El desfalco al Estado realizado por Alberto Larraín con ProCultura es bastante simple de explicar: Se adjudicaba millonarios contratos con el Estado en todo Chile, con actividades fuera de su giro comercial y con un sospechoso abuso del trato directo.
Es imposible que Alberto Larraín no termine preso, lo que falta por dilucidar, es la participación del gobierno de Boric en estos desfalcos. Una reportaje de T13 detalla:
Anomalías en los registros de transferencias
La investigación del fiscal Carlos Palma, hoy suspendido y reemplazado por Patricio Cooper, identificó anomalías en los registros de transferencias de la fundación creada en 2010 y que anunció su cierre en noviembre del año pasado. La mayor cantidad de recursos que obtuvo ProCultura fue en el período de gobierno del Presidente Boric. Aumentó 10 veces sus ingresos por contratos con reparticiones públicas.
Esto quedó reflejado en un reporte enviado por el banco Santander a la fiscalía, dando cuenta de los movimientos de la fundación entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023.
Entre las anomalías detectadas estaban más de $77 millones girados al cofundador Alberto Larraín —que en los últimos años desarrolló nexos estrechos con el Frente Amplio (FA) y con el entonces diputado Gabriel Boric— y sobre $33 millones transferidos a la representante legal Constanza Gómez, sin constancia de emisión de boletas de honorarios u otro respaldo para los traspasos.
Subcontrataciones. Otra de las irregularidades identificadas fue la ejecución de terceros de los convenios, convirtiendo a ProCultura en un gestor que realizaba subcontrataciones.
Un ejemplo de esto es el convenio “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, encuentro binacional Ñuble”, suscrito entre el Gore del gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y la representante legal Constanza Gómez, por $268.100.000. Éste fue aprobado el 22 de agosto de 2022.
De acuerdo con la indagación, el gobernador pidió a la división de fomento e industrias contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto.
Oficialmente, sin embargo, el ejecutor del proyecto sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados.
El 17 noviembre de 2023 se dio término al programa y se solicitó el reintegro de los fondos.
Abuso del trato directo
La Contraloría General de la República ha establecido que las asignaciones directas deben ser de carácter excepcional, lo que no ocurrió en el Caso ProCultura y, más generalmente, en el Caso Convenios.
Un ejemplo de esto ocurrió en Antofagasta, cuando el Gobierno Regional (Gore) encabezado por el gobernador Ricardo Díaz aprobó el 3 de noviembre de 2022 el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”, por $629.815.000.
El medio regional Timeline, que en 2023 destapó el Caso Democracia Viva que dio origen al Caso Convenios en todo el país, detalló que se trataban de tres fachadas del casco histórico de la ciudad. La fundación precisó entonces que el convenio implicaba también la contratación y capacitación de trabajadores.
En medio de los cuestionamientos del caso, el gobernador puso término anticipado al contrato el 20 de septiembre de 2023.
Actividades fuera de su giro
El giro de ProCultura en el Servicio de Impuestos Internos (SII) era “venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros; otros tipos de enseñanza; fundaciones y corporaciones, y asociaciones que promueven actividades culturales”. La mayoría de los convenios que suscribía se alejaban, sin embargo, de esa descripción.
Un ejemplo de esto es el convenio “Diagnóstico territorial integrado para la ejecución de proyectos de inversión y equipamiento comunitario” aprobado entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda del Biobío y Procultura el 27 de mayo de 2021, por $48.675.000.
Vínculos con funcionarios y exfuncionarios y platas políticas
El eventual desvió de recursos a campañas políticas fue indagado, por ejemplo, en los convenios en la Región de Valparaíso. Allí se siguió el rastro de Sebastián Balbontín, exconsejero del Consejo Regional de Valparaíso y hoy candidato a alcalde de Limache por el FA, quien participó con Alberto Larraín de reuniones para suscribir un convenio con la Seremi de Vivienda.
De acuerdo con la indagación, cuando fue candidato a Core de Limache en 2021 tuvo como encargada de redes sociales a Catalina Rengifo, que entre abril de 2022 y diciembre de 2023 fue coordinadora territorial regional de ProCultura.
En período de ambas campañas Larraín trasfirió $4.175.000 a Rengifo, desde su cuenta, establecieron las pesquisas. A esto se sumaron transferencias de Larraín a Balbontín por $22 millones entre julio de 2022 y noviembre de 2023.
Disparo en los contratos
ProCultura aumentó en más de 10 veces sus ingresos por reparticiones públicas entre 2021 y 2022, año en que asumió el Presidente Boric. Pasó de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
ProCultura: convenios se disparan 10 veces en actual gobierno #ReportajesT13
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— T13 (@T13) October 15, 2024
