Esto es simple: El que siga diciendo que la Nueva Constitución es superior a la actual está mintiendo de manera grosera. Si te gusta el mamarracho porque eres un conservador populista de extrema derecha todo bien, cada uno sabe lo que hace, pero decir que es mejor que la actual constitución es una infamia del tamaño de Cthulhu. Un artículo de El País consigna:
Un grupo de 40 economistas entregó su veredicto sobre la nueva propuesta de Constitución, que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre en Chile. “Una eventual aprobación del texto arriesga afectar la economía mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional”, esgrimen como uno de sus argumentos.
Entre los firmantes hay varias figuras reconocidas de la disciplina, entre ellos tres ex ministros, Carlos Ominami, Nicolás Eyzaguirre y Eduardo Bitrán; un ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler; y otros destacados representantes de la academia, como la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, los académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel y Dante Contreras, Valentina Paredes, Patricio Meller, entre otros.
Pero además la misiva incluye la firma de varios economistas representantes de la nueva generación. Entre ellos están, por ejemplo, la académica de la Universidad de Chile Paola Bordón y el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Bernardo Lara. En 2022, ambos hicieron pública su opción por el Rechazo a la anterior propuesta constitucional, que fue desechada luego de que el 62% de los chilenos votara en contra en el plebiscito realizado el 4 de septiembre de ese año.
Una de las observaciones centrales de los economistas al nuevo texto “es que la Constitución no debe decidir temas de política pública”. “Existen modalidades y preferencias que pueden evolucionar en el tiempo y que, por tanto, son materia de ley. Una cosa es definir instituciones económicas como la independencia del Banco Central o la protección de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de política pública que son habituales en los países desarrollados”, plantean.
En ese sentido, explican que “el caso más claro de políticas públicas que quedarían a nivel constitucional de aprobarse la propuesta, es el del financiamiento de derechos sociales. Esto porque dificultaría la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión que es utilizado en la mayoría de los países más avanzados”.
Asimismo, alertan que “la obligación de incluir aseguradores privados y públicos en la provisión de estos derechos sociales tampoco es materia constitucional en los países desarrollados. Sin la adecuada regulación, la elección individual en estos ámbitos entraña el riesgo de dejar estos derechos al arbitrio del mercado, con los problemas que la ciudadanía conoce de una protección que depende de los ingresos de los hogares”.
Otro de los puntos potencialmente conflictivos, señalan, es que la propuesta constitucional contiene artículos que dificultan “una política tributaria efectiva y moderna”. Y citan como ejemplo la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda.
“Dicha norma es regresiva y populista, y aunque considera una transición, pone en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres”.
Para ilustrar esta realidad, explican que prácticamente ninguna vivienda en Lota (una de las comunas más pobres de la región del Biobío) hoy no paga contribuciones, mientras que casi el 100% de las viviendas en Vitacura (considerada una de las comunas más ricas de Chile) está sujeta a su pago.
Ejemplifica también con el artículo que establece como deducibles de impuestos “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia”, sin especificar de cuáles gastos se trata. “Estos son conceptos interpretables y darán lugar a judicialización e incertidumbre, y erosionarán significativamente la recaudación tributaria que supuestamente debe financiar derechos sociales”, alertan.
Los economistas advierten además que el nuevo texto estable limitaciones al Estado para perseguir algunas conductas delictivas. Esto, “al hacer inconstitucionales delitos cuya tipificación se delega a normas reglamentarias, tal como ocurre en materia de delitos ambientales y aduaneros y el reforzamiento penal de la regulación económica”.
Más grave -añaden- es la propuesta (artículo 16.9.b) que somete a las sanciones administrativas al estándar de determinación que hoy se exige de los delitos penales. “Esto dificulta, en primer lugar, asegurar la eficaz implementación de la regulación de diversos sectores económicos, como el mercado de valores, las prestaciones de salud, las materias tributarias y los servicios sanitarios”, señalan.
La carta reconoce que “las consideraciones anteriores no son exhaustivas y no incluyen otros ámbitos donde también hay aspectos muy debatibles”. Pero, agrega categórica: “Nos bastan para votar en contra de un texto que restringe las posibilidades de políticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de nuestro país”.
