Las fundaciones son necesarias y existen cientos de ellas que llevan años haciendo un trabajo serio y profesional, el problema son las otras cientos de fundaciones mulas como lo era Democracia Viva, que son verdaderas maquinarias para desfalcar al Estado.
El primer paso debería ser no contratar bajo ningún punto a las fundaciones que sean creadas por políticos, las que no tienen el giro para lo que las contratan, y las que no tienen la experiencia necesaria. Un artículo de Radio Bío Bío señala:
Esta vez se trata de la Fundación Comprometidos, que recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó, monto que en mayo se elevó a $190 millones. Esto, a través de un plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”.
Para ello, se comprometían a la “prestación de servicios de suministro de agua potable mediante la contratación de dos camiones aljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de dotar del sistema a los campamentos hasta agosto del 2023”.
Así también, “organizar a las directivas de los cuatro campamentos para reunir el prepago del aporte por el acceso al suministro de agua potable” por un valor fijo de $ 10 mil.
Sin embargo, una nota de TVN reveló que hasta diciembre del año pasado, los vecinos del campamento recibían agua potable gratuita proporcionada por la Municipalidad y distribuida por Techo para Chile. Y una vez que comenzó a operar la fundación, debieron cancelar $12 mil en efectivo, algo que es cuestionado por los mismos vecinos del campamento.
La organización -sin fines de lucro- es dirigida por el excandidato a concejal y a diputado por el Partido Progresista (PRO), Sebastián Gonzalo Duarte Vergara, y además registra domicilio en Quinta Normal, en la región Metropolitana.
No obstante, al momento de la firma del convenio, en diciembre de 2022, Comprometidos tenía un giro para “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias”, algo totalmente distinto al rubro del agua potable. Pero, en marzo de 2023 actualizó su giro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) a “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.
Además, la polémica fundación recibió otros aportes: uno por 33 millones por “consultas regionales de mascotas”, y otro por $83 millones por el “control poblacional canino y felino”.
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