Uno de los que está pasando piola en la grave crisis de seguridad que enfrenta Chile es el Sistema Judicial, que está DIEZ pasos atrasados a la hora de combatir la delincuencia. Porque si, la clase política lleva 5 años peleando por puras cagadas mientras nos llenamos de delincuentes caribeños, pero la justicia no puede ser tan permisiva dejando en libertad a tanto criminal a pesar que tienen prontuarios escandalosos de delitos. Un artículo de Radio Biobio detalla:
El 7 de septiembre recién pasado Jefferson Arzonar Meza García recuperó su libertad. Había estado 98 días recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, como medida cautelar en el marco de una causa por tráfico de drogas.
En efecto, el ciudadano venezolano oriundo de Cartanal, un pueblo ubicado a unos 30 kilómetros de Caracas, se encontraba actualmente cumpliendo en libertad vigilada intensiva la pena que se le impuso tras ser hallado culpable del delito de tráfico. Pese a que reunía varios de los requisitos para ser objeto de expulsión, el juez no pudo aplicar esa medida sustitutiva por tratarse de un delito contemplado en la Ley 20.000.
Tráfico en Barrio Franklin
De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el sujeto en cuestión había ingresado irregularmente al país en 2021. Lo hizo desde Perú, donde también pasó un tiempo viviendo junto a su familia. Incluso, a su hijo se le concedió la calidad de refugiado en ese país.
Según él mismo mostraba en sus redes sociales, desde hace varios años el individuo dedicaba parte de su tiempo a ser barbero. Así también lo confirma una persona que lo conoció. Sin embargo, en Chile fue declarado culpable del delito de tráfico.
En rigor, el 31 de mayo de 2023 Jefferson Meza García fue sorprendido por personal policial en la intersección de calle Placer con Arturo Prat —en pleno barrio Franklin— portando decenas de dosis de droga lista para su comercialización: tussi, cocaína y marihuana conformaban su portafolio.
En detalle, 137 gramos de cannabis, otros 57 gramos de cocaína y 50 gramos de ketamina tussi. Además de ello, un teléfono celular marca Samsung, un iPad, $145 mil y una gramera.
Zafó de expulsión
Luego de eso, el 7 de agosto —a petición del Ministerio Público— un abogado en representación del Servicio Nacional de Migraciones ingresó un escrito informando su estatus en el país. En dicho documento referente a la situación migratoria se señala que no había ningún registro del ingreso del ciudadano venezolano por alguno de los pasos fronterizos habilitados. Por ende, se desprende que lo hizo de forma irregular.
Lo anterior, subrayó el Servicio Nacional de Migraciones, y sumado a que arriesgaba una pena inferior a los 5 años de cárcel, permitía que el juez decretara su expulsión inmediata del territorio nacional en base a lo señalado en el artículo 34 de la Ley 18.216. “La condición migratoria del extranjero es de carácter irregular, quedando a criterio de Su Señoría la aplicación (de la expulsión)”, manifestó el organismo.
Pero eso no ocurrió. Finalmente, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez Maldini, resolvió condenarlo a 541 días de presidio menor en su grado medio debido a que demostró arraigo familiar en nuestro país, puesto que su pareja y dos hijos viven en suelo nacional. Además, a un condenado por un delito consagrado en la Ley 20.000 no se le puede aplicar dicha medida.
Eso sí, por su irreprochable conducta anterior y por haber “colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos”, se le benefició con el cumplimiento de la sentencia en libertad vigilada intensiva. Para ello, debía presentarse a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Aquello finalmente no pasará, pues el individuo fue abatido en el acto por el carabinero que acompañaba a la funcionaria que terminó gravemente herida.
