El desfalco al Estado realizado por Alberto Larraín con Procultura debe ser uno de los más ordinarios e indecentes de la historia.
A modo de resumen, si el Estado habría una licitación en cualquier parte de Chile, SIEMPRE se las adjudicaban ellos sean asesorías psicológicas, pintar muros o mantener iglesias. Por supuesto, Larraín no ganaba estas licitaciones de pura suerte, si no que utilizaba a todos sus contactos políticos.
De más está decir que ellos no hacían NINGÚN trabajo que licitaban, si no que contrataban a empresas especialistas por una fracción de dinero y ellos se quedaban con el resto. Una nota de Radio ADN señala:
Este miércoles y jueves, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo en el marco del Caso Convenios, en específico, centrado en la artista que involucra a la Fundación ProCultura.
El allanamiento a 14 domicilios en Santiago y Concepción incluyó la residencia de Alberto Larraín, cofundador de la ONG, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con la administración de la entidad.
Los detectives lograron recuperar servidores que se creían desaparecidos, así como incautar el celular y computadores de Larraín, los cuales son cruciales para la indagatoria.
“Se realizaron diligencias planificadas desde hace varias semanas, buscando evidencias relacionadas con el uso indebido de recursos y posibles delitos financieros”, indicó el teniente coronel a cargo del operativo.
Las pesquisas han revelado que la Fundación ProCultura es objeto de una investigación que abarca ocho regiones del país, involucrando a su cúpula directiva, incluidos contadores y personal operativo.
Ambos investigados, Larraín y Gómez, han optado por guardar silencio en sus declaraciones, mientras que se han presentado discrepancias en su defensa.
