Que el Frente Amplio y el Partido Comunista estén culpando a Piñera por la migración ilegal, sin asumir su propia culpa, debe ser una de las cosas más patéticas en la historia política del país.
No porque no tenga la culpa, que la tiene igual que Bachelet, sino porque están negando su propia historia, más aún cuando existen TONELADAS de evidencia que ellos fueron los que más defendieron la migración ilegal sin control.
Lo peor de todo es que ni siquiera han cambiado de opinión, porque lejos de ponerse a promover leyes en contra la migración ilegal, hasta ahora los siguen defendiendo e incluso buscan regularizarlos.
Un artículo de El Líbero del año del 2020, expone TODO lo que hizo al Frente Amplio para defender la migración ilegal durante el gobierno de Piñera:
DEFENDIERON LA MIGRACIÓN ILEGAL CUANDO PIÑERA LA QUISO FRENAR
Este miércoles 15 de diciembre, 41 diputados principalmente del Frente Amplio, del PC y del PS, presentaron un documento de más de 150 páginas, redactado por los abogados Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martín Canessa, al Tribunal Constitucional en el que plantean que 13 artículos de la aprobada Ley de Migración no se adecuan a la Constitución, ya que «manifiestan un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes».
De esta manera, buscan impugnar estos preceptos y seguir demorando la entrada en vigencia de la Ley de Migración, la que se aprobó el 3 de diciembre en el Senado tras 8 años de tramitación. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli señaló: «Después de 8 años de tramitación, de discusión parlamentaria, el Frente Amplio recurre al Tribunal Constitucional para poder imponer aquellos puntos donde ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso Nacional. Este proyecto de ley es completamente constitucional y aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración».
Los 13 artículos se dividen en 3 o 4 temas, pero el que causa mayor preocupación, según fuentes de Interior, es aquel que le quita legitimidad al Estado para determinar las reglas de quién entra y sale del país mediante la implementación de los visados.
El artículo 27 es uno de los que se busca impugnar, sobre la autorización previa o visa. En éste, se pretende eliminar que «por interés nacional o por bajo cumplimiento de las normas migratorias», un Estado puede exigir visa a los ciudadanos de determinados países. Con esta impugnación llevada a cabo, no se hubiera podido exigir visa a Haití o Venezuela, lo que habría permitido la entrada de al menos unos 700 mil extranjeros adicionales a los que hay hoy, en uno de los momentos de mayor crisis económica y de empleo en Chile.
QUERÍAN QUE TODOS LOS INMIGRANTES PUDIERAN ENTRAR AL PAÍS SIN EXIGENCIAS
Otro de los puntos es el artículo 3, en el que se plantea que no permitir que cualquier extranjero entre a Chile va en contra de la Constitución, de manera que el Estado no podría determinar quién entra a territorio nacional, estableciendo una lógica de «derecho a migrar» para que todos puedan entrar.
También, se busca eliminar la facultad del Subsecretario del Interior contenida en el artículo 133 que dice que «solo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior» podría expulsar extranjeros y establecer el plazo de prohibición de ingreso al país.
EN CONTRA DE LAS EXPULSIONES, INCLUSO DE DELINCUENTES
Mediante la impugnación de al menos 5 artículos de la Ley de Migración, los diputados del Frente Amplio le estarían poniendo «trabas a la expulsión» de los extranjeros que hayan cometido delitos, tengan antecedentes penales o que hayan ingresado clandestinamente mediante mentiras sobre su ingreso al país, señalan desde Interior.
Por ejemplo, en el artículo 135 se busca eliminar que el plazo para materializar una expulsión sea de 72 horas, acortándolo a 24. Actualmente la policía puede privar de libertad al extranjero por un plazo máximo de 3 días ya que, aseguran, sería impracticable que se expulse a extranjeros de lugares remotos o sin aeropuertos a países no fronterizos en tan corto plazo, por ejemplo, alguien de Magallanes a Europa.
También se cuestionan las prohibiciones de ingreso del artículo 33, en el que se eliminarían las facultades de la PDI para expulsar a un extranjero que realice declaraciones o porte elementos que sean indicios de que se dispone a cometer un crimen o delito, o que realice declaraciones o porte elementos que acrediten que el motivo del viaje difiere de la visa que obtuvo.
Es decir, la PDI estaría imposibilitada de actuar, no solo con esa impugnación, sino también con la que se refiere a las causales de expulsión de extranjeros, en la que se busca eliminar el numeral que establece que efectuar declaraciones falsas o adulteración de documentos, como el porte de un pasaporte falso, es causal de expulsión.
A su vez, los diputados de oposición proponen eliminar otro inciso que no permitiría que un extranjero que fue expulsado, ya sea por homicidio, tráfico de drogas u otro ilícito, pueda volver a su país de origen en un breve plazo, sino que tendría que realizar todo el proceso administrativo y judicial de nuevo.
