrarlos «. Unos años más tarde, en el invierno de 2002, Diemar se enteró de una serie documental de la televisión sueca que presentaba a dos adoptados en busca de sus familias biológicas en Chile.
Poco antes, Diemar había recibido una pista prometedora: el Servicio Nacional de la Infancia de Chile había propuesto una posible dirección para su madre. Aprovechando esta nueva posibilidad, Diemar se puso en contacto con Ana María Olivares, una periodista chilena que había contribuido al documental, para pedir ayuda. Se decía que la madre biológica de Diemar vivía en un pequeño pueblo en el centro-sur de Chile, pero Olivares no pudo encontrar una dirección exacta. Hizo varias visitas infructuosas a la ciudad durante dos semanas, tocando puertas. Cuando tuvo que regresar a la capital, Santiago, dejó la tarea de dar seguimiento a su tío, que vivía en la zona.
En enero de 2003, finalmente localizó a la mujer nombrada en los documentos de adopción de Diemar, pero ella se negó a reunirse con Diemar en persona. Ahora estaba casada y temía que a su marido no le agradara la apariencia de una hija perdida que no era suya. Pero quería que Diemar supiera que nunca tuvo la intención de delatarla. Dijo que le habían robado su bebé al nacer. Diemar estaba profundamente consternado}a por esta noticia. Sabía que sus padres suecos habían actuado de buena fe cuando la adoptaron, pero ahora parecía que podrían haber sido engañados.
Luego, en septiembre de 2017, Diemar vio una película del documentalista chileno Alejandro Vega, en la que las mujeres, en su mayoría de origen pobre y minoritario en Chile, describían cómo habían sido engañadas o coaccionadas para que entregaran a sus bebés en adopción internacional. Mientras trabajaba en un informe de seguimiento en 2018, Vega se puso en contacto con Diemar, a través de un grupo de Facebook de adoptados. A petición de ella, revisó los documentos relacionados con su adopción y encontró que estaban llenos de errores y omisiones. Por lo que había visto de su expediente, creía que había problemas fundamentales en la adopción de Diemar. Esta noticia fue devastadora. Diemar sintió que había aceptado que su adopción se hizo de la manera adecuada porque no podía manejar las consecuencias emocionales. Ahora la verdad la golpeó con toda su fuerza. “Todo mi cuerpo reaccionó”, dijo. «Empecé a temblar y a llorar».
Durante los años 70 y 80, familias de Europa y América del Norte adoptaron entre 8.000 y 20.000 bebés y niños pequeños chilenos. Las madres biológicas eran típicamente muy jóvenes y muy pobres. Estas adopciones fueron parte de una estrategia nacional para erradicar la pobreza infantil, que la dictadura militar esperaba lograr, en parte, sacando a los niños desfavorecidos del país. Las adopciones internacionales habían comenzado décadas antes de que Augusto Pinochet asumiera el poder, pero en 1978 promover la adopción se convirtió en la política oficial del gobierno. Aumentaron las presiones sobre las madres para que renunciaran a sus hijos y aumentaron las adopciones internacionales.
Para Alejandro Quezada, fundador del grupo de campaña Chileno Adoptados en el Mundo, el efecto de las políticas de Pinochet fue la “criminalización de la pobreza”. El poder del Estado se utilizó contra las familias pobres para evitar que criaran a sus propios hijos, y un clima de violencia impidió que la mayoría de las madres resistieran. Las víctimas no solo eran pobres, muchas de ellas también eran miembros de la comunidad indígena mapuche, un grupo que ha sido perseguido durante mucho tiempo. Bajo la dictadura, la precaria existencia de estas mujeres fue vista como un obstáculo para el progreso.
Si bien había pocas familias que buscaran adoptar bebés de piel morena en Chile, hubo más interés en el extranjero. Al enviarlos a países más ricos, el gobierno de Chile «creyó que estaban salvando a estos niños», dice Karen Alfaro, profesora de historia y geografía en la Universidad Austral de Chile y experta en adopciones internacionales de Chile. Pero el objetivo más amplio, según Alfaro, era reconstruir las relaciones en el exterior. Muchos países habían roto relaciones con Chile después del golpe de 1973 que derrocó al gobierno elegido democráticamente. “La dictadura promovió la adopción como un mecanismo para reconstruir las relaciones diplomáticas”, dijo Alfaro, “especialmente con países que habían recibido exiliados chilenos y cuyos gobiernos eran críticos con las violaciones de derechos humanos”.
