Una vez puede ser casualidad, dos ya es altamente sospechoso. Que estés involucrado en TRES casos de falsificación de firmas ya habla de un modus operandi. Si la Lista del Pueblo está muerta, Diego Ancalao debería desaparecer antes que lo tomen preso. Una nota de Radio Bío Bío detalla:
Este jueves el Servicio Electoral rechazó la candidatura de Diego Ancalao por presentar más de 23 mil firmas validadas por una notaría inexistente desde 2018 y de un notario muerto, sin embargo, esta no es la primera vez en que el dirigente fue investigado por el presunto uso de documentos y firmas falsas. Según los registros, en 2010 se le investigó por estafar a 200 familias. También en 2012 por adquirir la compraventa de un terreno en Gorbea. El último en 2014, con una denuncia por fraude al fisco. Todo bajo el mismo método: la falsificación de firmas.
El 2009, Diego Ancalao era dueño de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) “Idear Ltda”. La historia partió ese mismo año, cuando la PDI investigó mediante peritajes científicos, la falsificación de firmas de 200 carpetas. Todas pertenecían a familias humildes que buscaban asesoría para mejorar sus viviendas sociales en Malleco. Incluso, dentro de las firmas “falsas”, estaba la del arquitecto de la empresa.
La irregularidad estaba en que el Ministerio de Vivienda le pagaba a Ancalao cerca de 20 mil pesos por cada carpeta. Lo que le dejaba una ganancia de 4 millones de forma irregular. Bajo estos datos que manejaba la PDI, se configuró el delito de falsificación de instrumento público que investigó el Ministerio Público en 2010. Los primeros antecedentes aseguraban que el caso podría tener muchos más afectados, incluso en otras comunas. Pero con todas las pruebas de momento la investigación no perseveró. De hecho, el fiscal de Angol, Rodrigo Durán, decidió cerrar la investigación judicial a pesar de los peritajes realizados por la PDI.
El 24 de enero de 2012 ingresó una querella ante el Juzgado de Garantía de Temuco. La acción penal acusaba a los hermanos Diego y José Ancalao. Así también, a su hermana Claudia, cinco empleados y al notario Héctor Basualto, por el delito de estafa, falsificación de instrumento público (escritura pública) y uso malicioso del mismo. La historia va así. En julio de 2010, Lilian Muñoz, madre de Eduardo Estrada, cabo fallecido en la tragedia Juan Fernández, adquirió un inmueble por herencia mediante escritura pública firmada por el notario Javier González, suplente de Héctor Basualto. En octubre de 2011, Lilian intentó vender el inmueble, pero mientras actualizaba la documentación se percató que al margen de su inscripción se había anotado una transferencia de dominio -cuyo origen ignoraba- en favor de la Organización no Gubernamental de Desarrollo Identidad y Desarrollo Nacional (ONG Idea Chile).
Esta inscripción, según estipula el documento, transfería el inmueble en favor de ONG Idea a través de una escritura pública de compraventa otorgada en la notaría de Héctor Basualto. En términos simples, la denuncia acusa que se otorgó falsamente una escritura pública de compraventa del inmueble, otorgada por el notario Basualto, en favor de la organización ONG Idea Chile, representaba por José y Diego Ancalao. Así entonces, se falsificó su firma y huella digital por un monto de 40 millones de pesos pagado al contado y en efectivo.
Según versa la querella, los hechos que derivaron en la falsificación se originaron en el actuar doloso de múltiples personas, incluida Diego Ancalao, integrante de la ONG. En efecto, a inicios de 2011 Lilian encargó informalmente a Luis Gallegos gestionar el inmueble pero sin entregar mandato oficial. Fue así que contactaron a Ancalao y él manifestó conocer algunos interesados en la compra. Posteriormente, el libelo prosigue señalando que el propio Ancalao le dijo a Gallegos estar interesado en adquirir la casa a fin de obtener capital para una sociedad que se encontraba iniciando con su pareja. El único pero, es que carecía de fondos para la gestión. Sin embargo, había ideado una maniobra para obtener un crédito hipotecario con el Banco Scotiabank o del Desarrollo.
La querella versa: “la operación consistía en elaborar falsamente una escritura de compraventa del inmueble contando con la complicidad del notario Héctor Basualto en favor de la ONG Idea administrada por sus hermanos. A fin de efectuar la transferencia a nombre de la institución contando con la ignorancia de la víctima”. Es así que el 5 de abril de 2011 comparecieron en la notaria los hermanos Ancalao Gavilán y en ausencia de Lilian firmaron la escritura pública de compraventa. Falsificaron la firma y huella digital, y por supuesto, Héctor Basualto no verificó la identidad al autorizar la escritura. Así entonces, Diego y José presentaron la escritura falsa en diversos bancos con el fin de obtener créditos hipotecarios, según finaliza la denuncia.
A principios de 2016, tras una resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, se decidió no perseverar en el procedimiento de Diego y José Ancalao. El juez dejó sin efecto la medida cautelar de no salir del país y la causa para Diego quedó concluida. Solo se culpó a Manuel Altamirano, en ese entonces funcionario de la notaria.
Según consignó La Tercera, el 2014, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Ancalao por fraude al fisco. El inicio de todo ocurrió en 2006. El Estado y el Banco Interamericano aprobaron un contrato de préstamos llamado: Programa de Orígenes. El ejecutor de este programa que ascendía a más de $109 millones de dólares, sería la Conadi. Dos años después, Jorge Roa, Coordinador Regional del programa, y Diego Ancalao, representante de la consultora IDEAR, obtuvieron un contrato por prestar sus servicios para la Unidad de Planificación de la Comunidad Ralún Coyán y Tromén. El monto fue por más de $42 millones de pesos.
Esta comunidad, realizó una denuncia ante la Conadi porque los profesionales se cambiaban y no terminaban su trabajo, dejando las capacitaciones a medio camino. Es así que la querella dice que Ancalao, como representante legal, usó documentos falsificados para “dar una apariencia de veracidad a actuaciones de servicios que nunca prestaron en favor de las comunidades indígenas afectadas, y por las cuales, finalmente, han obtenido prestaciones indebidas por parte de la Conadi, ocasionando una pérdida o perjuicio a su patrimonio”. Por lo mismo, el CDE presentó la denuncia contra Ancalao y Jorge Roa por fraude al fisco. El motivo fue que nunca concretaron sus prestaciones y autorizaron los pagos.
