Si en una excavación de Metro se encuentra el esqueleto de un dinosaurio o vestigios de una civilización de más de 1000 años, el 100% de las personas es capaz de entender su valor arqueológico.
Si por otra parte están paralizando inversiones millonarias por monedas antiguas y hasta juguetes sólo por tener más de 50 años, es un despropósito que no tiene ningún sentido. Un artículo de El Diario Financiero detalla:
El término “permisología” se ha vuelto una bandera de lucha para gremios y empresas, que han identificado las largas tramitaciones de los permisos ambientales como una de las principales trabas para la inversión en Chile. Dentro de eso, las obras paralizadas por hallazgos arqueológicos se han convertido en el principal blanco de críticas. Casos como el del Hospital del Salvador, que se inaugurará con al menos seis años de atraso, y las detenciones en las excavaciones de las nuevas líneas del Metro se han transformado en emblemas de esta discusión.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha puesto sus ojos en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el organismo que está encargado de visar los permisos para cualquier excavación que se vaya a hacer en un proyecto.
En distintos informes, la CNEP ha dado cuenta de casos que se tramitan en 300 días hábiles, muy por encima de los 60 días hábiles que otorga el plazo normativo, y de una brecha importante en recursos humanos, con “10 funcionarios que procesan anualmente más de 1.000 solicitudes”. Además, la entidad criticó el alto nivel de centralización, que dificulta la agilidad en los procesos al no poder delegar competencias a instancias regionales.
La presidenta del Colegio de Arqueólogos (CAARCH), Verónica Baeza, enfatiza que estas demoras también los afectan. “Para los arqueólogos que hacemos las asesorías a las empresas es un tremendo problema porque, por ejemplo, sin una respuesta del Consejo, una empresa no te cursa un estado de pago. Eso te deja a ti y a las personas que trabajaron en un rescate sin ingresos. Hay arqueólogos que han quebrado gracias a las solicitudes, que nunca más han podido trabajar por lo mal que han quedado frente a las empresas por estas demoras eternas”, dice.
El CMN se divide en un grupo de 23 consejeros, que representan a distintas organizaciones ligadas a diversos ámbitos patrimoniales, además de una Secretaría Técnica que depende del Gobierno. El Consejo queda presidido por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, cargo que hoy ocupa Carolina Pérez (FA).
Para Baeza, el principal problema es que la Secretaría Técnica ha aplicado el sistema de una manera “extremadamente rígida. Se ha implementado como que las etapas de la evaluación arqueológica en el ámbito aplicado tuvieran que seguir siempre una serie de eslabones concatenados y como que uno no se pudiera saltar alguno. Lo que nosotros decimos es que en realidad las metodologías deberían corresponderse con las realidades que uno va a investigar. Es distinto trabajar en el Norte Grande a la Zona Central o Magallanes”.
El Consejo de Monumentos Nacionales tiende a reunirse una o dos veces al mes. La CNEP planteó que “no parece apropiado que un organismo que recibe el tercer mayor volumen de solicitudes de permisos en el país sólo pueda concederlos a través de acuerdos adoptados con una frecuencia baja, llegando a celebrar reuniones mensuales”.
Las sugerencias que hacen los arqueólogos consultados para este artículo no distan mucho de las que hace la CNEP. María Olga Lagos, arqueóloga especialista en análisis cerámico y gerenta general de la consultora Nómade Sur, en relación a los extensos plazos, plantea que “de partida podríamos pensar en un sistema menos centralizado, un poco más independiente en regiones, en que no todo tenga que pasar por Santiago, eso descongestionaría bastante el flujo (…) También, de alguna manera, agilizar las sesiones con más personal”.
En ese sentido, cree que también hay responsabilidad dentro de los propios arqueólogos: “Hay colegas que van a ver un sitio y van a proponer altiro la mayor cantidad de unidades, cuando de repente no es tan necesario. A veces se pueden proponer menos y en la medida que efectivamente hay un sitio arqueológico, intensificar la cantidad de excavaciones, pero en otros casos no es necesario”.
La presidenta del CAARCH, en esa misma línea, cree que los arqueólogos deberían ser capaces de identificar en los proyectos en que están trabajando si es que los objetos efectivamente tienen un valor patrimonial. “Por ejemplo, tienes al Metro o EFE y varios otros proyectos que se les ha triplicado el monto por lo arqueológico. Entonces, nosotros creemos que esa información se puede tener y se debe tener antes. Es un buen momento para que los ministerios o empresas definan si es viable el proyecto en esa zona”, estima.En ese punto, se abre un debate central en la discusión de la permisología. ¿Qué es arqueológico?
“Nadie te va a cuestionar la momia o los fragmentos de cerámica inca, aunque sean cuatro fragmentos”, dice Baeza, presidenta del gremio. Los problemas están cuando se trata de objetos que sirven para un tipo de arqueología que se denomina como “histórica”, una que busca “reconstituir lo social desde lo material, asumiendo que no hay otras fuentes a las que tú puedas recurrir”.
Hoy la ley define como arqueológico cualquier objeto de más de 50 años de antigüedad, criterio que ella también pone en duda. “El año pasado en una excavación que yo estaba supervisando encontraron una moneda, que era un escudo del año ‘74. El año pasado tenía 49 años, ¿ahora sería patrimonial?”, reflexiona.
En esa discusión, Rubio considera que, más allá del criterio de los 50 años, “quizás sería bueno hacer una distinción entre categorías de sitios arqueológicos (…) Imagínate estás en Francia y encuentras restos del Neandertal. No te pueden pedir que los excaves en dos semanas”.