Mientras tanto, en Suecia, la adopción internacional se había convertido en una causa justa. La primera generación de padres que adoptó en el extranjero en los años 60 creía que estaban haciendo algo bueno por los demás, dice Tobias Hübinette, profesor asistente de educación intercultural en la Universidad de Karlstad. Fue «una extensión de la política exterior de Suecia y la ayuda al desarrollo hacia el llamado Tercer Mundo».
Pero desde principios de la década de 1970, surgieron relatos de Chile de mujeres que fueron coaccionadas por trabajadores de bienestar infantil para que renunciaran a sus hijos pequeños. Algunos dijeron que médicos y enfermeras de hospitales estatales les habían dicho falsamente que sus bebés habían muerto al nacer. Las madres nunca recibieron certificados de defunción ni se les permitió ver a sus bebés. Aquellos que intentaron involucrar a la policía, o llevaron sus historias a los medios de comunicación, fueron intimidados y tratados como mentalmente inestables por las mismas personas involucradas en llevarse a sus hijos.
En la última década, los periodistas e investigadores criminales en Chile han ido encontrando cada vez más evidencias de adopciones irregulares en los años 70 y 80. Alfaro descubrió que los futuros padres en Europa y Estados Unidos pagaban a las agencias de adopción internacionales entre $ 6.500 y $ 150.000 por cada niño. Un recorte de estos honorarios a menudo llegaba a los profesionales chilenos que ayudaron a identificar a los niños «elegibles» y liberarlos de sus padres marginados y sin educación. “Las agencias de adopción internacionales tenían representantes en Chile que desarrollaron redes de mediadores pagados, la mayoría de los cuales eran funcionarios públicos, para proporcionar niños en adopción”, dijo Alfaro. «Había trabajadores sociales pagados para emitir informes falsos de abandono infantil, y había dinero para que los médicos y enfermeras generaran certificados de nacimiento que decían que el bebé murió al nacer, y los jueces pagaban para aprobar la transferencia de la custodia».
El documental de Alejandro Vega de 2017 describió las adopciones como «un negocio muy lucrativo en un período oscuro». “La situación en la que vivía nuestro país, un estado de emergencia bajo una dictadura, convirtió incluso las maternidades en negocios”, me dijo Vega. No está claro cuánto sabían las agencias de adopción internacionales sobre las actividades de sus redes en Chile. Por lo menos, parece que algunas agencias hicieron poco esfuerzo para descubrir la verdad detrás de las historias sobre niños robados.
En septiembre de 2018, bajo la presión de grupos que trabajan para reunir a familias divididas por adopciones abusivas, la Cámara Baja del Congreso de Chile creó una comisión para investigar estas acusaciones históricas. Las madres y los adoptados dieron un testimonio desgarrador. Una mujer, María Orellana, contó a la comisión cómo, en la mañana del 18 de febrero de 1985, llegó a un hospital de Santiago a las 39 semanas y seis días de embarazo. Ella había entrado en trabajo de parto la noche anterior, y ese día su bebé nació por cesárea y luego se lo llevaron. Durante tres días, Orellana pidió ver a su hijo, hasta que un supervisor le informó que el bebé había muerto. Incluso entonces, dijeron, ella no podía verlo, ya que la vista del cuerpo sería demasiado traumática. «Es mejor conservar el recuerdo del bebé», le dijeron. Orellana todavía busca a su hijo, poniendo su fe en Dios para que un día madre e hijo se reúnan.
En julio de 2019, la comisión publicó un informe de 144 páginas en el que describía las «mafias» de profesionales de la salud y funcionarios públicos que utilizaron métodos nefastos para quitarles a los niños a sus madres y garantizar un suministro regular de bebés en lo que se había convertido en un «negocio lucrativo». Lo que había sido una práctica no regulada antes de que Pinochet asumiera el poder se había codificado legalmente durante la dictadura. El resultado fue que las prácticas de adopciones sin escrúpulos se llevaron a cabo con impunidad. El informe concluyó que las adopciones fueron crímenes de lesa humanidad.
