Un proyecto se puede aprobar o rechazar. Lo que no puede pasar son dos cosas: Que para tomar la decisión se demoren 5 años, y que se rechacen proyectos por razones ideológicas en vez de técnicas.
Chile necesita crecer, y para que eso ocurra necesitamos alejar la política de la toma de decisiones cuando se trate de proyectos de inversión. Porque si las decisiones las van a ser tomando octubritas marihuaneros, vamos directo a convertirnos en Venezuela. Un artículo de La Tercera detalla:
Hace tres días, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió parcialmente el recurso de reposición presentado por Colbún, pero mantuvo la decisión de terminar anticipadamente el proyecto “Central de Bombeo Paposo” en la región de Antofagasta. Ante esto, la empresa eléctrica, vinculada a la familia Matte, lanzó una fuerte crítica contra la autoridad ambiental. Posteriormente, la directora ejecutiva del SEA solicitó la renuncia del director regional de Antofagasta, Ramón Guajardo.
Según datos de la plataforma de búsqueda avanzada del SEA, desde 2010 hasta septiembre de 2024, la entidad ha suspendido la evaluación ambiental de 647 proyectos, que en conjunto representan una inversión de US$64.473 millones, debido a la falta de información suficiente para realizar un estudio adecuado. Solo en lo que va del año, 23 proyectos han sido clasificados con falta de información relevante o esencial (IRE), sumando un total de US$3.280 millones.
El proyecto que representa la mayor inversión sujeta a esta medida es la Central de Bombeo Paposo de Colbún. Le siguen el Parque Fotovoltaico Las Cunas, con una inversión de US$460 millones; la modificación del Proyecto Mina Los Colorados: Ajustes y Continuidad Operacional de la Compañía Minera del Pacífico, con US$343,8 millones; el Transporte de Ácido Sulfúrico y PLS de Transportes Consorcio San Antonio Ltda, con US$222,1 millones; el Proyecto Solar Fotovoltaico Guanay de PSF Guanay SpA, con US$160 millones; el Parque Fotovoltaico Tamarugal del Verano de Tamarugal del Verano SpA, con US$150 millones; y la Ampliación del Parque Eólico Camarico de Eólica de La Costa SpA, con US$119 millones.
EMPOBRECEDORES POR IDEOLOGÍA
En lo que va del año, el 48% de los proyectos cuya evaluación ambiental ha sido suspendida debido a una resolución IRE pertenece al sector energético. Los sectores de minería y saneamiento ambiental representan cada uno el 17%, y el 13% restante corresponde a otros sectores.
Sin embargo, los dos mayores proyectos que no fueron calificados entre 2010 y 2024 corresponden a Andes Green Energy SpA. El 18 de abril de 2017, la compañía sometió a evaluación el “Proyecto Electro Solar Tamarugal”, que consideraba una inversión de US$4.499 millones y que se ubicaría en la región de Tarapacá y consistía en una planta de ciclo combinado, con una central fotovoltaica capaz de generar 750 MW y una central termosolar con una capacidad de 350 MW, sumando en total una potencia de 1.100 MW. Posteriormente, el 19 de mayo de 2017, ingresó a tramitación el “Proyecto Fotoelectricidad El Loa”, con una inversión de US$6.499 millones, que planeaba instalar más de un millón de paneles solares de 310 watts cada uno en la región de Antofagasta.
Al mismo tiempo, Andes Green Energy S.A. ha intentado en cinco ocasiones obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para su proyecto fotovoltaico denominado “GHUNGNAM KCS” entre el 18 de marzo de 2020 y el 23 de agosto de 2021. El 5 de octubre de 2021, la oficina del SEA de Tarapacá puso término anticipado a la evaluación de la iniciativa. Entre las principales deficiencias se incluyeron inconsistencias en la descripción de las líneas de transmisión eléctrica, la duración de la fase de construcción, y la ausencia de un área de influencia clara en cuanto al impacto sobre comunidades indígenas y recursos naturales. Además, no se proporcionaron los antecedentes técnicos necesarios para descartar impactos significativos en los sistemas de vida de los grupos humanos y el patrimonio cultural. Estas omisiones hacían imposible continuar con el proceso de evaluación.
Otro proyecto que también reingresó es el de Engie Energía Chile, en la Región de Los Lagos, con una inversión de US$212 millones. Su primera evaluación ocurrió el 20 de octubre de 2021 y tuvo una resolución de “no calificado”. Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, volvió a someterse a evaluación.
El pasado 9 de agosto, Pablo Espinosa, representante legal de la compañía ante el SEA, envió una carta al director del SEA en Puerto Montt solicitando que “se extienda la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Loma Verde”. La suspensión solicitada culminará el 16 de diciembre de 2024, con el objetivo de responder a las solicitudes de información adicionales planteadas en el ICSARA por parte de la Conadi, DGA y los Ministerios de Salud y Medio Ambiente.
Otro proyecto de energía solar que reingresó, tras dos intentos fallidos, es el “Parque Fotovoltaico Llanos de Marañón”, ubicado en la Región de Atacama. El proyecto considera una inversión de US$372 millones y la utilización de un terreno de 825,7 hectáreas, abarcando parte de la ciudad de Vallenar y en menor medida de la comuna de Freirina. Se estima que tendrá una vida útil de 35 años.
El director del SEA de Atacama, José Escobar Serrano (s), resolvió ampliar el periodo de suspensión de evaluación hasta el 30 de abril de 2025 a petición del titular, debido a mayores requerimientos de información por el eventual impacto sobre comunidades indígenas.
