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Enterrar un gobierno completo por indultar a un grupo de criminales rematados, requiere demasiadas malas decisiones al mismo tiempo: Un presidente incompetente que sólo se rodea de amigos, asesores inútiles, falta de comunicación interna y ausencia total de filtros. Un fantástico artículo de La Tercera relata minuto por minuto cómo se desencadenó la crisis que está sepultando al gobierno de Gabriel Boric.
Varias cosas a destacar: La ridícula falta de comunicación, las presiones del PC, el nulo sentido de realidad de Apruebo Dignidad al pensar que iban a ganar el plebiscito, la responsabilidad absoluta de Matías Meza-Lopehandía por no chequear los antecedentes, y el error en los nombres provocó que Boric terminara indultando a criminales rematados que no deberían estar libres. Parte del artículo señala:
La mañana del viernes 30 de diciembre, el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, tomó el teléfono y llamó a los presidentes de los partidos de las coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Meza, a nombre del Mandatario, les anunciaba lo que dos horas más tarde La Moneda iba a comunicar: el indulto a 10 -más tarde ampliado a 12 por un error de comunicación entre el ministerio de Justicia y el equipo de Boric- condenados por delitos cometidos durante el estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna. “No podíamos alargarlo más, era un compromiso inicial”, les dijo Meza-Lopehandía a los representantes de los partidos.
En la lista había condenados por delitos como incendio, asalto, lanzamiento de artefactos explosivos e incluso un homicidio frustrado a funcionarios de la PDI. Una polémica decisión que trajo costos políticos y una cadena de errores que este sábado terminó con Boric aceptando la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos (Convergencia Social) -que será acusada constitucionalmente este lunes, si la oposición no cambia de parecer-.
Por otra parte, Meza-Lopehandía tiene una estrecha relación con Marcela Ríos, pues además de compartir militancia, es muy amiga de su pareja, Carmen Luz Morales. Osvaldo Durán, actual vocero de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos, cuenta que las primeras reuniones que tuvieron el año pasado se hacían cada dos semanas y fueron con la entonces ministra de Justicia para abordar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos del estallido que se tramitaba desde enero.
En paralelo a la tramitación del proyecto de amnistía, al Ministerio de Justicia habían llegado todas las solicitudes para pedir el indulto presidencial de los presos del estallido -que fueron disminuyendo a medida que algunos de los detenidos incluidos en el listado quedaban en libertad o con penas sustitutivas-. -Les pedimos a los familiares que hicieran de inmediato el trámite para no perder tiempo y la mayoría se envió al ministerio entre marzo y abril -cuenta Osvaldo Durán.
Aquí es donde todo se enreda. En esa cartera revisaron las solicitudes, las cuales pasaron por los encargados de chequear los antecedentes de cada uno de los postulantes -la jefa de división de Reinserción Social, Macarena Cortés, y el jefe de la división Judicial, Pablo Fuenzalida -compañero de Meza-Lopehandía en la universidad-, quienes traspasaron las carpetas a la ministra de Justicia y chequearon que pasaran los filtros técnicos que se requieren para poder solicitar un indulto, como que no tuvieran causas vigentes.
Hasta antes del 4 de septiembre, si todo iba bien, decían los más optimistas como Meza-Lopehandía, era una buena señal conceder esos indultos el mismo mes de haber ganado el Apruebo -cosa que no ocurrió-. Por eso, el trabajo de verificación de postulantes se esperaba que llegara cuanto antes a manos del Presidente. Pero con el triunfo del Rechazo, las prioridades cambiaron y el indulto se fue quedando atrás. “No hemos encontrado el timing”, decían en diciembre en el gabinete presidencial. Las presiones ya habían empezado, sobre todo de parte de los parlamentarios del PC e independientes de izquierda. La senadora Fabiola Campillai, por ejemplo, fue una de las que hicieron el punto en más de una ocasión.
Además de ella, los diputados comunistas, algunos del FA -incluyendo al senador Latorre- y otros como Andrés Giordano (independiente pro Frente Amplio), tienen un vínculo muy cercano con las familias y fueron parte de las presiones al gobierno a través de cartas y conversaciones. En La Moneda aseguran que el lunes 26 de diciembre durante la actividad de la presentación del proyecto Nueva Alameda-Providencia -para renovar la zona de Plaza Baquedano-, un diputado comunista se acercó al Presidente para preguntarle por el tema. Para entonces, el Mandatario ya había frenado el anuncio previsto originalmente para tres días antes, pero que fue postergado por el megaincendio de Viña del Mar. Así, Boric le dijo al diputado que pronto tendría novedades.
