Que millonarias inversiones estén siendo paralizadas por tapas de bebidas u hojas de diarios antiguos demuestra que el país no tiene el más mínimo futuro.
Lo peor de todo, es que el proceso para determinar si algo es de valor o no no se demora un par de días como señalaría la lógico, si no que se demora MESES, ya que como existe todo un negocio detrás de estos “hallazgos” obligan a realizar cientos de nuevas excavaciones que no estaban contempladas encareciendo las inversiones.
Si este absurdo no se arregle pronto, es evidente nadie querrá invertir en Chile y nos convertiremos en un país pobre y subdesarrollado por culpa de “hallazgos” cuyo destino es terminar en la basura. Un artículo de Ex Ante detalla:
Una tapa de Coca-Cola detuvo por meses una construcción y el hallazgo de fragmentos de tazas paralizaron al Hospital del Salvador por cuatro años. Lo mismo sucedió con una empresa que descubrió una hoja de un diario de Copiapó de los años 50 mientras trabajaba en un proyecto en Atacama.
Estos son sólo algunas de las situaciones que han retrasado el avance de proyectos clave. En las líneas 3 y 6 del Metro, se encontraron piedras de cuarzo y otros objetos menores lo que incrementó los costos en US$ 57 millones, afectando gravemente la ejecución y los plazos de entrega. Estos son solo algunos de los ejemplos que se mencionaron en un seminario organizado por la U. de Chile sobre las tensiones entre progreso económico y la protección patrimonial.
La tramitación de proyectos de inversión en Chile enfrenta serios desafíos cuando aparecen hallazgos arqueológicos durante las obras. La actual normativa obliga a paralizar inmediatamente cualquier proyecto hasta que se determine el valor del descubrimiento, lo que puede provocar retrasos prolongados y costos elevados, afectando tanto a las empresas como a la ciudadanía.
La ley vigente no distingue adecuadamente entre un hallazgo menor y un descubrimiento significativo, como una momia o vestigios incaicos. Esta falta de diferenciación genera una burocracia lenta y costosa. José de Gregorio, decano de la FEN, expresó que hoy en Chile “una tapa de Coca-Cola o una momia pueden detener un proyecto”. La clave, según De Gregorio, es evaluar correctamente el costo y el beneficio de postergar proyectos importantes, como una línea de metro en sectores vulnerables, donde el retraso afecta a miles de personas.
El empresario Juan Carlos Latorre, uno de los asistentes al seminario, compartió un caso real de un proyecto de 10 hectáreas que se paralizó por meses solo para asignar a un contratista. El proceso fue aún más largo porque la secretaria responsable del trámite en el Consejo de Monumentos Nacionales estaba con licencia por maternidad y hubo que esperarla.
Una vez asignado el contratista, se solicitó hacer 400 excavaciones en busca de posibles hallazgos. Tras seis meses y un costo elevado, no se encontró nada significativo, pero el contratista propuso duplicar las excavaciones en la hectárea siguiente “por si acaso”. Esta discrecionalidad sin arbitraje genera una parálisis que no se ajusta a los tiempos y costos de los proyectos y eleva finalmente el valor que terminarán pagando las personas que comprarán la obra.
“Lo más grave es que el proceso es completamente unilateral, sin arbitraje ni posibilidad de reclamo. Estamos a merced de un pequeño grupo de contratistas, que aunque probablemente sean de buen nivel, la estructura está desarticulada”, señala.
Louis de Grange, ex presidente del Metro de Santiago, explicó los sobrecostos asociados a los hallazgos arqueológicos en las líneas del Metro.
Uno de los ejemplos más concretos que De Grange mencionó en relación a la paralización de proyectos fue el caso de la línea 3 del Metro, donde un joven arqueólogo detuvo una faena por tres meses al encontrar un pequeño cuarzo en una zona donde no se esperaba hallar ese mineral. Esta simple piedra desencadenó la elaboración de una tesis sobre el desarrollo cultural en la zona, a pesar de que el impacto de dicho hallazgo era mínimo para el proyecto en cuestión.
De Grange también destacó el caso de la línea 7, que sufrió retrasos de hasta dos años debido a hallazgos arqueológicos. Mencionó que estos retrasos no solo causaron problemas logísticos, sino que también representaron un sobrecosto de US$57 millones adicionales debido a los procedimientos asociados con la preservación arqueológica. Estos retrasos, además del costo financiero, generan un impacto social significativo, especialmente en las personas que dependen del transporte público para su vida diaria.
Otro ejemplo concreto fue el proyecto de la estación Baquedano. Aunque se alcanzó un acuerdo con las comunidades locales para modificar el acceso de la estación, luego se exigió un nuevo estudio de impacto ambiental, a pesar de haber sido parte del acuerdo original con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este tipo de cambios no planificados y decisiones discrecionales han generado demoras innecesarias, afectando directamente el desarrollo de proyectos clave para la ciudad.
