Foto vía Aton Chile / Jonnathan Oyarzún
Si los países no crecen no tienen ningún futuro.
Chile lleva varios años con una economía estancada, donde destaca especialmente el actual gobierno de Gabriel Boric que tiene paralizadas decenas de inversiones… Y ahí es donde todos los dardos apuntan a Maisa Rojas y su equipo.
Se entiende que un gobierno quiera proteger la naturaleza, nadie quiere que destruyan humedales y dunas para construir edificios, pero claramente tiene que existir un equilibro y reglas claras, porque si cada proyecto de inversión va a depender de cómo se levanta un asesor, la economía del país va a ir directo al despeñadero. Parte de un artículo de El Mostrador detalla:
La labor de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha sido cuestionada por sectores empresariales e incluso gubernamentales en medio del debate por la demora de los permisos para los proyectos de inversión o derechamente la cancelación de los mismos.
A nivel micro, un ejemplo ocurrió esta misma semana, con la suspensión de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas para reabrir una carretera que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos.
Se trata de un tramo de siete kilómetros para unir las localidades de Corral y La Unión. Una ruta antigua que dejó de usarse por la caída de un puente de madera, y cuya reapertura era pedida por los municipios para mejorar la conectividad, impulsar el comercio y el turismo.
Sin embargo, ambientalistas y científicos se opusieron al señalar que afectaría la reserva. Finalmente, el Gobierno canceló el proyecto y anunció la creación de una mesa técnica para buscar otras alternativas.
El caso Teck
Aunque en este caso de trató de un proyecto menor, lo cierto es que lo mismo puede afectar iniciativas en el sector minero, hidroeléctrico u otros, por millones o miles de millones de dólares.
Esta semana el proyecto minero de una expansión de Quebrada Blanca 2, conocida como aumento de capacidad de molienda y valorada en 3.000 millones de dólares de inversión fue desestimado por la multinacional canadiense Teck.
La decisión causó inquietud en Codelco, cuyo presidente Maximo Pacheco, había tenido varias diferencias por permisos mineros con Maisa Rojas.
Cuestionada jefa de gabinete
Más allá de los discursos y las medidas que ha anunciado el oficialismo -desde el Presidente hasta sus ministros-, el punto en discusión está en cómo poner en marcha las iniciativas privadas sin que éstas queden atascadas en la tramitación a nivel ejecutiva, es decir, materializar dichas acciones. Y es ahí donde en un ministerio como Medio Ambiente, este desafío se convierte en un problema cuando en su primera línea de mando figuran personeros que tienen una mirada y una trayectoria que, precisamente, ha consistido en oponerse a los grandes proyectos de inversión, cualquiera sea el rubro.
Uno de los casos más reconocibles es el rol clave que juega la socióloga Violeta Rabi Blondel, actual jefa de gabinete de la ministra Maisa Rojas. Es decir, su mano derecha a la hora de gestionar los lineamientos en materia ambiental y de relación con ministerios como Economía, Minería, Energía y Hacienda, en quienes recae el peso de reactivar la economía del país.
Rabi tiene 37 años y milita en Convergencia Social . Antes de asumir como jefa de gabinete de Maisa Rojas, fue investigadora en Espacio Público y Rumbo Colectivo, la Fundación creada por los RD Diego Vela, Giorgio Jackson y Sebastián Depolo, que ha estado en la mira dentro del caso por el desvío de recursos hacia estas organizaciones sin fines de lucro.
Se autodefine como “Ecologista y Feminista, trabajando para una transición socioecológica justa”. Esa militancia ambientalista la ha realizado incluso mientras cursaba su maestría en Medio Ambiente en Australia, donde en 2010 ya invitaba a firmar contra la caza de ballenas y también para evitar el consumo de carne tiburones.
En Chile, no se ha restado de participar en variadas causas en rechazo a proyectos de inversión en energía y minería -los actuales cuellos de botellas en materia de permisología- entre los cuales se cuentan Hidroaysén, una central termoeléctrica en Arica, el también proyecto termoeléctrico Los Rulos de Limache y la ampliación de Andina 244 de Codelco, estas dos últimas en la Región de Valparaíso.
Este dato no es casual, ya que es oriunda de San Felipe, donde todavía tiene su domicilio fijado. En ese contexto, también ha sido crítica en sus redes sociales con lo que denomina “el absurdo de un sistema de monocultivo agroindustrial que concentra el uso del agua en zona de sequía. Como ya sabemos: no es sequía, es saqueo”.
Incertidumbre
Este personaje podría explicar la siguiente visión: en los hechos, si bien la normativa ambiental no ha cambiado mayormente, lo que distingue particularmente al período actual es un notorio incremento en la incertidumbre y en la discrecionalidad técnica ejercida por diferentes servicios públicos, como en el caso Rabi.
Esta variabilidad, que se manifiesta tanto en aspectos funcionales como en aplicaciones territoriales específicas, ha creado, a su juicio, un ambiente de inestabilidad que suscita una sensación de desasosiego y desconfianza en el ámbito de los inversionistas.
“Es crucial, por lo tanto, que se implementen medidas concretas para mitigar estos elementos de incertidumbre y arbitrariedad, con el objetivo de restaurar la confianza en el sistema y facilitar un entorno más propicio para la inversión sostenible”, comenta el abogado Rodrigo Castillo, ex director ejecutivo de empresas eléctricas.
En ese sentido, para muchos empresarios el sistema actual es deficiente. Creen que se trata de una estructura que tiene dos grandes defectos: primero, y por no encontrar una mejor expresión, resulta bastante “anárquico” y segundo, incumplió la filosofía básica de la “ventanilla única” que debía ser el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Es anárquico, porque cada servicio tiene ‘reglas’, procedimientos, tiempos de respuesta y criterios intensamente sectoriales. Esto último es relevante, porque muchos proyectos se enfrentan a trabas permisológicas que son, a lo menos, marginales en términos de la naturaleza del proyecto, siendo el ejemplo más clásico, el Consejo de Monumentos Nacionales”, afirma Castillo.