Dicho y hecho. Cuatro días después, el anuncio se hizo oficial. A las 13 horas del viernes 30 de diciembre, el gobierno comunicaba el indulto a 10 presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna, una causa que -como quedaría demostrado- el Presidente asumió en términos personales, confundiendo incluso los roles institucionales para explicarla. Pero los errores venían desde antes. El viernes 30, a la media hora de que publicaron la lista, se dieron cuenta de un error: faltaban nombres en la nómina y desde el Ministerio de Justicia aseguraron que había dos indultados que no debían estar en ella.
LOS DOS DE YAPA
La decisión y el error comunicacional, que luego implicó que se agregaran dos nombres más a la lista de indultados, trajo costos políticos importantes para La Moneda. El más inmediato, para la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien estaba ad portas de cerrar un acuerdo transversal por la seguridad en el que participaban parlamentarios de todos los partidos políticos. El anuncio terminó con esa ilusión, porque la UDI, RN, Evópoli y Republicanos anunciaron que se restaban de la instancia que nació el 21 de noviembre.
En el gobierno cuentan que a inicios de la semana pasada, la lista de los 11 indultos ya estaba chequeada. Pero el miércoles en la noche -dos días antes del anuncio- se sumaron dos nombres, los que el equipo encargado de revisar los antecedentes tuvo que chequear rápidamente. El comentario de pasillo, reconocen en ese equipo, era que existía mucha descoordinación entre Justicia y La Moneda para gestionar los últimos detalles. El caso de Mateluna también fue incluido en las últimas semana para la revisión de antecedentes. De hecho, mientras 11 decretos de indulto fueron firmados el jueves 29 de diciembre hay dos que se firmaron al día siguiente, cuando fue publicada la lista: Luis Castillo Opazo y Sebastián Montenegro Coo.
LA DUDA
Funcionarios de Justicia aseguran que Ríos dudó con uno de los indultados. Se trataba de Luis Castillo, condenado por siete delitos como robo, desórdenes, daño, maltrato a Carabineros y quebrantar la Ley de Seguridad del Estado. Por eso en la corrección que realizaron el viernes, tras el anuncio del Presidente, periodistas de la cartera informaron que Castillo y Montenegro no debían estar en la nómina y que en su lugar deberían figurar Alejandro Carvajal Gutiérrez y Matías Rojas Marambio -quienes finalmente fueron agregados-.
Castillo tenía 26 causas judiciales y cinco condenas previas, pero pese a las interrogantes y a la información que había a mano, fue incluido en las carpetas que llegaron a manos del Presidente -porque cumplía con los requisitos técnicos para ser indultado- y que luego firmó.
Esas carpetas, aseguran, contenían las fichas de los seleccionados solo con las causas relacionadas al estallido y no con el resto de los antecedentes de cada uno -porque así es como funciona técnicamente la ejecución de un indulto-. Por eso, justifican en el gobierno, Boric no tuvo acceso al historial completo y tomó la decisión de liberar a todos los solicitantes que cumplían los requisitos y que fueron detenidos en el marco del estallido. Ninguna de las carpetas de ese grupo que llegaron a la oficina del Mandatario fue desechada.
“¿Pero cómo es que nadie alertó de los prontuarios?”, es la pregunta que desató la molestia entre los integrantes del comité político en La Moneda apenas reventó el asunto. Ahí varios, incluyendo a presidentes de partidos oficialistas, plantean que Meza-Lopehandía era el indicado para hacer algo más, porque es el asesor más cercano al Presidente, es especialista en Derechos Humanos y porque desde principios de año fue uno de los integrantes del equipo de Boric que más comprometido se mostró con la causa.
El mismo viernes 30 el Mandatario tuvo que salir a dar explicaciones. “No son delincuentes”, dijo, al tiempo que se iban conociendo los antecedentes de los perdonados. Y el asunto escaló el lunes, cuando estando en Brasil justificó el indultó a Mateluna porque estaba convencido de su inocencia y acusó irregularidades en el proceso judicial del inculpado. Nuevamente la opinión entre los integrantes del gobierno era que el Presidente estaba mal asesorado.
La respuesta fuerte vino el martes: la Suprema y varios fiscales le dijeron básicamente que en un Estado de derecho el Presidente no tiene nada que inmiscuirse en temas judiciales. El reto le llegó fuerte y el Mandatario agachó el moño pero, otra vez, con un error: publicó un comunicado de prensa en que señalaba que los indultos no ponían en duda la separación de poderes del Estado, citando erróneamente el número de la ley. Y, nuevamente, en La Moneda los ojos se posaron sobre el jefe de gabinete presidencial, porque el comunicado no fue consultado con otros equipos antes, como el de la Secom. Para entonces, todos los presos del estallido que calificaban como indultables ya estaban en libertad y los errores le afectaron al gobierno en varias líneas.
