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Si un par de alumnos interrumpe las clases, amenazan de muerte al resto de los alumnos y se ponen a tirar bombas molotovs a micros con pasajeros, el sentido común indica que ese par de alumnos deben ser expulsados inmediatamente y encarcelados. Que los rectores los defiendan significa que estamos en presencia de una red de encubridores que incentivan la violencia, fomentan la impunidad y le están quitando la educación a generaciones completas. Parte de un artículo de La Tercera puntualiza:
Era una reunión más de coordinación entre la Subsecretaría del Interior, los rectores de los liceos emblemáticos y la Municipalidad de Santiago. El escenario: La Moneda. El tema: la violencia e inseguridad en los establecimientos educacionales. Como otras veces, los rectores de los nueve colegios emblemáticos de Santiago llegaron a La Moneda -a las 16 horas de ayer lunes- para fijar líneas de trabajo con el gobierno y sostener la escalada de violencia en los establecimientos educacionales, la que sin ir más lejos, esa misma mañana (y hoy) se tomó las inmediaciones del Liceo de Aplicación.
La cita fue liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien recibió a los invitados con cordialidad, aunque advirtiendo lo preocupante que resultaba para el gobierno que todas las semanas se registraran hechos de este tipo. Solo en los primeros 15 días del mes van 15 eventos violentos; en octubre fueron 50 y en septiembre, 66, de acuerdo a los antecedentes levantados por Carabineros.
Monsalve les pidió a los rectores, y también a la Municipalidad de Santiago -la cual estuvo representada en la cita por su director de Educación, Rodrigo Roco, y otros funcionarios de la DEM-, que debían “colaborar” con la entrega de información que les estaba requiriendo el Ministerio Público, a través de la Policía de Investigaciones (PDI). Fue ahí cuando los ánimos se tensionaron. Los rectores y Roco, detallan algunos de los presentes, se “descompusieron”, pues consideraron que se les estaba pidiendo entregar información judicial que a ellos no les correspondía. “No somos los sheriffs”, cuenta uno de los invitados a la reunión.
Sin embargo, agrega otro de los asistentes, Monsalve les explicó que no era que la PDI estuviera por cuenta propia pidiendo información, sino que todo respondía a un proceso judicial amparado por la legislación vigente. Ahí les ejemplificó: “El Ministerio Público pide una orden de investigar, se la entrega a la policía y ellos solicitan la información que requiere la fiscalía. Nada más”.
La explicación no calmó a los rectores y menos a Roco, agregan los consultados, quienes agregaron que “queda la sensación de que son los rectores quienes deben realizar todo el proceso de investigación. Pero ya existen los RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) y se quiere que los directores asuman como sheriffs. Eso ha ido causando divisiones, radicalizando más el tema, dividiendo a las comunidades. Al final, la propuesta del gobierno es que le hagamos la pega a la fiscalía”.
El subsecretario Monsalve volvió a explicarles a los presentes que todo es parte de un proceso normado y legal, que no se les estaban pidiendo investigar, sino que entregar los antecedentes necesarios para que el Ministerio Público pueda avanzar, por ejemplo, en perseguir a quienes están causando e incentivando estos delitos. Los rectores volvieron a retrucar: “No entregaremos los nombres de los alumnos”, señalaron. La justificación es que como profesores tienen un rol formativo y no punitivo, con la misión de recuperar al adolescente en formación.
El problema que se les presenta a los rectores, y también a la Municipalidad de Santiago, es que -aseguran- no quieren ser “los comisarios que anden dando nombres”, dado que luego se les hace muy problemático liderar a las comunidades educativas. Entran en un conflicto directo con los alumnos, explican, y el desorden se agudiza aún más.
