La drástica alza en la cuentas de la luz es un ejemplo de manual sobre cómo el populismo y la irresponsabilidad de los políticos destroza los países. Y no, la solución no es quemar dinero subsidiando las cuentas de luz, Argentina lo hizo y terminó quebrando al Estado. Una columna que escribió para La Tercera detalla:
La Ley 21.185 de octubre de 2019, conocida como ley PEC I (por Precio Estabilizado a Cliente) fue una medida de emergencia que se tomó en el contexto del estallido social frenando un alza de un poco más de 9% en las tarifas eléctricas.
El mecanismo hizo que las empresas eléctricas cobraran menos de lo que correspondía a cambio de la promesa de poder cobrar más en el futuro y recuperar la plata.
Esencialmente se decidió que cada uno de nosotros iba a tomar un préstamo con las empresas eléctricas. No se nos otorgó la opción de no tomar el préstamo y no se explicó la tasa de interés implícita en el mecanismo.
La ley 21.472 de agosto de 2022 conocida como ley PEC II y dictada a pocos días del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, extendió y profundizó esta política. Como resultado de ello, a la fecha, según cálculos disponibles, debemos US$6 mil millones a las empresas eléctricas.
Ahora, a pocos días de que se produzcan las alzas de precios aplazadas, los mismos políticos que aprobaron estas leyes se desentendieron de ellas y exigieron medidas mitigadoras.
Al momento de escribir esta columna se está fomentando la postulación de familias a un subsidio eléctrico focalizado en las familias de registro social de hogares que pertenezcan a los cuatro primeros deciles. Veremos cómo evoluciona el tema. Sea como sea, el tema de las leyes PEC ha sido muy revelador de la disfuncionalidad de nuestro sistema político.
Primero, revela el entusiasmo por tratar de pasar gato por liebre, generando un beneficio social (en este caso, tarifas estabilizadas) sin decirle a la gente que ellos mismos terminarán pagando (mayores tarifas en el futuro).
Esto está muy emparentado con lo que se trató de hacer con los retiros de los fondos de pensiones: hacer sentir a las personas que se les está ayudando, haciéndose el leso con el pequeño detalle que ellos mismos lo están financiando. Eso no está bien.
Segundo, revela la irresponsabilidad de una clase política que sistemáticamente le saca el poto a la jeringa y deja cualquier problema importante para última hora. Y cómo lo abordan apurados, terminan legislando al lote y mal. Esto está claramente emparentado con lo que ocurrió con la ley corta de Isapres. Eso no está bien.
Tercero, revela lo pernicioso que es que le salga gratis a parlamentarios hacerse los lesos con lo que votaron. Esto ocurre, en algunos casos, porque no entienden lo que votaron, en otros porque simplemente no leyeron lo que votaron y en otros porque saben que nunca les van a cobrar lo que hicieron porque no hay, en Chile, una ética política de responsabilidad (lo que el gringerío llama accountability). Como sea, es intolerable.
Cuarto, revela la ignorancia de algunos que genuinamente creen que la fórmula para enfrentar alzas de precios es fijarlos por ley y no enfrentar las causas de fondo y las dinámicas de costos que están causando la carestía. Esto está emparentado con los demagogos de turno que siempre andan por ahí tratando de hacerse los lindos proponiendo eliminar la UF.
Es como que casi un siglo de experiencias fallidas en fijación de precios no les hubiera enseñado nada. Y, como si eso fuera poco, está el rol que estas políticas insostenibles jugaron en la implosión del sistema político argentino y su postración actual frente al populismo anarcocapitalista. Esto no está bien.
