Existe consenso de que apenas deje de ser presidente, Piñera recibirá una batería de querellas por crímenes de lesa humanidad tanto en Chile como en la corte penal internacional. ¿Por qué no las recibe ahora? Porque por más que existan algunas que actualmente estén tramitándose en la justicia, como esta misma de Baltasar Garzón, al ser presidente tiene mucha más protección institucional, la cuál como comprenderán, perderá cuando deje de serlo.
Y es que la realidad es una: Piñera efectivamente es un criminal de lesa humanidad. Durante el Estallido Social violó los Derechos Humanos a niveles de la Dictadura, torturas y asesinatos extrajudiciales incluidos, siendo el caso más relevante que estuvo tres semanas reventándole los ojos a los manifestantes, provocando un número de mutilaciones jamás visto en la historia del mundo. Al respecto, un artículo de Ciper detalla:
El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda. El documento pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” –según señala el escrito– desde octubre de 2019.
“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, remarcó Garzón a CIPER (vea el vídeo con su declaración). El libelo, presentado este jueves a las 11:00 de Chile, argumentó en detalle que la corte internacional debe intervenir debido a que en nuestro país estos casos son erróneamente calificados como delitos comunes y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.
“Los casos son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, señaló a CIPER que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros. “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, ahondó
